La plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha decidido señalar
de manera directa a los políticos que no apoyan la Iniciativa
Legislativa Popular por la dación en pago. Este tipo de señalamiento
personal se conoce como escrache, y el primero se produjo ante la cúpula
del Partido Popular, que se encontraba reunida en un hotel de Madrid.
El segundo fue en Barcelona, frente a la vivienda de la concejal del
mismo partido, Ángeles Esteller. Le siguieron otros, que afectaron al
ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz; o al jefe de gabinete del
presidente del Gobierno, Jorge Moragas.
El más reciente, el miércoles en Valencia, se realizó frente a la vivienda de Esteban González Pons,
vicesecretario de Estudios y Programas del Partido Popular, que no
estaba en casa en ese momento. Pero su familia sí estaba. “Entraron en
el portal, subieron hasta la casa, aporrearon la puerta durante 45
minutos. Ésta no es la forma de convencerme”, manifestó al enterarse de
los hechos. Pons, que ha interpuesto una denuncia al considerar que se
trata de ataques a “representantes de la soberanía popular”, aseguró
ayer a El PAÍS: “Asustar a mi familia es un método mafioso. Hoy lo hacen
para que los políticos cambiemos el voto. Mañana lo harán con los
jueces y pasado con los periodistas. Es muy peligroso. Dicen que me van a
señalar, pero señalar es lo que hacían los nazis con los judíos”. La
vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se manifestó de
forma similar tras el Consejo de Ministros. Aseguró que algunas
actuaciones “invaden los derechos de otros”, mientras pedía “respeto” a
los políticos y “especialmente a sus familias”, que sufren
manifestaciones frente a sus casas.
¿Son legales estas actuaciones? ¿Canalizan el malestar social de modo
democrático o son meras acciones de coacción? “Las movilizaciones
ciudadanas que echan el aliento en la nuca del político, pero solo el
aliento, están más que legitimadas”, señala Jesús María Osés, profesor
de Historia del Pensamiento Político en la Universidad Pública de
Navarra. “El límite infranqueable es la violencia física. O que la
presión se ejerza contra la familia”. La PAH asegura que se trató de una
“señalación pública y pacífica”, pero González Pons lo ve de manera muy
diferente y acusa a la plataforma de “intimidar” a su familia llamando
al timbre de su casa.
El señalamiento (o escrache) nace en Argentina. Escrachar implica
evidenciar a personas que pretenden pasar desapercibidas. Los primeros
fueron impulsados por Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio
(HIJOS). “Ante la impunidad de las leyes de punto final, que impedían
juzgar a los responsables de la dictadura, promovieron los
señalamientos. Consideraban que si el Estado no daba respuestas, era
legítimo que la ciudadanía supiera quienes eran y qué habían hecho”,
explica Jordi Mir, profesor del centro de estudios sobre los movimientos
sociales de la Universitat Pompeu Fabra.
España vive la peor crisis desde la restauración de la democracia y
solo el año pasado se ejecutaron 46.408 hipotecas, según datos del Poder
Judicial. El drama de los desahucios afecta, pues, a centenares de
miles de personas. En este contexto, “se llega a la conclusión que las
movilizaciones tradicionales no surten efecto. Como no se puede salir de
la agenda política, se importan medidas extranjeras con la esperanza de
que funcionen”, plantea Juan Carlos Revilla, profesor de Psicología
Social de la Complutense.
¿Es comparable la situación argentina y española? “Es difícil
apoyarlo sin reservas, porque los diputados no se esconden ni han hecho
nada reprobable. Solo han manifestado dudas a la propuesta. Tengo
reticencias de que sea la mejor opción”, señala Revilla.
La catedrática de ética Victoria Camps cree que se trata de un
ejercicio de libertad de expresión, siempre y cuando se ajuste a unos
límites precisos. “Es legítima si es pacífica, se produce en la vía
pública y no se viola el espacio privado. Ellos son nuestros
representantes. Si la gente quiere que conozcan su realidad, están en su
derecho de informar, incluso si es de forma tan directa”.
La jurista Magda Oranich considera que es “lícito, siempre que no
haya coacciones ni amenazas”, pero se manifiesta en contra. “No creo que
sea la mejor forma de presión en democracia. Los diputados han sido
elegidos, te guste o no”. En su opinión, sería mejor “manifestarse ante
el Congreso, pero nunca en el domicilio”, porque se coacciona no solo al
político, “que lo lleva implícito en el cargo”, sino “a sus hijos y
vecinos”, que nada tienen que ver.
