Los mensajes de los gobiernos acostumbran a soslayar más que a explicar los problemas y a contentar a la población con mentiras piadosas. Por ejemplo, desde el principio de la crisis se ha venido reconociendo que la banca y la economía española tienen problemas de liquidez, pero nunca de solvencia, como si de realidades ajenas se tratara. Ahora se invoca la transparencia contable con ánimo de demostrar dicha solvencia, a la vez que se soslayan los factores que transforman la iliquidez en insolvencia. Estos factores tienen que ver con la capacidad y el instrumental de que disponen los estados para acometer sus obligaciones de pago y con la valoración del activo de las empresas.
Es la propia normativa de la UE la que ha generado la crisis de la deuda pública que la atenaza, al unir la capacidad de gasto y endeudamiento de los estados con su incapacidad para emitir moneda con la que hacer frente a sus obligaciones de pago. Y al limitar la posibilidad de rembolsar la deuda pública a la obtención de ingresos tributarios, es lógico que surgieran dudas sobre la solvencia de aquellos estados que más vieron dispararse su deuda y recortarse sus ingresos con motivo de la crisis.
Pero no es la deuda pública, sino la privada –mucho más elevada y concentrada en el ladrillo– la que empaña la credibilidad de la economía española. Solamente la deuda hipotecaria de la economía española supera el billón de euros, doblando el importe de la deuda publica. La parte de esa deuda que soportan los hogares aguanta relativamente bien, pero no ocurre lo mismo con los préstamos a las empresas promotoras y constructoras (que en nuestro país triplican a los concedidos a la industria). Es aquí donde aumentaron notablemente la morosidad y los impagos, induciendo a la banca a refinanciar deudas y a quedarse con promociones de empresas en crisis. Si se suma al crédito concedido al sector el importe de los inmuebles que pasaron a ser propiedad de la banca, se observa que esta, en vez de reducir, ha ampliado sus riesgos asociados a la promoción inmobiliaria. Con unos precios inmobiliarios cuya caída se prolonga desde hace más de tres años, ya va siendo hora de reconocer que los problemas de iliquidez han mudado en insolvencia para buena parte de las empresas del sector y de revisar la política de refinanciación y acumulación de inmuebles que ha venido demorando el ajuste inmobiliario y agravando los problemas de la banca.
José Manuel Naredo es economista y estadístico
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