La Paz, 27 abr (PL) El fiscal general de Bolivia, Mario Uribe, confirmó aquí que su colega Marcelo Soza retoma la investigación del caso de la célula terrorista neutralizada en abril de 2009.
Soza había presentado el pasado lunes su renuncia por irregularidades en ese proceso que implica a 39 acusados, pero Uribe le ratificó su confianza.
La máxima autoridad del Ministerio Público explicó que la renuncia del fiscal Soza fue rechazada por carecer de base legal y de argumentos suficientes.
En ese sentido, Uribe conminó a Soza a seguir su trabajo, que se encuentra en la fase de la audiencia conclusiva.
Soza se apartó de la investigación de la banda de mercenarios que pretendía dividir Bolivia debido a las constantes campañas de desprestigio en su contra.
El magistrado también señaló amenazas anónimas hacia su persona y su familia, recibidas durante dos años, las cuales se agudizaron con la presentación de la acusación.
Confirmó la existencia de un grupo armado con conexiones internacionales contratado por operadores locales para atentar contra la integridad territorial de Bolivia y promover un quiebre institucional.
Soza asumió la investigación del caso separatismo en abril de 2009, luego de desbaratar la Policía al grupo liderado por el croata-boliviano Eduardo Rozsa Flores, abatido el 16 de en una acción que significó el desmoronamiento de la oposición boliviana.
En la operación junto a Rózsa Flores, murieron además Michael Dwyer y Árpad Magyarosi, mientras detuvieron a Mario Tadic y al húngaro Elot Toaso.
El pasado 11 de abril comenzó la vista pública en la Corte de Justicia de Cochabamba.
Desde la primera jornada de la audiencia, la Policía veló por la seguridad de los detenidos que llegaron de La Paz, Santa Cruz y Beni para evitar situaciones incómodas, al tratase de un proceso de seguridad nacional.
A partir de la apertura del proceso, las investigaciones dirigidas por el fiscal Soza se encaminaron a agrupar la información encontrada en la computadora y en los papeles de Rozsa Flores.
La célula terrorista pretendía invertir 20 millones de dólares en comprar armas altamente destructivas, como misiles, para encender una guerra civil en Bolivia.
Los mercenarios perseguían además tomar la Octava División de Ejército, en el departamento de Santa Cruz, y desencadenar una revuelta con el magnicidio del presidente Evo Morales.
En el grupo irregular había personas con ciertas especialidades como el combate cuerpo a cuerpo, manejo de armas e inteligencia.
También hallaron evidencias de que Rozsa Flores mantenía contacto con la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos.
Soza había presentado el pasado lunes su renuncia por irregularidades en ese proceso que implica a 39 acusados, pero Uribe le ratificó su confianza.
La máxima autoridad del Ministerio Público explicó que la renuncia del fiscal Soza fue rechazada por carecer de base legal y de argumentos suficientes.
En ese sentido, Uribe conminó a Soza a seguir su trabajo, que se encuentra en la fase de la audiencia conclusiva.
Soza se apartó de la investigación de la banda de mercenarios que pretendía dividir Bolivia debido a las constantes campañas de desprestigio en su contra.
El magistrado también señaló amenazas anónimas hacia su persona y su familia, recibidas durante dos años, las cuales se agudizaron con la presentación de la acusación.
Confirmó la existencia de un grupo armado con conexiones internacionales contratado por operadores locales para atentar contra la integridad territorial de Bolivia y promover un quiebre institucional.
Soza asumió la investigación del caso separatismo en abril de 2009, luego de desbaratar la Policía al grupo liderado por el croata-boliviano Eduardo Rozsa Flores, abatido el 16 de en una acción que significó el desmoronamiento de la oposición boliviana.
En la operación junto a Rózsa Flores, murieron además Michael Dwyer y Árpad Magyarosi, mientras detuvieron a Mario Tadic y al húngaro Elot Toaso.
El pasado 11 de abril comenzó la vista pública en la Corte de Justicia de Cochabamba.
Desde la primera jornada de la audiencia, la Policía veló por la seguridad de los detenidos que llegaron de La Paz, Santa Cruz y Beni para evitar situaciones incómodas, al tratase de un proceso de seguridad nacional.
A partir de la apertura del proceso, las investigaciones dirigidas por el fiscal Soza se encaminaron a agrupar la información encontrada en la computadora y en los papeles de Rozsa Flores.
La célula terrorista pretendía invertir 20 millones de dólares en comprar armas altamente destructivas, como misiles, para encender una guerra civil en Bolivia.
Los mercenarios perseguían además tomar la Octava División de Ejército, en el departamento de Santa Cruz, y desencadenar una revuelta con el magnicidio del presidente Evo Morales.
En el grupo irregular había personas con ciertas especialidades como el combate cuerpo a cuerpo, manejo de armas e inteligencia.
También hallaron evidencias de que Rozsa Flores mantenía contacto con la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos.
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