Según una encuesta publicada por EL PAÍS el domingo, el 67%
desconocía la campaña de escrache de la PAH. Aunque el 89% —el 87% entre
votantes del PP— aseguraba estar de acuerdo. El catedrático de
Sociología y presidente de Metroscopia, José Juan Toharia, abunda en por
qué: “El ciudadano es ambivalente en este tema. Aprecia que existe un
riesgo de acoso, pero hay factores que hacen comprensibles estas
campañas. La gente ve que la crisis no la provocan quienes la padecen.
Además, pagan más los que menos tienen y los que son percibidos como
culpables —los expertos financieros— no solo no han pagado, sino que
reciben jubilaciones millonarias. Ese es el telón de fondo”.
Mir añade: “Nuestra sociedad es más sensible a la alteración del
orden que a la violencia estructural, como la pobreza, cuando el
verdadero sufrimiento lo padecen los afectados por la crisis, el
desempleo y los desahucios”. Esther Vivas, investigadora de movimientos
sociales, destaca que “se busca visualizar una realidad; que se vea que
detrás de las decisiones políticas hay personas. Esta acción está a la
altura de la situación de crisis que vivimos”.
La calificación como “violencia” del escrache genera también cierta
controversia. Quienes las sufren se sienten “acosados” y consideran que
se está vulnerando su derecho a la libertad. Hay quienes opinan, sin
embargo, que es una reacción proporcionada a la magnitud de la crisis
que azota a los ciudadanos. “La presión de las instituciones sobre las
personas obliga a éstas a una legítima defensa”, argumenta Osés. El
politólogo Íñigo Torrejón asegura que la PAH ha visibilizado lo que
antes era una violencia “privada y extrema. Hasta ahora la violencia de
echar a una familia a la calle sin que tenga adónde ir, era algo
privado. La PAH lo ha politizado, lo ha hecho público”.
Ada Colau, el rostro visible de la PAH, niega que las actuaciones de
la plataforma constituyan ningún tipo de acoso ni hayan superado los
límites de la legitimidad: “Nos estamos volviendo locos y hemos dejado
de ver el conjunto. El límite no lo han traspasado los ciudadanos, sino
la praxis bancaria y los gobiernos que les inyectan dinero público
mientras la gente se tira por la ventana”. Según la activista, la
plataforma apela “a la conciencia individual de cada diputado”,
pidiéndole que vaya “más allá de la disciplina de voto del partido”.
Sin embargo, en España, con un sistema electoral de listas cerradas,
los diputados están sujetos a la llamada disciplina de voto. “El hecho
de que el diputado piense que debe rendir cuentas solo ante sus jefes
supone una quiebra en el sistema”, opina Toharia.
Vivas pone el acento en la pugna entre legalidad y legitimidad. “Hay
acciones que pueden ser ilegales desde un punto de vista jurídico, como
ocupar locales vacíos, y sin embargo son totalmente legítimas”. Ayer,
200 activistas de la PAH ocuparon una sede de Banesto en el paseo de
Gràcia de Barcelona.
“La legalidad es un concepto construido. Lo legal debería ser
legítimo y lo legítimo debería hallar un cauce de legalidad, aunque no
siempre es así”, abunda el psicólogo Jaume Funes. Y ahonda en cómo los
jóvenes se rebelan contra los imperativos del sistema: “Para tratar los
escraches no sirve con invocar que algo es legal. El argumento de muchos
jóvenes es: ‘será legal, pero no mi legalidad’. No se sienten
representados por un sistema que ven injusto”. Mir añade: “Las
autoridades deberían reflexionar sobre los riesgos de carecer de
espacios para el debate político más allá de las elecciones”.
Según el politólogo Errejón, las líneas rojas “se traspasan desde
hace tiempo. Hay quien considera que pegar pegatinas y hacer sonar una
cacerola es grave. Quizá, pero hace mucho que esta gente no son los
primeros en quebrantar las cosas”.
Los críticos con estas acciones sostienen sin embargo que se ha
traspasado una línea roja fundamental. Y que es preciso poner coto a
este tipo de protestas. El portavoz popular en el Congreso, Alfonso
Alonso, remitió ayer mismo una carta a los diputados de su grupo en la
que señalaba que “algunos compañeros y sus familias han sufrido
situaciones de acoso que no debemos pasar por alto" y les indicaba que,
ante “cualquier amenaza”, mantuviesen la calma e informaran a la
dirección del partido, que tomaría las "medidas legales oportunas". La
número dos socialista, Elena Valenciano, mostró su apoyo expreso a lo
declarado previamente por la vicepresidenta del Gobierno: “Sé que la
gente lo está pasando mal”, señaló. “Pero no se puede promover la
violencia y el acoso a gente a la que se ha votado”.
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