La Generalitat ha exhibido la labor que viene haciendo en la reducción de su déficit para argumentar que el ajuste debe afectar principalmente al Estado, y considera asumibles los alrededor de 160 millones que le podrían corresponder en el recorte de 1.200 millones previstos en el plan del Gobierno para las CCAA.
El día después del shock del ajuste económico y social lanzado por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, los socialistas catalanes asumen con resignación la difícil coyuntura en la que deberán afrontar la precampaña y la campaña electoral.
Fuentes socialistas han asegurado que no se prevé un adelanto electoral, por lo que se mantiene el calendario previsto de octubre-noviembre.
En el Palau de la Generalitat están muy pendientes del decreto ley del Gobierno central que debe concretar el recorte del gasto anunciado ayer por Zapatero, que será aprobado finalmente por el Consejo de Ministros el próximo 20 de mayo.
Fuentes del Govern no descartan avanzar alguna medida en su reunión del próximo martes, pero lo más probable es que el ajuste catalán se posponga al 22 de mayo, sobre todo lo relacionado con el recorte del salario de los funcionarios y empleados públicos de la Generalitat, el cual se aplicará a partir del 1 de junio.
En una interpelación en el Parlament, el conseller de Economía, Antoni Castells, ha confirmado que, al igual que el Estado, el recorte del 5% en las nóminas públicas no será igual para todos los funcionarios, sino que se aplicará en función de su nivel salarial.
Castells ha exhibido el recorte del déficit de la Generalitat, que ha pasado de 5.200 millones en 2008 a 4.500 millones en 2009, y ha recordado que sólo dos puntos del 11% del déficit del Estado corresponde a las Comunidades Autonómicas. En el 2010, el déficit que presupuestado por la Generalitat es del 3,25%.
Fuentes del Govern calculan que, como mucho, Cataluña debería pagar 160 millones de los 1.200 que el plan estatal prevé recortar en CCAA y ayuntamientos, cifra en el alero ya que se concretará en una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Castells sí que ha confirmado hoy que el recorte de los salarios de los funcionaros será de un 5% de media y que irá acompañada de una subida del 1% en el impuesto de transmisiones patrimoniales.
Todavía no ha fijado el incremento en la tasa de actos jurídicos documentados, pero las fuentes consultadas ponen estas medidas fiscales como ejemplo de que el acento en Cataluña no sólo se pondrá en recortes salariales, sino también en aquellas rentas ligadas al patrimonio, algo que no prevé hacer ahora el Ejecutivo central.
Sí que se asumen las medidas estatales en salario públicos, en la ley de dependencia o la congelación de pensiones, que afectará a la conflictividad social pocos meses antes de las elecciones en Cataluña.
Según fuentes del Govern, en un principio, el presidente de la Generalitat, José Montilla, no se reunirá con los líderes sindicales en Cataluña hasta que el Govern no apruebe su propio plan de ajuste.
Las mujeres pensionistas, las más afectadas
Las mujeres pensionistas serán las más perjudicadas por el recorte, según explica la secretaria de Socioeconomía de CCOO en Cataluña, Cristina Faciaben "ya que la mayoría de los pensionistas, cerca de dos tercios, son mujeres mayores viudas".
Cataluña cuenta con 1,54 millones de pensionistas, de los que algo más del 20% cobran pensiones mínimas, que no están afectadas por la congelación que ha propuesto el Gobierno.
La pensión media en Cataluña se sitúa en 798 euros, pero en el caso de las del régimen agrario y los autónomos son todavía más bajas, de una media de 500 euros, cuando la inflación prevista en los Presupuestos de la Generalitat para este año es del 2%.
En el caso de las pensiones de viudedad, la media es inferior a la del conjunto de Cataluña, en total, 570 euros.
Por otra parte, los funcionarios afectados por el recorte del 5% del salario que el Gobierno quiere aplicar a partir del mes de junio son más 316.000, según las cifras de 2008, del Idescat, de los que cerca de 200.000 dependen directamente de la Generalitat de Cataluña y el resto corresponden a otras administraciones.
Según datos del departamento de Salud de la Generalitat, en 2009 nacieron 87.000 niños, cuyas familias hubieran cobrado el 2011 el último año del denominado "cheque bebé" -2.500 euros al año- ya que éste finaliza a los tres años y que ahora, con las medidas de ajuste, queda suprimido.
