Alejandro Hernández recibió la noticia en Puerto Rico: "Me dijeron que el Gobernador de Illinois tumbó la pena de muerte, y a mí me llenó de satisfacción. Sé que aún quedaban quince presos en el 'corredor'. Pensar que alguno de ellos podía ser inocente, como lo era yo, me llenaba de angustia y preocupación".
Casi doce años estuvo Alejandro Hernández esperando la cita fatídica con la inyección letal por el asesinato y violación de una niña de 10 años, Jenanine Nicarico.
Fue juzgado tres veces junto a su viejo amigo Rolando Cruz, y condenado pese a la falta de pruebas y a la confesión del auténtico asesino, Brian Dugan. No recuperó la libertad hasta 1995, gracias a la prueba del ADN y a la persistencia de un grupo de abogados y estudiantes de la Northwestern University.
"Lo peor de nuestro caso es que sabían que éramos inocentes, pero querían ejecutarnos", asegura Hernández a sus 47 años, en conversación telefónica con ELMUNDO.es desde Puerto Rico. "Lo hicieron a propósito, fabricando pruebas, comprando testigos, predisponiéndonos a uno contra el otro".
"No hay dinero, ni manera humana de pagar todo lo que hicieron en esos doce años", confiesa Hernández. "Me rompieron los dedos, pasé por momentos muy duros en el corredor, aún hoy tengo pesadillas por todo aquello y no he podido llevar una vida normal".
Hernández ha vuelto con su familia a Puerto Rico para operarse precisamente de un tumor cerebral. La madre, Haidé Extremera, está convencida de que todo lo que ocurre es consecuencia de 'aquello': "Mi hijo nunca volvió a ser el mismo, le robaron los mejores años. Nos los robaron a todos... Imagínate lo que se siente cuando el fiscal te dice: "Sea culpable o no, vamos a ejecutar a su hijo. Les daba completamente igual matar inocentes".
Tres fiscales y cuatro detectives del condado de DuPage fueron acusados tiempo después de 47 cargos de perjurio, obstrucción de la justicia y 'fabricación' de pruebas.
Sobre sus espaldas pesaban la mayoría de los 13 exonerados consecutivos del corredor de la muerte por la prueba del ADN. Al último de ellos, Anthony Porter, le salvó la campana cuando faltaban 50 horas para su ejecución...
Los casos de Porter, Cruz y Hernández fueron decisivos para que el entonces gobernador de Illinois, George Ryan, decretara en el año 2000 una moratoria temporal de la pena de muerte. El nuevo gobernador, Pat Quine, ha dado ahora un paso más allá y ha decidido la abolición total: "Nuestro sistema está roto, y no podemos asegurar que en todos los casos se haga justicia".
"Los asesinos y los 'depredadores' sexuales merecen un castigo ejemplar, pero la vida sólo puede quitarla Dios", declara Alejandro Hernández, volviendo la vista atrás. "Muchas veces llamó la muerte a mi puerta, pero estoy seguro de que Él también intervino para salvarme. Y estoy convencido de una cosa: La verdad siempre sale a flote".
Salvados gracias al ADN
En su caso y en el de Rolando Cruz -los primeros de una larga serie que hizo temblar los pilares de la justicia de Illinois-, las maquinaciones del fiscal Thomas Knight fueron de película desde el momento del crimen, en 1983. Un detective que investigaba el caso dimitió y acusó directamente al fiscal de "estar fabricando pruebas contra dos hombres inocentes".
Aun así, el testimonio de varios agentes fue suficiente para condenarles no sólo una sino dos y tres veces, hasta que finalmente la prueba del ADN demostró que ninguno de los dos guardaba relación con la evidencia recogida en la víctima.
Hernández y Cruz salieron del corredor de la muerte en 1995 y recibieron 3,5 millones de dólares de 'compensación' (compartidos con un tercer inculpado). Aunque los dos han arrimado el ascua a otros exonerados y han sido muy activos en la campaña de la Northwestern University contra la pena de muerte, no han vuelto a cruzar sus caminos desde entonces (Cruz vive actualmente en Wisconsin).
El destino volvió sin embargo a unirles mucho tiempo después, en 2009, cuando un jurado encontró culpable del crimen que se les imputaba a Brian Dugan, acusado de otros dos asesinatos similares. Entonces como ahora, tras la abolición de la pena capital, Hernández se siente hasta cierto punto 'vindicado', "aunque lo que sufrí estando tantos años preso nadie me lo puede quitar".
Desde 1973, un total de 130 reos han salido del corredor de la muerte en Estados Unidos, veinte de ellos en Illinois. El estado que encabeza el ranking es sin embargo Florida, con 23 exonerados (entre ellos, el español José Joaquín Martínez). El ojo del huracán está ahora en Texas, con algunos de los casos más recientes, junto a Oklahoma y Arizona.
Illinois hace el número 16 en la lista de estados 'abolicionistas', el cuarto en la última década.
Con 46 ejecuciones en el último año, el número de ejecuciones en EEUU se ha reducido también a más de la mitad en el mismo período. "La tendencia nacional es a abandonar paulatinamente la pena capital", afirma Richard Dieter, al frente del Death Penalty Information Center de Washington. "Hoy por hoy, casi todas las ejecuciones están concentran en los estados del sur".
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