Las esterilizaciones de la era Fujimori siguen impunes en Perú

La última vez que Perú se presentó ante el Comité de derechos humanos de Naciones Unidas, en 2000, el país salía de ocho años del régimen autoritario de Alberto Fujimori. En noviembre de 2000, el Comité expresó su preocupación por las “denuncias recibidas sobre esterilizaciones involuntarias, particularmente de mujeres indígenas en zonas rurales y de mujeres de los sectores sociales más vulnerables”. Doce años después, la misma instancia vuelve a llamar la atención sobre el tema por la falta de sanciones a los responsables de esa política de control natal aplicada durante el gobierno de Fujimori y de resultados en la investigación.

“Pese al significativo número de años que han pasado, las víctimas aún no han recibido reparaciones y los perpetradores no han sido sancionados”, señala en sus conclusiones el comité que evaluó el desempeño de Perú como Estado parte del Pacto de Derechos Sociales y Políticos. El documento fue difundido el jueves 28 en Ginebra.

En 2011, durante la campaña electoral presidencial, el recuerdo de los casos de esterilizaciones forzadas minó la candidatura de Keiko Fujimori, hija del ex presidente que cumple una condena de 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad.

Las investigaciones fiscales acerca de las esterilizaciones forzadas se reabrieron en 2012, aunque ONG alertaron que si el Estado no provee presupuesto y personal, las denuncias se archivarán como en el pasado. Los expertos de la ONU se han pronunciado en el mismo sentido. “El Comité urge al Estado parte a agilizar la investigación: disponer suficientes recursos económicos, humanos y técnicos (…) y asegurar que todas las víctimas reciban formas adecuadas de reparación sin más dilaciones”.

Perú presentó a la ONU, en septiembre de 2011, su quinto informe como Estado parte del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, aunque debió haberlo depositado en octubre de 2003. El año pasado, recibió preguntas específicas del comité de expertos en Ginebra y fue convocado al examen periódico en Ginebra. Estas audiencias del examen se realizaron el 19 y 20 de marzo, tras lo cual, el comité de expertos elaboró sus conclusiones.

Entre otras recomendaciones, el Comité indica que el Estado peruano debe asegurar la aplicación de un protocolo nacional de aborto terapéutico ya aprobado. “En otros países de América Latina, el aborto terapéutico es formalmente ilegal, pero en Perú es formalmente legal y no está adecuadamente implementado. Nosotros debemos enfatizar en la protección de la vida y la salud de las mujeres; en ese sentido es un problema más serio”, comentó a este diario Gerald Neuman, uno de los expertos del Comité, y catedrático en Harvard de Derecho Internacional y Derecho Comparado. “Cierta cantidad de problemas de Perú acerca de los derechos humanos se debe a que las normas dicen cosas coherentes con las obligaciones internacionales, pero fracasa en la implementación efectiva de la ley en la realidad, y no cumple, entonces, con su obligación”, añade Neuman.

El experto estadounidense también destacó que al Comité de la ONU le preocupa “la frecuencia con la que declara el Estado de emergencia, sin justificación, para lidiar con protestas pequeñas y locales”, dado que en esas circunstancias ha habido excesos en el uso de la fuerza por parte de los militares y la policía. “Esas violaciones de derechos humanos no están siendo investigadas ni sancionadas”, agregó por teléfono.

Al igual que Neuman, el abogado argentino y miembro del comité Fabián Salvioli, remarcó el riesgo que plantean los decretos 1064 y 1065 que autorizan la intervención de las Fuerzas Armadas ante un ‘grupo hostil’. “En dichas normas encontramos una posible incompatibilidad con el pacto, pues la definición de ‘grupo hostil’ puede incluso aplicarse a personas con piedras o palos, que no merezcan ese uso de la fuerza”.

Las conclusiones del comité también aluden a secuelas del conflicto armado interno y la lucha contra el grupo terrorista Sendero Luminoso entre 1980 y 2000. La instancia lamenta la falta de cooperación del ministerio de Defensa y las fuerzas armadas a la hora de entregar información.