El día después del shock del ajuste económico y social lanzado por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, los socialistas catalanes asumen con resignación la difícil coyuntura en la que deberán afrontar la precampaña y la campaña electoral.
Fuentes socialistas han asegurado que no se prevé un adelanto electoral, por lo que se mantiene el calendario previsto de octubre-noviembre.
En el Palau de la Generalitat están muy pendientes del decreto ley del Gobierno central que debe concretar el recorte del gasto anunciado ayer por Zapatero, que será aprobado finalmente por el Consejo de Ministros el próximo 20 de mayo.
Fuentes del Govern no descartan avanzar alguna medida en su reunión del próximo martes, pero lo más probable es que el ajuste catalán se posponga al 22 de mayo, sobre todo lo relacionado con el recorte del salario de los funcionarios y empleados públicos de la Generalitat, el cual se aplicará a partir del 1 de junio.
En una interpelación en el Parlament, el conseller de Economía, Antoni Castells, ha confirmado que, al igual que el Estado, el recorte del 5% en las nóminas públicas no será igual para todos los funcionarios, sino que se aplicará en función de su nivel salarial.
Castells ha exhibido el recorte del déficit de la Generalitat, que ha pasado de 5.200 millones en 2008 a 4.500 millones en 2009, y ha recordado que sólo dos puntos del 11% del déficit del Estado corresponde a las Comunidades Autonómicas. En el 2010, el déficit que presupuestado por la Generalitat es del 3,25%.
Fuentes del Govern calculan que, como mucho, Cataluña debería pagar 160 millones de los 1.200 que el plan estatal prevé recortar en CCAA y ayuntamientos, cifra en el alero ya que se concretará en una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Castells sí que ha confirmado hoy que el recorte de los salarios de los funcionaros será de un 5% de media y que irá acompañada de una subida del 1% en el impuesto de transmisiones patrimoniales.
Todavía no ha fijado el incremento en la tasa de actos jurídicos documentados, pero las fuentes consultadas ponen estas medidas fiscales como ejemplo de que el acento en Cataluña no sólo se pondrá en recortes salariales, sino también en aquellas rentas ligadas al patrimonio, algo que no prevé hacer ahora el Ejecutivo central.
Sí que se asumen las medidas estatales en salario públicos, en la ley de dependencia o la congelación de pensiones, que afectará a la conflictividad social pocos meses antes de las elecciones en Cataluña.
Según fuentes del Govern, en un principio, el presidente de la Generalitat, José Montilla, no se reunirá con los líderes sindicales en Cataluña hasta que el Govern no apruebe su propio plan de ajuste.
Las mujeres pensionistas, las más afectadas
Las mujeres pensionistas serán las más perjudicadas por el recorte, según explica la secretaria de Socioeconomía de CCOO en Cataluña, Cristina Faciaben "ya que la mayoría de los pensionistas, cerca de dos tercios, son mujeres mayores viudas".
Cataluña cuenta con 1,54 millones de pensionistas, de los que algo más del 20% cobran pensiones mínimas, que no están afectadas por la congelación que ha propuesto el Gobierno.
La pensión media en Cataluña se sitúa en 798 euros, pero en el caso de las del régimen agrario y los autónomos son todavía más bajas, de una media de 500 euros, cuando la inflación prevista en los Presupuestos de la Generalitat para este año es del 2%.
En el caso de las pensiones de viudedad, la media es inferior a la del conjunto de Cataluña, en total, 570 euros.
Por otra parte, los funcionarios afectados por el recorte del 5% del salario que el Gobierno quiere aplicar a partir del mes de junio son más 316.000, según las cifras de 2008, del Idescat, de los que cerca de 200.000 dependen directamente de la Generalitat de Cataluña y el resto corresponden a otras administraciones.
Según datos del departamento de Salud de la Generalitat, en 2009 nacieron 87.000 niños, cuyas familias hubieran cobrado el 2011 el último año del denominado "cheque bebé" -2.500 euros al año- ya que éste finaliza a los tres años y que ahora, con las medidas de ajuste, queda suprimido.
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