Washington insistió en que los documentos, fechados entre 2002 y 2009, originalmente publicados por Wikileaks y luego por los periódicos The New York Times, de Estados Unidos, y El País, de España, dibujan una incompleta y desfasada imagen de cómo es la vida en ese campo de detención que marcó la relación del ex presidente del país norteamericano George W. Bush con el resto del mundo y cuyo cierre, prometido por Obama, nunca llegó. El mandatario firmó la orden de clausura de Guantánamo en enero de 2010, pero la cárcel continúa en funcionamiento. Aún permanecen 172 hombres encerrados, de los 779 que han pasado por allí desde que el lugar fue establecido, en 2002.
Sin embargo, la administración Obama continúa virando su postura hacia la línea Bush. El diario británico The Independent citó un fragmento de un comunicado emitido por el Pentágono en el que el gobierno sostiene la postura de lidiar con las personas detenidas y trasladadas a la prisión en territorio cubano por el solo hecho de considerarlos “combatientes enemigos”. A modo de condena de los cables difundidos por Wikileaks, el mensaje rezó: “Tanto la anterior administración como la actual se esforzaron en actuar con sumo cuidado y diligencia en transferir a los detenidos desde Guantánamo. La administración previa a Obama trasladó a 537 presos; hasta la fecha, el gobierno de Obama hizo lo mismo con 67. La prioridad de ambas administraciones fue la protección de los ciudadanos estadounidenses, y nos preocupa que la desclasificación de estos documentos pudiera dañar esos esfuerzos”.
Los informes revelan cómo Estados Unidos evaluó a cada preso dependiendo del peligro que consideraban que ellos implicaban al país, de sus supuestos vínculos con Al Qaida, el régimen talibán o algún otro grupo extremista, o de la cantidad y calidad de su cooperación con las fuerzas estadounidenses. Según informó El País, los detenidos en Guantánamo se categorizaban según una escala de tres niveles de peligrosidad, en la que el más alto plantea tan sólo una probabilidad. La evaluación estaba basada mayoritariamente en conjeturas, sospechas o delaciones de otros presos sometidos a torturas.
Existen prontuarios de prisioneros que cometieron graves delitos, como el de Khalid Hhaikh Mohammed, uno de los presuntos planificadores del atentado a las Torres Gemelas en 2001. Pero también los hay de maestros, granjeros y periodistas que poco tienen que ver con actividades terroristas. El estudio minucioso de los perfiles y los datos con que las fuerzas estadounidenses los elaboraron confirman que la cárcel fue, por lo menos durante esos años, tan sólo un depósito de personas brutalmente maltratadas.
De los más de 700 presos cuyos perfiles fueron revelados, 89 no suponían riesgo alguno para la seguridad del país, afirmaban los documentos difundidos por Wikileaks, en tanto que Estados Unidos reconoció que es “improbable que otros 77 sean una amenaza para la nación o sus aliados”, reescribió el diario español. Por si fuera poco, los informes permiten concluir que el 20 por ciento de los detenidos, cuya información fue desclasificada, “fue conducido al penal de forma arbitraria”, apuntó el medio.
El caso de un hombre identificado como Sharbat, detenido en mayo de 2003 en Afganistán, es citado en este sentido por The New York Times: “El hombre negó estar involucrado con la explosión de una bomba y se identificó como un pastor. Los interrogadores de Guantánamo dieron por válido su testimonio debido a sus conocimientos sobre animales y su ignorancia en torno de estrategias militares básicas. Un tribunal militar lo declaró ‘combatiente enemigo’, de todos modos, y no fue liberado hasta 2006”.
El Pentágono aseguró ayer que el sistema que reflejan los cables desclasificados fue abandonado en pos de uno más adecuado que no aparece en los documentos debido a que su aplicación se llevó a cabo luego de 2009. El mes pasado, tras dos meses de suspenso en los tribunales militares de Guantánamo, la administración aseguró que volverían a trabajar.
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