El Govern considerará el conocimiento de la lengua catalana un "requisito muy determinante" para poder certificar el nivel de integración de los inmigrantes que residen en Cataluña, en los expedientes de arraigo, de reagrupación familiar y de renovación de residencia.
Así lo ha anunciado tras la reunión del ejecutivo catalán su portavoz, Francesc Homs, que ha remarcado que el gobierno de Artur Mas se desmarcará de las actitudes "buenistas" del tripartito en inmigración, pondrá el acento no sólo en los derechos sino también en los deberes de los extranjeros y ejercerá las funciones en inmigración que ya prevén las leyes de acogida y de extranjería.
De acuerdo con estas leyes, ha recordado Homs, "a la Generalitat le corresponde, en base también a los informes de los ayuntamientos, certificar el esfuerzo de integración de las personas extranjeras" en los expedientes de arraigo, de reagrupación familiar y de renovación de residencia.
Para los próximos días está previsto que se reúna el conseller de Bienestar Social y Familia, Josep Lluís Cleries, con representantes de las asociaciones municipalistas de Cataluña, para concretar la manera en que los inmigrantes deberán acreditar su dominio de la lengua catalana, a través de un examen u otra fórmula.
Precisamente contra este aspecto de la ley de acogida, la Defensora del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, presentó un recurso de inconstitucionalidad, al entender que establece una preferencia lingüística en favor del catalán sobre el castellano, en relación con los inmigrantes.
El Govern ha movido ficha en este tema, después de que ayer se publicara una encuesta del Centro de Estudios de Opinión (CEO) que revela que uno de cada cuatro catalanes expresa opiniones racistas o muy intolerantes respecto a la inmigración, datos que algunos temen que puedan traducirse, el próximo 22 de mayo, en un crecimiento de la presencia de grupos xenófobos en los ayuntamientos catalanes.
Homs se ha afanado en recalcar que el actual gobierno catalán "tiene un proyecto claro en materia de inmigración", algo que a su juicio no pasó en los siete años precedentes, ya que PSC, ERC e ICV-EUiA defendieron criterios "diferentes" en este tema y, en algunos momentos, cayeron en un discurso "buenista" olvidando cualquier consideración sobre los "deberes" de los inmigrantes
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