La campaña de las autoridades sanitarias de Inglaterra y Gales de
implantar contraceptivos a niñas de entre 13 y 16 años sin necesidad de
que haya consentimiento paterno es muy polémica, pero parece que está
dando resultados. La tasa de embarazos juveniles en Bristol, de las más
altas del país, ha caído a la que se registraba en 1969. Según el diario
The Telegraph,
un total de 22 niñas de 13 años han recibido un implante contraceptivo
en la escuela sin necesidad de informar a sus padres. En total, 900
niñas de entre 13 y 16 años han recibido tratamiento contraceptivo en
las escuelas y 7.400 en ambulatorios de la Seguridad Social en las seis
zonas del país en las que se ha puesto en marcha el programa.
Poner la contracepción al alcance de jóvenes menores de 16 años sin
que lo sepa la familia es perfectamente legal en Inglaterra y Gales. La
contracepción está considerada un tratamiento sanitario, y la ley
contempla desde 1969 el derecho de los ciudadanos con uso de razón a
decidir qué tratamientos aceptan o rechazan.
Ese derecho incluye a los menores de 16 años que demuestran tener la
madurez suficiente para tomar decisiones sobre sí mismos. Ese derecho
quedó consagrado en una sentencia de 1985 de la Cámara de los Lores, que
era entonces la máxima instancia judicial. Aquella sentencia dio lugar a
la llamada “competencia Gillick” porque una mujer, Victoria Gillick,
denunció a las autoridades sanitarias porque a su juicio era ella, y no
su hija, quien debía decidir si la niña podía o no utilizar
contraceptivos. Gillick perdió el caso, que desde entonces quedó
vinculado a su nombre.
La sentencia iba más allá del tema concreto de la contracepción y
consagró el concepto de la “madurez suficiente” como requisito para que
un niño mayor de 13 años tome sus propias decisiones. Las directrices
generales emitidas por las autoridades sanitarias sobre de quién depende
el consentimiento para proceder a un tratamiento incorporan ese
principio. Se limita a considerar preferible que se involucre también a
la familia en el caso de jóvenes de 16 y 17 años, pero deja en manos de
estos la última palabra.
En el caso de los jóvenes menores de 16 años que se enfrentan en
concreto a la decisión de seguir o no un tratamiento contraceptivo, las
directrices señalan que “el profesional de la sanidad debe intentar
convencer al niño de que informe a sus padres o permitir al profesional
médico que lo haga”. “Sin embargo, si el niño no puede ser convencido se
tiene que seguir dando consejo y/o tratamiento si el profesional de la
sanidad cree que es muy probable que el niño vaya a empezar o a seguir
teniendo relaciones sexuales con o sin consejo o tratamiento y que, a
menos que reciba consejo o tratamiento, es posible que el niño vaya a
tener problemas de salud físicos o mentales”, añade el texto.
El Ministerio de Sanidad puso en marcha en 2009 una campaña de
contracepción en escuelas de seis zonas del país (otras tres rechazaron
la invitación). Según los datos del Telegraph, esta ha sido
especialmente activa en Bristol, históricamente la ciudad con la tasa
más alta de embarazos juveniles. Allí, niñas de entre 13 y 16 años se
han sometido en 430 ocasiones a tratamientos contraceptivos en 16
colegios en dos años. De ellas, hay 19 casos de niñas de 13 años, 129 de
14 años, 190 de 15 años y 92 de 16 años. En Bristol, la tasa de
embarazos juveniles ha caído a las tasas que se daban en 1969, aunque
sigue siendo el doble de las que se dan en Francia y Alemania y cinco
veces más alta que en Holanda.
Los sistemas utilizados son jarabes, inyecciones o implantes que se
insertan en el brazo. Los tratamientos se realizan a la hora del recreo.
No está claro en cuántos casos el tratamiento se realizó sin que los
familiares de las niñas hubieran sido informados o consultados.
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