Con las plataformas de afectados por las preferentes sulfuradas tras
el anuncio de que la quita que el FROB prevé para sus ahorros será del
43% de media, la Xunta se agarra todavía al arbitraje para tratar de
calmar las aguas y que la presión de las plataformas de afectados no
llegue al estallido. “La Administración autonómica seguirá trabajando en
defensa de las familias que fueron engañadas, instando a la entidad
bancaria a continuar aceptando casos para que puedan ser solucionados
por la vía del arbitraje”, repitió en un comunicado el Gobierno autónomo
tras conocerse el recorte. Las plataformas no se conforman y anuncian
que seguirán acudiendo a protestar allí donde estén Alberto Núñez Feijóo
y los demás responsables del PP gallego. Hoy será en Silleda, adonde el
partido trasladó a última hora su congreso provincial, previsto
inicialmente en Pontevedra, ante el anuncio de que allí pensaban
confluir afectados de toda Galicia.
La Xunta se refugia en los algo menos de 15.000 laudos arbitrales
favorables emitidos desde julio del año pasado como garantía de su
compromiso, pero los afectados reniegan. De entrada, no acaban de
conseguir que el Novagalicia Banco les revele qué criterios ha seguido
exactamente para aceptar las solicitudes y todavía duele el parón que
sufrieron los laudos tras las elecciones autonómicas de octubre. Una
semana después de los comicios, NGB había aceptado 9.000 peticiones.
Entonces habían pasado apenas tres meses desde el inicio de los
procedimientos de arbitraje, publicitados a bombo y platillo como la
solución definitiva. Casi cinco meses tras esa fecha el banco ha
tramitado, a un ritmo sensiblemente más lento, 5.500 solicitudes más de
las 56.000 que Luis de Guindos dijo ayer que hay registradas en total.
Es decir, que de los 75.000 afectados que se estima que hay en la
comunidad, el arbitraje solo ha ayudado a la quinta parte.
En el PP gallego, la inquietud crece por momentos. Conselleiros y
alcaldes dudan estos días entre mostrarse comprensivos con el drama de
los afectados o molestos por el aumento de la presión que ejercen y que
ha llevado a la parálisis a varios municipios en el sur de Pontevedra.
Tanto Feijóo como el vicepresidente Rueda ocultaron su agenda de ayer
hasta el último momento, en un intento de esquivar a los afectados y su
estruendo inclemente en sendos actos en Baiona y Meaño. No lo
consiguieron.
El intento de regate fue más evidente aún en Pontevedra, donde el PP
llevaba preparando meses el congreso para la reelección de Rafael Louzán
como líder provincial y que ayer se decidió trasladar al recinto de la
Semana Verde de Silleda, donde es mucho más sencillo establecer
controles de acceso que en las calles del centro urbano pontevedrés.
Louzán ha quedado marcado además, como el máximo antagonista de las
plataformas desde que empezó a hablar de los afectados como de
“comandos”.
El propio presidente del PP y de la Diputación de Pontevedra
reconoció que el cambio de sede se llevaba rumiando desde hace días pero
que solo se concretó el jueves. “La comisión organizadora tomó la
decisión para que no hubiera problemas de orden público”, justificó el
líder provincial de los populares, que previsiblemente será reelegido
hoy. Acto seguido reiteraba que manifestarse es “legítimo, porque
estamos ante una estafa a miles de personas”. Admitió, en cualquier
caso, que “seguramente” haya afectados que aparecerán hoy en Silleda.
Varias plataformas cambiaban sus planes de viaje ayer para confluir con
los populares. “Nos costará más dinero el autobús, pero iremos igual”,
señalaba un afectado del sur de la provincia.
Recién enterado de la quita, Xulio Vicente, portavoz de los afectados
de O Rosal y una de las caras más visibles del hartazgo de los
perjudicados con el Gobierno clamaba por teléfono: “Estos tipos están
locos”. Para el portavoz, la aplicación del recorte sería una
“desvergüenza” que todavía confía en evitar, y lo único que ha hecho el
FROB con su anuncio es “ponerle el nombre al robo”. “Espero que haya
algo de sentido común”, terminaba, incrédulo.
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