El choque de trenes entre el PSOE y los socialistas catalanes a cuenta del Tribunal Constitucional lleva camino de hacerse inevitable. El presidente de la Generalitat, José Montilla, minimizó ayer la oposición de José Luis Rodríguez Zapatero a renovar ahora el alto tribunal y dio por hechos estos cambios en la institución que debe dictaminar sobre el Estatuto. "Habrá renovación del TC y además la ley se modificará porque es de sentido común y es cumplir con las reglas de juego", dijo Montilla en el Parlamento catalán.
El PSC mantiene su pulso con el PSOE porque entiende que, aunque los cambios que piden difícilmente tendrán una repercusión práctica sobre el Estatuto, sí son imprescindibles para la unidad política en Cataluña para defender la carta autonómica. La dirección del PSC está convencida de que la sangre no llegará al río, pero no piensan aflojar ahora que la amenaza de recorte del Estatuto está más vigente que nunca y que las elecciones autonómicas está a la vuelta de la esquina.
Por todo esto, el PSC busca argumentos para forzar un cambio de posición en el PSOE, al que ven divido entre unas bases decididas a emprender reformas y una dirección atenazada por los bloqueos del PP. El viceprimer secretario de los socialistas catalanes y miembro de la ejecutiva del PSOE, Miquel Iceta, recordó que cuando se modificó la ley del alto tribunal para permitir la ampliación del mandato de su presidenta, María Emilia Casas, "tampoco era el momento" de acometer la reforma, ya que la institución estaba ya deliberando sobre el Estatuto. Por eso los socialistas catalanes tienen esperanzas en las negociaciones políticas más que legales. "La política encuentra caminos para resolver problemas que a veces no son los que querría", dijo Iceta. El PSC también halla explicación a la negativa de Zapatero a emprender los cambios. Según Iceta, al presidente "le gustaría que este debate no se produjera porque el Constitucional se hubiera renovado cuando tocaba".
El Parlamento catalán votará hoy finalmente la resolución que pide la renovación del Constitucional y los cambios legales. Finalmente, la votarán los tres partidos del tripartito y CiU, o lo que es lo mismo: el 88% de los diputados de la Cámara. Montilla y Artur Mas cerraron ayer el acuerdo mientras Esquerra Republicana se mantiene recelosa y, aunque la votará, se niega a suscribirla. Todos los partidos ven en ello una posición electoralista de la formación de Joan Puigcercós, ávida de de afilar su perfil independentista en un momento en que las encuestas le son desfavorables.
Pero a los socialistas catalanes no les será fácil mantener el órdago hasta sus últimas consecuencias. La petición de reformar la ley del Constitucional para apartar a los magistrados que hayan agotado mandato se debatirá en el Senado, donde el PSC tiene grupo propio, pero Mas ya avanzó ayer que esto también se discuta en el Congreso, donde los 25 diputados del PSC forman parte del grupo del PSOE. En plena precampaña electoral, CiU buscará tensar las cuerdas de la familia socialista. Mas lanzó ayer una frase premonitoria: "Los partidos estatales deben saber que Cataluña está dispuesta a defenderse e incluso a pasar a la ofensiva". Montilla, por si acaso, le ha pedido una reunión a Mariano Rajoy.
El PSC mantiene su pulso con el PSOE porque entiende que, aunque los cambios que piden difícilmente tendrán una repercusión práctica sobre el Estatuto, sí son imprescindibles para la unidad política en Cataluña para defender la carta autonómica. La dirección del PSC está convencida de que la sangre no llegará al río, pero no piensan aflojar ahora que la amenaza de recorte del Estatuto está más vigente que nunca y que las elecciones autonómicas está a la vuelta de la esquina.
Por todo esto, el PSC busca argumentos para forzar un cambio de posición en el PSOE, al que ven divido entre unas bases decididas a emprender reformas y una dirección atenazada por los bloqueos del PP. El viceprimer secretario de los socialistas catalanes y miembro de la ejecutiva del PSOE, Miquel Iceta, recordó que cuando se modificó la ley del alto tribunal para permitir la ampliación del mandato de su presidenta, María Emilia Casas, "tampoco era el momento" de acometer la reforma, ya que la institución estaba ya deliberando sobre el Estatuto. Por eso los socialistas catalanes tienen esperanzas en las negociaciones políticas más que legales. "La política encuentra caminos para resolver problemas que a veces no son los que querría", dijo Iceta. El PSC también halla explicación a la negativa de Zapatero a emprender los cambios. Según Iceta, al presidente "le gustaría que este debate no se produjera porque el Constitucional se hubiera renovado cuando tocaba".
El Parlamento catalán votará hoy finalmente la resolución que pide la renovación del Constitucional y los cambios legales. Finalmente, la votarán los tres partidos del tripartito y CiU, o lo que es lo mismo: el 88% de los diputados de la Cámara. Montilla y Artur Mas cerraron ayer el acuerdo mientras Esquerra Republicana se mantiene recelosa y, aunque la votará, se niega a suscribirla. Todos los partidos ven en ello una posición electoralista de la formación de Joan Puigcercós, ávida de de afilar su perfil independentista en un momento en que las encuestas le son desfavorables.
Pero a los socialistas catalanes no les será fácil mantener el órdago hasta sus últimas consecuencias. La petición de reformar la ley del Constitucional para apartar a los magistrados que hayan agotado mandato se debatirá en el Senado, donde el PSC tiene grupo propio, pero Mas ya avanzó ayer que esto también se discuta en el Congreso, donde los 25 diputados del PSC forman parte del grupo del PSOE. En plena precampaña electoral, CiU buscará tensar las cuerdas de la familia socialista. Mas lanzó ayer una frase premonitoria: "Los partidos estatales deben saber que Cataluña está dispuesta a defenderse e incluso a pasar a la ofensiva". Montilla, por si acaso, le ha pedido una reunión a Mariano Rajoy.
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