La imagen de la Justicia en España es mala. El último barómetro del CIS revela que el 76% opina que funciona mal o regular, pero lo que es más preocupante es que una aplastante mayoría afirma que ésta no trata igual a un político que a un ciudadano corriente o a un rico y un pobre.
La portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, ha justificado que en los juicios o procesos judiciales unos ganan y otros pierden y, por tanto, una parte no queda contenta.
"En la resolución de los conflictos se desestima la pretensión del otro litigante", ha comenzado. "Siempre en el ámbito de la Justicia hay uno de los dos implicados en el litigio que normalmente, en ocasiones, no queda satisfecho, al margen de la lentitud o de la falta de eficacia, incluso por el propio resultado", ha añadido Bravo, que opina que es "difícil" alcanzar la "plena satisfacción".
El estudio correspondiente al mes de febrero que ha hecho público hoy el Centro de Investigaciones Sociológicas desvela que las tres cuartas partes de los españoles creen que la Justicia funciona muy mal (11,3%), mal (36,7%) o regular (28,7%), y sólo un 18,4% piensa lo hace bien o muy bien.
Un 51,8% dice que el funcionamiento de la Administración de Justicia es igual que en los últimos tres o cuatro años frente al 13,3% que considera que ha mejorado y un 24% que piensa que ha empeorado en ese periodo, en el que el Gobierno ha puesto en marcha una reforma para agilizar el trabajo de los tribunales.
Un alto porcentaje de los consultados cree también que la Justicia no es igual para todos, ya que un 82,6% afirma que no trata igual a un político que a un ciudadano corriente, y el 77,4% que tampoco actúa del mismo modo con ricos que con pobres.
En este sondeo, que recoge una serie de preguntas sobre la situación de la Administración de Justicia, un 61,6% de los encuestados dice que los medios con los que cuentan los tribunales son "más bien insuficientes". El 38,8% considera que lo que hace falta en primer lugar son más jueces, seguido de más personal auxiliar -un 32%- y más y mejores medios informáticos -el 26%-.
Respecto a la modernización, un 77,4% opina que se necesitan procedimientos más ágiles y rápidos porque una justicia lenta no es aceptable y el 15,3% cree que agilizar y recortar plazos puede generar errores o indefensiones.
No obstante, al tener que calificar la labor de los profesionales vinculados con la Justicia, los ciudadanos aprueban a todos ellos: jueces, abogados, fiscales, personal administrativo de juzgados y Policía judicial, siendo ésta la más valorada con una nota de 5,88, en una escala del 0 al 10.
A la hora de valorar la independencia de los jueces, los españoles se dividen entre los que piensan que es muy o bastante alta -el 40,3- y los que creen que es bastante o muy baja -39,8-.
Una opinión muy similar a la que expresan respecto al Tribunal Supremo, cuyo grado de independencia es muy o bastante alto para 38,1 y bastante o muy bajo para el 35,8; y el Tribunal Constitucional (un 36,9 y un el 35,9, respectivamente).
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