Traficantes de personas en México utilizan mujeres centroamericanas con permisos oficiales de residencia para captar a emigrantes refugiados en albergues cercanos a la frontera sur y llevarlos a la línea divisoria con Estados Unidos.
De acuerdo con las denuncias del párroco Flor María Rigoni, estas féminas obtienen permisos del Instituto Nacional de Migración (INM) para establecerse y acceder así a los refugiados.
Sin embargo, el titular de dicha entidad, Salvador Beltrán del Río, aseveró que actualmente se observan avances en el combate de las prácticas de corrupción al interior del INM, aunque reconoció que cada vez hay nuevas rutas para el traslado ilegal de personas.
Al respecto, precisó que la mayoría de los indocumentados se concentran en Centroamérica, región por donde inician su ruta para llegar a México desde lugares tan distantes como Asia o África.
El director del albergue Belén en Tapachula, ubicado en el estado de Chiapas, afirmó que los llamados "polleros" cobran entre seis mil 500 a siete mil dólares por trasladar a los inmigrantes desde Ciudad Hidalgo hasta alguna ciudad cercana a la frontera norte.
Precisó que entre los peligros sobresalen el secuestro y la extorsión para que los familiares paguen un rescate, acción en la que muchas veces utilizan celulares mexicanos y estadounidenses en territorio nacional cercano a la frontera, para hacer creer que ya su ser querido cruzó la línea divisoria.
El sacerdote expresó que los emigrantes llegan a México por diversos motivos: buscar trabajo y estabilidad social, huir de la persecución política, la violencia y el poderío que tienen las llamadas "gangas" o pandillas, como las maras.
Organizaciones de la sociedad civil denuncian a diario el secuestro y abuso de inmigrantes, fenómeno que requiere la atención de todas las autoridades migratorias y las vinculadas con la seguridad pública, afirmó Raúl Plascencia, titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Según reportes de esta institución, el 25 por ciento de los secuestros a indocumentados que ocurren en México se registran en el estado de Tabasco, delito que del segundo semestre de 2010 a la fecha contabiliza 10 mil casos.
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