El hijo de Ángeles falleció hace dos años. Se tragó una espina. Se sentía mal y tosía sangre, pero nadie supo verlo. Fue al médico varias veces. No sirvió de nada. Finalmente, a los pocos días, murió. La familia ha ganado el juicio contra los servicios sanitarios de Madrid. Ha recibido cerca de 200.000 euros, pero no es suficiente. Nadie podrá devolverles a su hijo. Tampoco los 781.727 euros que la familia de Adela Pérez recibió tras la sentencia a su favor podrán devolverle la consciencia. Se encuentra en estado vegetativo por un error médico. Le dolía la muñeca y pasó por el quirófano para hacerse una biopsia y averiguar por qué. Se equivocaron en la anestesia. En lugar de axilar le pusieron general. Nunca despertó.
Son sólo dos de los cientos de casos de negligencia sanitaria que se producen cada año en España. No existen datos oficiales. No hay ningún organismo estatal de protección de los pacientes. Sólo algunas comunidades, como Madrid, tienen un Defensor del Paciente. Éste, sin embargo, apenas tiene margen de maniobra. Se limita a ofrecer información sobre acciones legales.
Las asociaciones de pacientes -que intentan llenar ese vacío- sí llevan su propio recuento. La Asociación de Víctimas de Negligencias Sanitarias (Avinesa), por ejemplo, saca adelante unos 200 casos al año. Llamadas tienen miles. "Recibimos unas 30 consultas al día", explica su presidenta, María Antonia Moral. Otra, la asociación El Defensor del Paciente, que computa todas sus consultas, contabilizó el año pasado año 12.276 casos de supuestas negligencias. Más de 500 con resultado de muerte. "En 2008, sólo en Madrid, ganamos 39 sentencias", explica Carmen Flores, su presidenta. El Consejo General de Enfermería calcula que en los últimos nueve años se han registrado en España 1.422 negligencias mortales en los que se han visto implicados sanitarios.
Una región que registra cientos de demandas -por su población y por contar con varios centros de referencia- es Madrid. Su servicio de salud recibió el año pasado 72 sentencias condenatorias en reclamaciones patrimoniales (indemnizaciones). Pagó por ellas 3,53 millones de euros, según sus datos. El 99% lo cubrió la póliza del seguro que contratan todas las comunidades para hacer frente a posibles responsabilidades. Además, recibió 623 demandas que aún están por resolver.
Y es que estos procesos son largos. De ahí que muchos prefieran llegar a un acuerdo extrajudicial antes que pasar meses o años de litigios. "A veces vale más un mal acuerdo que un buen juicio", reconoce el abogado de Avinesa Rafael Martín Bueno. "Si el acuerdo extrajudicial se acerca a lo solicitado es preferible coger el dinero y no esperar a la sentencia, que suele tardar años", añade. En 2008, Bueno alcanzó 15 de estos acuerdos.
"Llevo 20 años en esto y las reclamaciones han sido siempre una constante, aunque se producen picos cuando hay noticias de negligencias", explica Antonio Navarro, abogado de El Defensor del Paciente. Su experiencia profesional, en Madrid, le dice que cada vez se llega a menos acuerdos extrajudiciales y que, a la vez, los tribunales rebajan las indemnizaciones para "desincentivar" a posibles reclamantes.
Algunos errores sanitarios, como el que provocó la muerte de Ryan, llegan a los medios de comunicación. Pero hay muchas otras negligencias, asegura Martín Bueno, que jamás ven la luz. Éstas, al menos, han llegado a los juzgados.
