El aeropuerto de Castellón necesita inversiones por un mínimo de tres millones de euros antes de poder recibir todas las autorizaciones y permisos que necesita para abrir. Así se establece en el pliego de condiciones publicado ayer por la Generalitat valenciana para licitar la explotación y mantenimiento de las instalaciones. El Consell ha previsto pagar 25 millones de euros para la gestión del aeropuerto durante los próximos 20 años. Pero para que puedan llegar los aviones, el adjudicatario todavía deberá finalizar la tramitación de la documentación necesaria para que la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) certifique que el aeropuerto cumple con todos los requisitos. También faltan equipamientos y material como líneas de comunicación, equipos informáticos, instalación de software, etc. cuyo coste se ha estimado en tres millones de euros. Es el desembolso que el Gobierno valenciano ha fijado como necesario para que la instalación de Vilanova d’Alcolea obtenga todos los permisos.
El Consell ha establecido en este pliego que será el adjudicatario de la explotación quien se haga cargo este nuevo coste. La empresa pública Aerocas asumirá los sobrecostes que se generen en estos trabajos previos “siempre que se acredite haber realizado fehacientemente la inversión prevista de 3 miliones”. Así como los 25 millones de la licitación anunciados meses atrás por el presidente de Aerocas, José Ciscar.
Cuando Carlos Fabra inauguró el aeropuerto en marzo de 2011 todavía no se había iniciado el trámite para su certificación. El plazo previsto para obtener todos los permisos era de seis meses pero la deficiente documentación presentada por la exconcesionaria y la necesidad de realizar nuevas obras como la ampliación de la pista ha hecho que este proceso esté aún sin finalizar. La licitación establece que la empresa que quiera optar a explotar el aeródromo tendrá cinco meses y medio para finalizar este proceso.
Era la exconcesionaria (Conaer) la que debía hacerse cargo de la certificación del aeropuerto. La sentencia sobre el pleito que condenó a Aerocas a pagar 120 millones por la obra plasmó la desidia de Conaer. La empresa pública habló de sus “incumplimientos” no solo por las obras que dejó sin hacer, sino porque “no cumplió” debidamente con sus “obligaciones documentales” relativas a la certificación, entre otras cosas. Aesa requirió en varias ocasiones a la exconcesionaria que entregara la documentación correctamente puesto que la aportada era “muy pobre” y se había presentado con errores. De hecho, Conaer plantó a Aerocas cuando, dos meses antes de la inauguración, la empresa pública les citó para que les entregaran todos los informes y el estado de la tramitación.
Aerocas tampoco ha finalizado con este proceso desde que decidió romper relaciones con la exconcesionaria. Ciscar reconoció este verano, cuando anunció que licitaría la explotación, que este proceso estaba al 90%. Los cinco meses y medio previstos para ello hacen que, como mínimo, la infraestructura no pueda abrir hasta junio de 2014.
La segunda fase del contrato (de 20 años de duración) es la de explotación del aeropuerto. En el pliego se establece que Aerocas asumirá los costes de elementos estructurales como, por ejemplo, las reparaciones en la terminal. Por su parte, los aspirantes deberán elegir entre dos formas de cobro. Realizar una “estimación” de pasajeros y fijar un canon cuando no se llegue al hito de 360.000 (con un máximo de 4,5 millones al año y 25 en total), de forma que el Consell pagará por cada pasajero de menos y según la estimación, no sobre la cifra real de viajeros. La otra opción es optar por cobrar hasta un máximo de 25 millones en diez años, independientemente del tráfico.
El Consell optó por licitar la explotación del aeropuerto de Castellón este verano después de fracasar el intento de venta y tras encargar una nueva auditoría sobre su viabilidad.
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