La reforma de la justicia universal impedirá perseguir a maltratadores

La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial impulsada por el Gobierno del PP para reducir al mínimo el alcance de la llamada justicia universal no solo afectará a las causas más conocidas y que más quebraderos de cabeza diplomáticos causan al Ejecutivo —como el proceso al régimen chino por el genocidio en el Tíbet o la investigación de la muerte del periodista José Cousoa manos de soldados estadounidenses—. La modificación legislativa elaborada por el Ministerio de Justicia de Alberto Ruiz-Gallardón y tramitada por la vía más urgente y más alejada del debate de expertos posible (la proposición de ley del PP en el Congreso) afectará severamente, según fuentes jurídicas, a la investigación de delitos más cotidianos, como el tráfico de drogas, la violencia de género o la pederastia, entre otros.

La apresurada reforma legal, que admitió a trámite el Congreso el pasado 24 de enero, estrecha aún más los supuestos en los que los jueces españoles pueden investigar delitos cometidos en el extranjero, y no solo en los casos de genocidio, crímenes de lesa humanidad o tortura. En el caso de los delitos contra la libertad sexual de menores de edad (pedofilia o pederastia) cometidos fuera de España, el texto establece que los jueces españoles solo podrán entrar a investigar si el acusado es ciudadano español o extranjero con residencia habitual en España. También se podrá abrir una instrucción si la víctima del delito tiene nacionalidad española, pero en este caso se pone una condición: que el supuesto agresor se halle en suelo español.

De este modo, si un niño o niña español es agredido sexualmente en un país extranjero por una persona de otra nacionalidad y el Estado donde se cometió el delito no lo investiga, el crimen quedará impune. Con la norma actual, basta con que la víctima sea española o tenga un “vínculo de conexión relevante” con España para que un juez de la Audiencia Nacional pueda perseguir a su agresor.

En el caso de la violencia contra la mujer, las condiciones que establece la reforma que prepara el PP son similares: solo se investigará si la víctima es española o tiene la residencia legal, siempre y cuando quien cometa el delito se encuentra en España. Así, si una mujer española es agredida por su pareja en un país en el que no se respetan los derechos de la mujer, el ataque puede quedar sin castigo, según fuentes jurídicas. Las limitaciones que más inquietan a los magistrados tienen que ver con delitos de crimen organizado como el tráfico de droga o la trata de seres humanos. En el primero de ellos se reduce la investigación de los jueces españoles básicamente al intento de introducción de drogas en España o cuando el delito se cometa en naves de bandera extranjera inspeccionadas por autoridades españolas con permiso del Estado de su pabellón.

Estábamos al frente en la defensa de los derechos humanos”, lamenta un fiscal

Fuentes jurídicas creen que esta reforma supone aplicar los mínimos recogidos en diversos tratados internacionales ratificados por España y tiene un efecto perverso: “Corremos el riesgo de tener que sobreseer actuaciones de operaciones conjuntas con otros países, la forma más eficaz para luchar contra el tráfico de estupefacientes”, dice un fiscal. Y pregunta: “¿Quién va a confiar en nosotros si estamos atados de pies y manos con obstáculos procesales?”. Las limitaciones que el PP quiere incorporar al texto legal coinciden con los mínimos que establecen los convenios internacionales ratificados por España para la persecución de los distintos delitos que configuran la jurisdicción universal, según fuentes jurídicas. “Es una copia literal de lo que establecen los convenios, pero con circunstancias de perseguibilidad mucho más restrictivas”, afirman fuentes fiscales.

El sector de la Audiencia crítico con la reforma legal apunta una razón para no tocar la jurisdicción universal que entra en el terreno de lo diplomático. “Con la aplicación de la justicia extraterritorial, España se había colocado a la cabeza de la defensa de los derechos humanos. Teníamos una primacía que vamos a ceder a los franceses, que están cambiando su legislación para que se asemeje a la que tenemos nosotros actualmente. Esto también forma parte del prestigio de la Marca España”, opina un representante del ministerio público. “Se lamina la jurisdicción universal en pro de la impunidad; estamos entregando entera una baza diplomática de primer nivel que tenía España”, dice.

Nuevos requisitos

La actual Ley del Poder Judicial fija en su artículo 23 los límites de la jurisdicción universal. El punto 4 de ese artículo enumera los delitos cometidos fuera de España que pueden investigar los jueces españoles y pone como condición de todos ellos que haya víctimas españolas o “algún vínculo de conexión relevante con España”, o bien que los presuntos autores del delito se encuentren en España y ningún otro país o tribunal internacional competente haya abierto procedimiento contra ellos.

El nuevo texto que propone el PP fija un requisito para investigar cada delito. Así, por ejemplo, para el genocidio es necesario que el presunto responsable sea un español o un extranjero que se halle en España y su extradición haya sido denegada. Para investigar delitos de terrorismo será preciso que el autor sea español o un extranjero que resida en España, o bien que haya víctimas españolas o el objetivo haya sido una institución de la UE en España o un buque o aeronave con pabellón español o una instalación oficial española. En casos de torturas será requisito que el responsable sea español o  que la víctima fuese española en el momento de los hechos y el responsable esté en España. Los delitos sexuales contra menores y la violencia contra mujeres solo podrán perseguirse si el autor es español o reside en España, o bien si la víctima es española o residente pero siempre que el imputado se halle asimismo en España.