Lejos de poder participar como candidatos, tampoco los inmigrantes lo tendrán fácil a la hora de votar en las próximas elecciones municipales en España. Salvo aquellos que se encuentren ya nacionalizados o cuenten con doble nacionalidad, el resto no podrá tampoco postularse para resultar elegidos en dicha convocatoria. Y no hablamos, por supuesto, de comicios autonómicos o generales.
Esta vez y en virtud de la nueva Ley de Extranjería y de otras normas entre las que figura lo estipulado en la propia Constitución, se ha arbitrado la posibilidad de que puedan acudir a las urnas del próximo mes de mayo en los ayuntamientos españoles aquellos inmigrantes cuyos países de origen cuenten con un acuerdo de reciprocidad que beneficie en similares circunstancias a los españoles emigrados a su vez a dichas naciones. En concreto, el espectro electoral se reduce a Ecuador, Perú, Bolivia, Colombia, Paraguay, Chile, Cabo Verde, Nueva Zelanda y Noruega. ¿Cómo fijar el criterio de reciprocidad respecto a comunidades de inmigración tan importantes en España como las de Marruecos y China? Cierto es que los españoles residentes en dichos países no pueden acudir a los colegios electorales porque su ley no los permite. Pero, acaso, ¿nuestro criterio de libertad, democracia y sufragio universal coincide con los que están vigentes en el régimen comunista chino o en el de Marruecos, que avanza hacia la democracia plena con una velocidad digna de caracoles? Escasa suerte tiene hasta ahora la campaña “Aquí vivo, aquí voto” que lleva reclamando desde hace años que se amplíe la horquilla del censo electoral a todos los residentes en este país que construimos colectivamente.
Pero, además, en dicha situación de excepcionalidad, figuran también Argentina y Uruguay, cuyas constituciones respectivas reconocen desde hace un mundo el derecho al voto de los extranjeros residentes en dicho territorio, lo que no tendría que suponer, por lo tanto, la necesaria firma de un acuerdo de reciprocidad con España. Dicha redundancia, sin embargo, sí ha sido factible en los casos de Chile y de Perú, donde también se permite votar con ciertas restricciones a los extranjeros con permiso de trabajo y residencia.
Para colmo, el proceso que se ha llevado a cabo para que puedan ejercer su derecho los inmigrantes de los nueve países extracomunitarios llamados a participar en las municipales, también ha sido kafkiano. En primer lugar, los aspirantes a la condición de elector debían inscribirse como tales. ¿Imaginan que los españoles en similares circunstancias tuvieran también que hacerlo? De ser así, en mayo acudirían a las urnas los alcaldes, los alcaldables y sus respectivas familias. Y mucho sería. ¿Por qué se exige dicho trámite a los extranjeros como una nueva zancadilla burocrática a su participación efectiva en este proceso electoral? La desinformación se extendía desde las propias Corporaciones locales a la oficina del Censo Electoral y a las dependencias de Interior y de Inmigración, que carecían en muchos casos de datos fiables para orientar a los interesados.
Además, ese derecho fue escasísimamente publicitado entre la comunidad inmigrante, por lo que muchos de los posibles votantes siguen sin tener idea de que les asiste ese derecho. Para colmo, el plazo para la inscripción, que concluyó el pasado martes y que antes tuvo que ser ampliado durante diez días, vino a coincidir con las vacaciones de Navidad por lo que el número de días laborales se redujo al mínimo. Para colmo, a cada uno de los extranjeros que pretendan decidir quien va a gobernar su pueblo, se le exigía un certificado de residencia, que tarda más de diez días en expedirse tras una cita previa de otros ocho o diez días, más el pago de siete euros por dicho documento. Era tan escandalosa dicha exigencia que finalmente fue eliminada, pero tan sólo veinticuatro horas antes de que expirase el plazo previsto.
¿A quien le interesa que los inmigrantes no voten en las elecciones? No sólo se trataría del ejercicio legítimo de un derecho, sino también de un formidable antídoto contra las organizaciones que pretendieran que los mensajes racistas y xenófobos formase parte del discurso político en la próxima campaña.
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