A las 11:45 de la mañana estaba previsto el desahucio de Mónica, una
inquilina de 70 años enferma de Alzheimer que no debe un solo euro al
propietario. El piso en el que vive desde hace 40 años, situado en el
Paseo de la Castellana, constituye una oportunidad perfecta para la
especulación. El propietario, tras años de pleitos y acoso inmobiliario,
consiguió que una jueza decretase el desahucio, sin tener en cuenta el
impacto que podía tener para la enfermedad de Mónica.
Desde las
10 de la mañana, más de 200 personas –entre vecinos y solidarios– se
concentraban frente al portal para frenar esta injusticia. Poco después
llegaban varias furgonetas de la UIP que, sin mediar palabra, desataron
la violencia contra los presentes. En esta ocasión no hubo diálogo,
negociación o requerimiento para abandonar voluntariamente la entrada.
Los agentes arremetieron a empujones y golpes hasta que tomaron el
control del portal, identificando a varias personas y deteniendo a un
hombre de unos sesenta años. La dureza de la intervención se incrementó
en el segundo acceso al portal, donde se sucedieron las cargas y las
agresiones gratuitas. Numerosas personas fueron arrojadas y golpeadas
contra el suelo; una mujer de 60 años tuvo que ser atendida por el
SAMUR, fue trasladada al hospital y actualmente se encuentra ingresada
en observación. Otra mujer de 50 años fue detenida mientras los
periodistas que trataban de informar de lo sucedido fueron amenazados y
agredidos. Cuando el desahucio se había paralizado y los concentrados
abandonaban el lugar, una persona que volvía a casa fue retenida y el
hijo de Mónica fue identificado.
Ayer también decenas de policías
acudían a casa de Agripina y sus 3 hijos menores para echarlos de su
vivienda, perteneciente a la EMVS. El desahucio se produce después de
que la diputada Eva Durán se comprometiera a paralizarlo junto con otras
3 familias a las que van a desahuciar próximamente. La diputada mintió y
ayer por la mañana Agripina y sus hijos han sido desalojados 20 días
antes de la fecha fijada para el lanzamiento, quedándose literalmente en
la calle al carecer de alternativa habitacional. La EMV ha cometido una
manifiesta ilegalidad al ejecutar en el día de ayer un desahucio
señalado para el 26 de abril.
Por último, la policía desalojó el centro social okupado Raíces, situado
en un inmueble propiedad de Bankia abandonado desde hace años. El
trabajo de construcción realizado durante meses por los vecinos, es
arrojado por la borda para construir un hotel. Sabemos que los desalojos
no frenarán la expansión de los centros sociales madrileños, que serán
10, 100, 1000.
Su represión no nos parará
¡Ni desahucios ni desalojos!
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