La eurodiputada euroescéptica británica Nikki Sinclaire se ha convertido en el 'topo' que ha desvelado las malas prácticas de sus compañeros en el Parlamento Europeo para cobrar las dietas y no trabajar.
Sinclaire identificó a varios de sus compañeros fichando y marchándose en avión en fotos tomadas por el 'News of the World'; se pretende denunciar la costumbre de algunos eurodiputados que los viernes acuden al Paralamento, fichan y así cobran los 305 euros de dietas, aunque seguidamente se van al aeropuerto para volver a sus respectivas casas.
Según publica hoy EL MUNDO en su edición impresa, entre los fotografiados están el tory Robert Sturdy, el laborista Peter Skinner, el socialista polaco Adam Gierek, la 'popular' Jolanta Hibner, o la socialista española Eider Gardiazabal.
"Es una vergüenza. Los viernes, cuando el Parlamento está prácticamente cerrado, los diputados fichan y luego se dirigen directamente a la salida", afirma Sinclaire.
En el caso de Gardiazabal, una portavoz socialista aseguró que la parlamentaria tuvo reuniones esa mañana y se había marchado para llegar a tiempo a una reunión en Bilbao.
Según explica Sinclaire, las reglas son muy claras: un diputado puede reclamar sus dietas cuando asistan a reuniones oficiales de los órganos parlamentarios. Sin embargo, no hay reuniones en Estrasburgo el viernes, y mucho menos un viernes a las siete de la mañana.
Ya en el año 2005 el diputado austriaco Hans Peter Martin destapó este tipo de prácticas, cuando mostró como los eurodiputados fichaban a horas irregulares y pidió que se modificara la norma.
Sinclaire asegura que, en ningún caso, se trata de un hábito exclusivo de un partido. "Está muy extendido en todo el espectro ideológico y nacional", explica la parlamentaria.
Aparte de los gastos de viaje y sus sueldo mensual, los eurodiputados cobran 304 euros por día trabajado, que debe cubrir los gastos de hotel y comidas.
Los sueldos de los eurodiputados de a pie son de 6.200 euros mensuales netos, aparte de las dietas, los gastos de viaje, y 4.300 euros para gestionar sus despachos, a lo que hay que sumarle un extra de 1.500 euros que acaba de aprobar el Parlamento Europeo.
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