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martes, 15 de abril de 2014

El fiscal pide 26 años de cárcel para cuatro guardias civiles por torturas

“La confianza en el derecho de defensa está abolida si no se puede confiar en la actuación policial“, aseguró el fiscal Julio Cano ante la Audiencia de Palma al reclamar penas que suman 26 años de cárcel por torturas y lesiones para un sargento y tres agentes de la Guardia Civil. El acusador considerara que, en distintos momentos, durante una madrugada, los guardias y su jefe directo agredieron e intimidaron, de forma atroz, a dos británicos que habían detenido y que estaban en los calabozos del puesto de Palmanova (Mallorca)
Los hechos sometidos a juicio hasta este lunes ocurrieron en noviembre de 2009. El suboficial, para el que se le piden 11 años de cárcel por cuatro delitos de lesiones y torturas, fue agredido y quedó inconsciente en un pub, libre de servicio, en una pelea iniciada por una de las dos supuestas víctimas.
El agresor del sargento y su amigo fueron detenidos y conducidos al cuartel. Tres guardias del equipo del suboficial y este, en distintas ocasiones, quisieron asustar y reprender al agresor y a su compañero. Los agentes afrontan una petición de pena de cinco años cada uno. El fiscal solicitó que se aplique para todos los reos la atenuante de la dilación indebida del caso.
Según la versión de la acusación, el sargento pasó al calabozo y la emprendió con guantes y también con una porra con los detenidos. Horas más tarde, se plantó delante de una víctima y se quedó mirándole a los ojos y respirando profundamente hasta crear una situación de pánico de aquel.
Los tres guardias con el sargento, con intención de reprender y escarmentar a los dos arrestados, según el fiscal, dieron golpes y zapatazos y se mofaron de ambos ciudadanos británicos.
El abogado del Estado, en nombre de Ministerio de Interior, y las defensas rechazaron todos los hechos. Los abogados del sargento y el de los guardias refutaron la existencia de base para mantener la condena por los dos delitos. Resaltaron la ausencia de los dos testigos acusadores y dieron a entender que estos deberían ser los juzgados por abuso de derecho.
Un letrado de los agentes tildó a las supuestas víctimas de rebeldes ante la Justicia, otro dijo que no habían querido acudir a la vista y un tercer defensor de los guardias señaló que uno de los supuestos agredidos era traficante de droga y que sabía que era investigado.

Siete huellas de porra en el cuerpo

El fiscal aludió al miedo de los testigos y a los relatos contradictorios recabados en el juicio que desdecían o emborronaban las primeras versiones. El fiscal Cano subrayó que una de las dos víctimas que han renunciado a comparecer recibió llamadas conminatorias al Reino Unido desde España.
Este caso ha sido objeto de una investigación interna de la Guardia Civil -que no llegó completa a la vista-, del atestado policial, de la instrucción judicial, de una causa en un juzgado togado militar y, además, de un juicio penal por la denuncia de los guardias contra los dos detenidos, condenados por faltas de lesiones y desobediencia leve.
La base de la prueba de la acusación del Ministerio Público se centró en las denuncias iniciales de los dos detenidos, en los partes médicos y en el relato del forense que los analizó. Además se reseñaron los informes de los psicólogos que aludieron a las situaciones de estrés postraumático de los supuestos torturados, que sentían impactos emocionales semejantes a los postbélicos.
Ambos detenidos presentaban multicontusiones, hasta siete huellas de porra en el cuerpo, sendas fracturas en los brazos, erosiones y heridas en la cara. En sus relatos, los guardias señalaron que se autolesionaron en el calabozo y que, ya antes, su detención y conducción a cuartel fue difícil y violenta. Uno de los británicos huyó al salir del coche policial, esposado con las manos atrás, y cayó y se hirió en una ceja. Durante la noche en que estuvieron detenidos fueron conducidos dos veces al centro de salud y al hospital.

La tortura en el Código Penal

El artículo 174 del Código Penal vigente señala que incurren en torturas la "autoridad o funcionario público que, abusando de su cargo, y con el fin de obtener una confesión o información de cualquier persona o de castigarla por cualquier hecho que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o por cualquier razón basada en algún tipo de discriminación, la sometiere a condiciones o procedimientos que por su naturaleza, duración u otras circunstancias, le supongan sufrimientos físicos o mentales, la supresión o disminución de sus facultades de conocimiento, discernimiento o decisión o que, de cualquier otro modo, atenten contra su integridad moral. El culpable de tortura será castigado con la pena de prisión de dos a seis años si el atentado fuera grave, y de prisión de uno a tres años si no lo es. Además de las penas señaladas se impondrá, en todo caso, la pena de inhabilitación absoluta de ocho a 12 años.

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