JUAN DÍAZ Diez horas olvidado en urgencias
Era la primera vez que Juan Díaz, de 73 años, se fatigaba. Era fiesta -Primero de Mayo de 2006- y estaba en su casa del barrio del Pilar (Madrid), cuando empezó a notar que respiraba mal. Su familia se preocupó. Era diabético, pero por lo demás estaba sanísimo. "Se miraba mucho", dice su hija, María del Mar. Decidieron llevarle a urgencias del hospital de La Paz. Allí le hicieron varias pruebas: una gasometría, un análisis de sangre. Era tarde, así que el médico dijo a la familia que lo dejaban en observación y que se fueran a casa a dormir. Se despidieron. "Pensé: casi mejor, así se aseguran que está bien", recuerda. Volvieron a las once de la mañana, en la hora de visitas. María del Mar se iba acercando a su cama, una más de la treintena que había en la sala, preguntando: "¿Qué tal has pasado la noche, papá?". No contestaba. Al llegar a su lado, lo encontró frío, con los ojos y la boca abiertos, la dentadura postiza fuera y la mascarilla de oxígeno caída. "¡Mi padre no responde!", gritó. "Llegó un médico y se lo llevó corriendo. '¡Vamos a reanimación!', decía. Yo le dije: 'Que sepas que te llevas a mi padre muerto'. Hicieron el paripé". Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid del 15 de junio condena a la Consejería de Sanidad madrileña a indemnizar con 9.000 euros a la familia de Juan. El informe pericial reza: "Es incomprensible la ausencia de todo tratamiento farmacológico a la vista del análisis y un juicio diagnóstico de patología cardiaca con insuficiencia respiratoria". Y concluye: "No ha existido tratamiento". El tribunal que juzgó el caso pidió documentación (órdenes de tratamiento, hojas de evolución, partes de enfermería...) al hospital. No recibió nada. El tribunal concluye que no hubo tratamiento alguno. María del Mar se emociona al recordar: "Se les olvidó que mi padre estaba allí. No le dieron ni una sola pastilla. Me lo encontré muerto, con los ojos abiertos, sin vida. Allí había médicos, enfermeras, y nadie se acercó a verle".
CARMEN FRANCIA La sonda le atravesó el pulmón
Han pasado cuatro años, pero Francisco Hernández, de 55, afirma que no se va a dar por vencido. Su madre, Carmen Francia, murió en 2005, a los 83 años, después de que le colocaran una sonda nasogástrica en el hospital de La Paz. "Es algo que le debo a mi madre y a mí mismo", dice, sobre el juicio que no llega. A diferencia de la mayoría de negligencias, él ha llevado el caso por vía penal. La médica que trató a su madre se enfrenta a un posible delito de homicidio por imprudencia grave. Carmen llevaba un año viviendo en la residencia Adavir de San Agustín de Guadalix, desde que un ictus cerebral la dejó medio paralizada.
Una tarde se le salió la sonda nasogástrica por donde la alimentaban. En la residencia no pudieron volver a colocársela y la llevaron a urgencias de La Paz. Según relata su hijo Francisco, cuando salió de alta, con la sonda puesta, tenía muy mal aspecto. "Hijo, hijo, me duele el hierrito", recuerda que le decía.
De vuelta en la residencia, sufrió dos paros cardiacos. Falleció dos días después. Esa noche, Francisco no pudo dormir. Le rondaba la idea de que había pasado algo raro. Lo supo después: "La sonda le atravesó el pulmón". El caso está parado desde octubre de 2007, a la espera de que el fiscal redacte su escrito de acusación. En esa fecha, el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid dictó un auto en el que explica que "uno de los riesgos característicos de este tipo de sondas es la posibilidad de que se introduzcan por vía respiratoria en lugar de por la vía gástrica". Se deben hacer comprobaciones, añade, para verificarlo. Entre ellas, una radiografía de tórax que examinó la médica denunciada. "Bien por desatención o por impericia no advirtió lo que cualquier médico hubiera apreciado", asegura el auto.
Carmen falleció, añade, "debido a las complicaciones cardiorrespiratorias derivadas de la injerencia pulmonar de la sonda". Francisco asegura que los médicos advirtieron el error cuando su madre volvió a urgencias tras las paradas cardiacas: "Nos lo ocultaron. Si al menos hubieran salido a reconocer el error. Fue una cobardía tremenda".
