Desde la aprobación de la Ley Sinde (PDF) en el Congreso -y mucho antes, con sentencias que ya cuestionaban las limitaciones legales de la persecución y cierre de las páginas de enlaces- la batalla entre los promotores de la norma y sus detractores se libra en los tribunales.
Los últimos compases de la diatriba judicial entre derechos de autor y libertad de expresión han acabado con una condena parcial -la Audiencia de Barcelona considera que enlazar a un archivo P2P no es "comunicación pública" de obras protegidas pero enlazar a descargas directas sí lo es- y el bloqueo por parte de un fiscal de Estados Unidos, este mismo jueves, del foro de descargas 'exvagos.es'. No se trata, ni mucho menos, del final de la pugna judicial. Causas y recursos pendientes de resolución se acumulan en los tribunales mientras la Ley Sinde desarrolla sus normas para empezar a aplicarse de facto.
Tras la decisión del ejecutivo y el visto bueno, tras idas y venidas, del legislativo, le toca al poder judicial tomar la palabra (o aplicarla). Para afrontar el reto, el Colegio de Abogados de Barcelona ha celebrado unas jornadas de debate sobre el articulado antidescargas incluido en la Ley de Economía Sostenible. Durante dos jornadas, la eficacia y la legalidad de la normativa ha sido puesta en duda por jueces, abogados y expertos de diversos sectores implicados.
Las mil y una maneras de sortear la normativa
El decano del Colegio de Ingenieros Informáticos de Barcelona, Albano Sánchez-Osorio; la abogada de la Asociación de Internautas, Ofelia Tejerina; y el abogado de Private Media Group, Jorge Sánchez, argumentaron el porqué de la ineficacia de la norma desde tres puntos de vista en la segunda jornada de debate, celebrada este miércoles en Barcelona. El primero recordó el dicho: no se pueden poner puertas al campo; y la evidencia: la jurisdicción española solo puede actuar contra servidores que estén en territorio español. Basta con mover el chiringuito. La segunda se puso práctica y advirtió: "Fórmulas de descarga va a haber 100.000", si no es a través de páginas o foros, distribuyendo enlaces en listas de correo u otros métodos.
El tercero, representante de la productora y distribuidora de contenidos para adultos, admitió que su adaptación a los nuevos tiempos tiene mucho de "palo y zanahoria": mientras buscan otros modelos de explotación (el 50% de su facturación llega ya de la distribución por internet), tienen un departamento que rastrea la red para hallar 'piratas' de sus contenidos. En la mayoría de esos casos, cuenta, se aplica el "conocimiento efectivo": se avisa al propietario de la web de que ese contenido está protegido y lo retiran. La Ley Sinde incluye también un mecanismo previo de aviso y petición de retirada del contenido así que, concluye, "no aporta nada nuevo".
Justicia 'fast food' al nivel de la seguridad nacional
El abogado Martí Manent, fundador de derecho.com, plantea un problema de proporcionalidad en la ley: "Sitúa la propiedad intelectual al nivel de la seguridad nacional", permitiendo la interferencia en las comunicaciones privadas, un mecanismo reservado, hasta ahora, a grandes temas de Estado. Y compara la celeridad del proceso -prevé el bloqueo o cierre de webs en un máximo de 10 días)- con la lentitud de la justicia para el resto de los mortales.
'Sitúa la propiedad intelectual al nivel de la seguridad nacional', advierte el abogado Martí Manent
Manent fue el primero en recuperar la metáfora de los tomates instaurada por Javier Bardem para defender la norma impulsada por la Ministra de Cultura ("¿No le molestaría que le robaran los tomates de su huerto?"). "Si me los robaran, me gustaría tener la misma capacidad para recuperarlos que otorga la ley a los gestores de derechos de autor", responde el abogado.
Huelga a la japonesa o instancias para todos
Pero la batalla jurídica es solo una "medida de contención", en palabras del abogado Josep Jover. Sabe de lo que habla. Venció a la SGAE la lucha contra el canon digital como representante de la empresa Padawan. Pese a ese éxito, advierte que el camino no está solo en los tribunales.
Por eso surgieron otros medios de presión como la campaña #No les votes, que reclama un castigo a PP, PSOE y CiU en las elecciones municipales por haber dado luz verde a la Ley Sinde y que ha acabado convirtiéndose en un movimiento en la red contra el sistema político actual. Carlos Sánchez Almeida, abogado, autor del blog Jaque Perpetuo y una de las personas más activas en la defensa de la libertad de intercambio en la red, adelantó un nuevo camino de protesta, una especie de huelga a la japonesa. Colgarán en la red un formulario de instancia para que cualquier ciudadano pueda pedir a la sección segunda -el órgano administrativo que recoge las demandas por descarga de archivos- que retire contenidos provenientes de sus redes sociales, blogs o páginas personales que aparezcan en los medios de comunicación. "Tendrán que atender las demandas por riguroso orden de llegada", adelantó malicioso el abogado.
Las 200 páginas web que la SGAE convirtió en objetivos a tumbar 'van a morir matando', advirtió Sánchez Almeida
El debate tuvo su 'hashtag' en twitter, #mucguffin, un término que en cine se utiliza para distraer la atención del espectador. Sánchez Almeida lo sacó de la chistera para alertar sobre el desvío de atención en este asunto de la Ley Sinde. Lo más importante de la Ley de Economía Sostenible, que también incluía otros apartados como el aumento de la vida útil de las centrales nucleares, no son las medidas antidescargas. Y la lucha real es por las audiencias, no por la propiedad intelectual.
Las 200 páginas web que la SGAE convirtió en objetivos a tumbar "van a morir matando, se van a llevar por delante a toda la clase política", advirtió.
Xavier Parache, ex director de Fomento del Institut Català de Indústries Culturals (ICIC), dio datos: las marcas invirtieron 3.000 millones de euros en publicidad en televisión. Y un augurio: la fusión de televisión e internet en canales patrocinados por grandes marcas comerciales. Prepárense para una NestléTv.
Todos ellos, abogados, técnicos y expertos, estuvieron de acuerdo en la necesidad de un cambio en el modelo de negocio. "Si no vendes tomates, haz malabares con ellos y vende el show", argumentó Ofelia Tejerina. O, dicho de otra manera, que la industria se adapte al cliente y no al contrario.
Y los partidos que apoyaron la Ley Sinde en el Senado y el congreso, ¿qué tienen que decir de todo esto? Según Rodolfo Tesone, presidente de la sección de Derecho de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, organizadora de este debate, PP, PSOE y CiU declinaron la invitación.
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