Si una persona pone los pies en el asiento de los ferrocarriles, usted puede denunciarlo de forma anónima. Si tira una colilla por la ventana, también puede comunicárselo a los Mossos d’Esquadra. Si alguien le irrita con la música ambulante, puede asimismo avisar a las autoridades. Si se trata de un mendigo que pide limosna en el vagón de un tren, no lo dude, también puede presentar su queja. Si sospecha que una familia ha matriculado a su hijo en un centro que no le toca, puede delatarla, e incluso solicitar a la escuela que le faciliten sus datos para comprobar sus sospechas.
Hasta ahora, siempre había sido posible llevar al vecino a los tribunales en todo tipo de disputas. Pero ahora se suma el estímulo de la Generalitat, que anima a hacerlo e incluso crea aplicaciones y da facilidades a los ciudadanos para denunciar a otros ciudadanos supuestamente incívicos o piratas. El último caso que ha levantado ampollas es una circular del Departamento de Enseñanza que permite que los padres que sospechen de una inscripción fraudulenta puedan acceder a los datos de esa familia: nombre, apellidos y domicilio.
“El civismo es innegociable, pero lo que no puede ser es que ante la impotencia de la Administración se llame a los ciudadanos a hacer su tarea”, lamentó el catedrático en Derecho Penal de la Universidad de Barcelona Joan Queralt. “La Administración que haga lo que tiene que hacer, y los padres haremos lo que tenemos que hacer. Aquí cada uno tiene su tarea y la nuestra no es la de hacer de policía”, se sumó ayer el presidente de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Cataluña (Fapac), Álex Castillo, en declaraciones a Efe. La Asociación por la Transparencia en la Preinscripción Escolar, en cambio, aplaudió la medida.
Enseñanza esgrime que hasta ahora ya era posible denunciar este tipo de comportamientos. Los afectados acudían a las oficinas de escolarización, que a través de los Ayuntamientos comprobaban el padrón, hecho que siempre ha ocasionado muchas quejas y que, precisamente, acabó ante el síndic de greuges, Rafael Ribó, que se posicionó a favor de la transparencia de datos de la Administración.
“Pero el responsable de subsanar el posible fraude no es la familia. La que tiene que comprobar esos datos y ver si se ha cometido alguna infracción es la Administración”, matizó Ribó, que apuntó, sin embargo, que con “la ley en la mano” todo el mundo debe tener acceso a los expedientes que le afecten. “Aunque quien tiene que velar por el buen funcionamiento no es la familia”, recalcó.
“Es muy peligrosa esta cultura de la delación promulgada por el Gobierno de CiU”, añadió el líder municipal de ICV-EUiA en Barcelona, Ricard Gomà, que le atribuyó un intento de “poder justificar los recortes en derechos personales y civiles”. Gomà fue más allá cuando se refirió a la polémica aplicación creada por Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) que permite advertir de 11 tipos de comportamientos “incívicos” en los trenes, entre ellos, pedir limosna. “Raya el fascismo”, defendió.
“El propio departamento es el que anima a recrear una sociedad orwelliana, que nos ataquemos entre nosotros”, criticó Miquel Rubio, que ha creado una plataforma contra de aplicación.
La aplicación de Ferrocarrils funciona desde el pasado 26 de julio. Rubio creó su plataforma en contra el 6 de agosto. “A la una y media de la madrugada”, apunta. Ayer Rubio había recibido ya 10.669 adhesiones. Cada una de estas denuncias se traduce en un correo electrónico que se envía a las direcciones de prensa de Ferrocarrils y al Síndic de Greuges, según explicó ayer. Ribó no ha tomado ninguna medida.
“Me indigna \[la aplicación\] porque ataca a la gente más desfavorecida y porque parte la sociedad en dos y nos anima a enfrentarnos”, añadió. Rubio, estudiante de 28 años de Educación Social en la UOC y autor de un libro sobre la materia que presentará en octubre, no tiene demasiada fe en que Ferrocarrils retire la aplicación. “Hoy mismo \[por ayer\], su presidente, Enric Ticó, alardeaba en Twitter de lo bien que funciona”, lamentó.
“Va muy bien la aplicación de #FGC para avisos de incivismo. Los usuarios la utilizan, los medios hablan positivamente. La ideó un usuario”, escribió ayer en su cuenta en la red social. Este diario recabó ayer, sin éxito, la versión de FGC sobre la polémica aplicación. Sólo los cinco primeros días, la red de trenes recibió un centenar de denuncias.
No se le puede endosar a la ciudadanía funciones que son de Interior o de Enseñanza”, criticó el diputado del PSC Dani Font. “El Gobierno no puede dimitir de sus responsabilidades, pero está bien apelar a la responsabilidad ciudadana”, opinó una portavoz de ERC. Para los consultados, la página web de los Mossos que animaba a delatar a las personas en actitud incívica que salían en las imágenes de la policía supone el inicio de la llamada a la sociedad a denunciarse. Interior siempre ha esgrimido que buscan la “colaboración”, no la delación, ciudadana.
“En lugar de hablar con los distintos sectores sociales, se piden fotografías de quienes tiran colillas”, lamentó del diputado de ICV-EUiA Jaume Bosch. Con todo, el portavoz de CC OO en la policía catalana, Toni Castejón, defendió las bondades de la “colaboración”. “Cualquier información de hechos delictivos que nos llegue es positiva”, dijo. “Lo que no vemos bien es que se pida más implicación, como en el tema de los somatenes”, ahondó, en referencia a las patrullas de payeses en los campos de Lleida. Tampoco ve clara la denuncia contra quienes tiren colillas: “Es complicado, y acabará siendo la palabra de uno contra otro. Quien la ponga, lo hará una vez y no más”.
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