ROBERTO RIVAS La gastritis era un infarto
Era un hombre fuerte. Sano. Con muy buen humor. Así describe a Roberto Rivas su hija mayor, Marian. Llora cuando habla de él. Murió hace cuatro años después de que, a pesar de los síntomas, no le detectasen un infarto. Su agonía duró dos días. Tenía 58 años. Una mañana, muy temprano, empezó a sentirse mal. Tenía una quesería artesanal y ganado. Empezó a dolerle mucho la parte de arriba del estómago, a ponerse pálido y a sudar. Dejó a los animales inmediatamente y se fue a urgencias. Allí le atendió un médico residente de primer año de la especialidad de nefrología. Le mandó análisis y una radiografía de abdomen y le diagnosticó una gastritis. Marian se enerva sólo de pensarlo. Ella misma es médica. Trabaja en urgencias y emergencias en Jaén. "No cumplieron el protocolo de dolor torácico que dice que debe incluirse también el epigástrico [parte superior del abdomen] como posible síntoma de una crisis coronaria", explica. No le hicieron placas. Tampoco un electrocardiograma. Le enviaron a casa con una receta de protector gástrico y un nolotil. De madrugada, el dolor era tan fuerte que tuvo que volver a urgencias. "Estaba tan mal que le decía a mi hermano que se saltara los semáforos. No aguantaba", cuenta Marian con la voz temblorosa.
De vuelta al Virgen de las Nieves de Granada le atendió una médica residente de tercer año de medicina de familia. Esta vez sí le hicieron un electro. "Lo lee y no sabe ver el infarto. Tampoco pide más pruebas con la excusa de que ya se las habían hecho por la mañana. Era mentira", dice su hija. Le diagnosticaron gastroenteritis aguda. Y no tenía diarrea. Le dieron paracetamol, un protector estomacal y varios ansiolíticos. "Decían que estaba muy nervioso, pero lo que estaba es agónico. Por el amor de Dios, le estaba dando un infarto", se lamenta Marian, que cuenta que, al verle tan mal, su hermano insistió en que podía ser algo de corazón. "No nos hicieron caso", se queja. Ella no pudo estar en el hospital. Por aquella época vivía en Reino Unido.
Ya por la mañana y después de haber estado toda la noche en un sillón, otro residente se hizo cargo de él. "Fue el primero al que se le ocurrió que podía ser un infarto", dice Marian. Pidió otro electro que la enfermera le hizo a las 10.30. Pero no se lo entregó a ningún médico. Una hora después, Roberto entró en parada cardiaca y falleció. El hospital abrió una investigación interna y la familia presentó una demanda. Según el juez, el hospital y el servicio de salud cometieron un error de diagnóstico. "La indemnización, 104.000 euros, no nos devolverá a mi padre", dice Marian. Ahora intentan que se resuelva su denuncia por la vía penal.
BRIAN La leche en vena le envenenó
Brian, un bebé prematuro de 16 días, murió como Ryan. Ocurrió en diciembre de 2000. Un enfermero, que el día anterior se había estrenado en la unidad de neonatos del hospital de La Candelaria (Tenerife), le suministró leche por vía intravenosa, en lugar de por la sonda nasogástrica. "La forense me aseguró que una sola gota de la leche en sangre era suficiente para matarlo", dice Chaxiraxi Afonso. Sigue opinando lo mismo nueve años después: que a su hijo lo mataron y que el autor no pagó por ello (en realidad, no fue a la cárcel por carecer de antecedentes y caerle un año de prisión por un homicidio involuntario). "Lo que muchos ven como un error, yo lo veo como un asesinato". La muerte de Ryan ha hecho revivir su caso, un agujero del que le ha costado salir. Hoy intenta rehacer su matrimonio y se consuela en la sonrisa de su hijo de seis años, hincha del Real Madrid, ajeno al sufrimiento de su madre. Chaxi cobró 115.000 euros como indemnización. Y critica con rabia: contra el tratamiento deshumanizado de los médicos y enfermeros -"sólo la forense me explicó lo que había ocurrido", dice-, contra la lentitud de la justicia y su benevolencia para con quien mató a su hijo y contra los abogados -"en el juicio me dijeron que no se puede querer igual a un recién nacido que a un niño de seis años"-. Esta familia chicharrera no olvida en sus críticas al colectivo de enfermeros: "¿Con qué formación se sale para que no haya distinguido una nariz de un brazo?". Y, por supuesto, al autor material, que este verano podría reintegrarse a su puesto de trabajo al extinguirse la inhabilitación.
