Montevideo, 12 abr (PL) La cámara del senado (alta) de Uruguay vota hoy un texto, denominado proyecto interpretativo, con el propósito de anular la Ley de Caducidad norma que impide juzgar crímenes de lesa humanidad cometidos en la dictadura (1973-1985).
El gobernante Frente Amplio (FA) tiene mayoría de votos en esa instancia, 16 de 31 senadores.
Los representantes de los partidos opositores, Nacional y Colorado, adelantaron que sufragarán en contra del texto.
La sesión del Senado iniciará con un informe del senador Oscar López Goldaracena, abogado querellante en varias causas de derechos humanos, quien defenderá el documento interpretativo del FA.
Ese pliego considera que la legislación vigente "presenta ilegitimidad manifiesta, viola la Constitución de la República y carece de valor jurídico alguno".
Raúl Olivera, integrante de la Comisión de DDHH de la central sindical PIT-CNT comunicó que el ente junto con organizaciones y movimiento sociales, se congregará en las inmediaciones del Palacio Legislativo para asistir al debate.
Agregó que los integrantes de la Mesa permanente contra la impunidad instalarán un estrado en las proximidades del Parlamento, y pronunciarse sobre el tema.
El semanario El Popular, del Partido Comunista de Uruguay, señaló en un editorial que la normativa de marras "es un engendro jurídico. Inconstitucional y es indefendible política y éticamente".
"El FA tiene en su programa de gobierno la anulación y el proyecto en debate fue votado, luego de una larga y delicada discusión por la unanimidad del Plenario Nacional donde están los sectores políticos y las bases", enfatizó.
De aprobarse el pliego interpretativo entre los senadores, como todo indica aunque con fuertes discusiones, faltará todavía la sanción de los Diputados (cámara baja) el próximo mes de mayo.
El 22 de diciembre de 1986, tras la caída de la dictadura, el Parlamento uruguayo aprobó la Ley de Caducidad con los votos de legisladores de los partidos Blanco y Colorado, conservadores, y la oposición del FA, ahora en el gobierno. La norma impide procesar y condenar a militares y policías que cometieron secuestros, torturas, violaciones de detenidas, asesinatos, ocultamientos de cadáveres y otros crímenes durante el régimen de facto.
El gobernante Frente Amplio (FA) tiene mayoría de votos en esa instancia, 16 de 31 senadores.
Los representantes de los partidos opositores, Nacional y Colorado, adelantaron que sufragarán en contra del texto.
La sesión del Senado iniciará con un informe del senador Oscar López Goldaracena, abogado querellante en varias causas de derechos humanos, quien defenderá el documento interpretativo del FA.
Ese pliego considera que la legislación vigente "presenta ilegitimidad manifiesta, viola la Constitución de la República y carece de valor jurídico alguno".
Raúl Olivera, integrante de la Comisión de DDHH de la central sindical PIT-CNT comunicó que el ente junto con organizaciones y movimiento sociales, se congregará en las inmediaciones del Palacio Legislativo para asistir al debate.
Agregó que los integrantes de la Mesa permanente contra la impunidad instalarán un estrado en las proximidades del Parlamento, y pronunciarse sobre el tema.
El semanario El Popular, del Partido Comunista de Uruguay, señaló en un editorial que la normativa de marras "es un engendro jurídico. Inconstitucional y es indefendible política y éticamente".
"El FA tiene en su programa de gobierno la anulación y el proyecto en debate fue votado, luego de una larga y delicada discusión por la unanimidad del Plenario Nacional donde están los sectores políticos y las bases", enfatizó.
De aprobarse el pliego interpretativo entre los senadores, como todo indica aunque con fuertes discusiones, faltará todavía la sanción de los Diputados (cámara baja) el próximo mes de mayo.
El 22 de diciembre de 1986, tras la caída de la dictadura, el Parlamento uruguayo aprobó la Ley de Caducidad con los votos de legisladores de los partidos Blanco y Colorado, conservadores, y la oposición del FA, ahora en el gobierno. La norma impide procesar y condenar a militares y policías que cometieron secuestros, torturas, violaciones de detenidas, asesinatos, ocultamientos de cadáveres y otros crímenes durante el régimen de facto.
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