La Comisión Europea ha recomendado dar dos años más a España para corregir su déficit excesivo en 2016 "a más tardar"
y ha pedido al Gobierno que aplique las medidas adoptadas en los planes
presupuestarios de este año "a todos los niveles" y que "refuerce" su
estrategia a medio plazo "con medidas estructurales suficientemente
específicas para el periodo 2014-2016".
La nueva senda de reducción del déficit propuesta para España fija el objetivo en el 6,5% del PIB para este año (frente al 6,3% que pedía el Gobierno); en el 5,8% en 2014; el 4,2$ en 2015; y el 2,8% en 2016.
La Comisión advierte a España que la corrección duradera de sus
desequilibrios presupuestarios "requiere la aplicación creíble de
ambiciosas reformas estructurales que aumenten la capacidad de ajuste e
impulsen el crecimiento potencial".
En este sentido, Bruselas pide varias acciones concretas, y como
novedad establece las fechas precisas para hacerlo. Por ejemplo, reclama
establecer un organismo presupuestario independiente antes de finales
de 2013, "mejorar la eficiencia y la calidad del gasto público" en todos los niveles de la administración" y "llevar a cabo un examen sistemático de las mayores partidas de gasto en marzo de 2014 a más tardar".
El Gobierno debe "aprobar, con arreglo al calendario presentado, la reforma de la administración local" y elaborar en octubre de este año un plan de aumento de la eficiencia en toda la administración pública y del sistema judicial.
También pide racionalizar el gasto sanitario,
manteniendo la accesibilidad de los grupos más vulnerables, mediante la
reducción del gasto farmacéutico de los hospitales y mejorando los
incentivos a favor de un uso eficiente de los recursos.
Bruselas también pide revisar el sistema tributario para marzo de 2014;
considerar una mayor limitación del gasto fiscal relativo a la
imposición directa y "explorar el margen existente para una mayor
limitación de la aplicación de tipos de IVA reducidos".
En lo que respecta a las pensiones, solicita "culminar al final de 2013 la regulación del factor de sostenibilidad,
a fin de garantizar la estabilidad financiera a largo plazo del sistema
de pensiones, estableciendo entre otras cosas, que la edad de
jubilación vaya aumentando en función del aumento de la esperanza de
vida".
Para julio de este año la Comisión pide al Gobierno que finalice la evaluación de la reforma del mercado laboral y exige que realice "rápidamente" una reforma de las políticas activas de empleo, "orientadas a la consecución de resultados". Reclama además "poner totalmente en funcionamiento el portal único de empleo", "reducir el abandono escolar prematuro" y "potenciar la educación permanente". También habla de "garantías de trabajo" para los más jóvenes.
La lista de nueve recomendación también incluye una mención a la necesaria labor del Gobierno para "reducir el número de personas con riesgo de pobreza o marginación social" y aumentar la empleabilidad de las personas con menor acceso al mercado laboral.
La Comisión sigue: es necesario "aprobar y aplicar urgentemente la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado",
reducir el número de procedimientos de concesión de licencias y
hacerlos más cortos. Pide además, "examinar los marcos de insolvencia
para las empresas y particulares, entre otras maneras limitando la
responsabilidad personal de los empresarios y facilitando las segundas
oportunidades para las empresas que hayan quebrado". También reclama
eliminar las restricciones "injustificables" al establecimiento de
grandes locales minoristas.
En cuanto al mercado energético, antes de final de 2013 el Gobierno tendrá que "abordar el déficit de tarifa eléctrica adoptando y aplicando una reforma estructural del sector de la electricidad".
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