Por Constanza Moreira |*|
Una de las novedades más importantes que instala el actual gobierno, desde la perspectiva de las formas de hacer política, es la negociación entre gobierno y oposición para la integración de representantes de estos partidos en los directorios de organismos y empresas públicas. Claro está que el gobierno mantendría la mayoría en la dirección de estas instituciones, pero comprometiendo la participación de uno o dos miembros de la oposición, dependiendo de la composición de cada organismo.
Es importante entender que este formato no es de "coparticipación" en la gestión de gobierno (algo que la teoría del equilibrio que fuera el slogan del Partido Nacional en la anterior campaña reclamaba), sino que expresa la búsqueda de nuevas formas del diálogo político. Para ello vale la pena hacer un poco de historia.
A lo largo del siglo XX, el Uruguay se vio como un ejemplo de "consensualidad" entre ganadores y perdedores. Así, se consagró un "sistema de compromiso" entre la colectividad colorada y blanca (la izquierda fue por décadas tres veces más grande de lo que hoy es el PI sin que jamás se la integrara siquiera a conversar). Ese acuerdo dio lugar a fórmulas como las del gobierno bicéfalo (1918 y 1933, con presidente y Consejo de Administración), y Colegiado (entre 1952 y 1966; con un Consejo Nacional de Gobierno, con representantes en mayoría del partido ganador y en minoría del partido perdedor). Después de la transición democrática, el sistema se volvió a reeditar, bajo el formato de coaliciones más o menos duraderas entre partidos, e incluso a institucionalizar, al consagrar el balotaje.
La integración de los entes autónomos y servicios descentralizados bajo régimen de coparticipación no es ajena a este sistema, ya que fue instalada con la Constitución de 1952 bajo el régimen colegiado. Según esta fórmula, en los directorios de cinco miembros la mayoría estaba representada por tres miembros y la minoría por dos, y en las de tres, por dos y uno. Era un sistema que reflejaba a las claras el bipartidismo imperante. Estos formatos fueron con el tiempo asociados a prácticas clientelísticas de reproducción del poder y de reparto de cargos, y el desgaste del sistema llevó a su eliminación de la Constitución en 1967, que estableció la designación discrecional de los miembros de los directorios por parte del Poder Ejecutivo, con la venia del senado otorgada, en los hechos, por mayoría absoluta del cuerpo. La reforma constitucional de 1996 no alteró el régimen prevaleciente de la de 1967. Bajo la presidencia de Gestido y de Pacheco Areco, los directorios se integraron sin participación de la minoría.
A la salida de la dictadura, la propia Concertación Nacional Programática constituyó el primer germen de concertación entre partidos en torno a una idea o proyecto (en este caso: la transición democrática). Es así que para apoyar la transición se integraron los cuatro partidos en los entes autónomos, y el FA tuvo en total solo seis directores y en algunos en los entes. Era la idea de una "oposición responsable", como la llamó en su momento Wilson, destinada a garantizar también la gobernabilidad, aunque tanto el FA como el PN rehusaron de conformar un gabinete multipartidario en el gobierno de Sanguinetti.
Con la presidencia de Lacalle, y su idea de formar una coalición para lograr mayorías legislativas, se instó a una negociación con el Partido Colorado con el fin de integrarlo al gabinete, esta vez sí en forma orgánica. El FA no estuvo en las negociaciones en ese momento. En este marco, Lacalle condicionó la participación en los entes autónomos a un acuerdo programático con el gobierno. Esto era imposible para el FA, en parte dada la pretensión de Lacalle de impulsar renovadamente la reforma económica estructural, por lo cual se empantanó la negociación. En el gobierno de Sanguinetti no hubo clima para integrar los entes autónomos, y en la administración Batlle primó el criterio de excluir a la izquierda de cualquier incorporación a los organismos públicos. Claro está que debe tomarse en cuenta que para armar los gobiernos de coalición, tanto el Partido Nacional como el Partido Colorado debían repartir cargos en el gabinete, y por consiguiente, el incentivo para darle responsabilidades al "intruso" era considerablemente menor.
El primer gobierno del FA revirtió estas prácticas al invitar a integrantes de todos los partidos a integrarse a los directorios de los entes y servicios del Estado. Sin embargo, primaron desacuerdos en la integración de los bancos y de la enseñanza. Aunque el gobierno retrasó la integración definitiva de los entes a la espera de una "reflexión", el acuerdo no se concretó y en agosto de 2005 se dio a conocer un documento con la decisión de no participar.
El segundo gobierno del FA, de la mano de Mujica, dio a conocer con antelación su propuesta de la integración de los entes y servicios descentralizados. Sin embargo, antecedió a esta propuesta, la idea de tener unas mesas de negociación multipartidaria en torno a algunos temas que podían ameritar políticas "de Estado", entendiendo como tales aquellas que atienden a un proyecto nacional de sustentabilidad en el largo plazo como la de la energía, el medio ambiente, o la educación.
Entre las razones que guían al FA para la búsqueda de estos acuerdos, y al gobierno de Mujica en particular, se cuenta la intención auténtica de generar un estilo de gobierno que supere, de algún modo, la lógica del "dos contra uno". La propia creación e historia del Frente Amplio da cuenta de la voluntad de sumar a un proyecto nacional voluntades que provengan no sólo de dentro sino también de fuera de la estructura partidaria. Asimismo, y aunque el FA tenga las mayorías requeridas para gobernar, es bueno que en algunos temas se exprese algo más que la política posicional donde gobierno y oposición confrontan en forma automática.
Entre las razones que guían a los partidos tradicionales, se cuentan las relativas a la propia cultura de coparticipación del pasado que estos partidos construyeron. Asimismo, la existencia de un gobierno de un solo partido priva a los partidos tradicionales de incorporarse al aparato del Estado, y controlar desde allí, las lógicas de implementación y ejecución de las principales políticas públicas del país. Claro está que este control debe entenderse en el marco del necesario acceso que la misma debe tener a toda la información sobre estas políticas, pero no como forma de trabar la gestión efectiva de estrategias de desarrollo. Asimismo, esta forma de participación no obligaría a la oposición a convalidar políticas en las que no creen, ya que estando en minoría, pueden disentir.
Pero más allá de eso, es claro que la búsqueda de acuerdos no se hará en nombre del viejo sistema de compromiso que naufragó hacia fines de los sesenta, donde el reverso de la política de mantención del status quo político era la incapacidad de generar respuestas a los problemas del país. La forma en que se buscan hoy los acuerdos, por áreas y temas (educación, seguridad, energía, medio ambiente) evidencia la instalación de una nueva cultura política de la negociación.
Por otra parte, las percepciones de la población sobre la negociación multipartidaria y la integración de directores blancos y colorados en los organismos del Estado parecen haber cambiado desde el 2005 hasta ahora, según registra una encuesta de Cifra difundida recientemente. Mientras en 2005 las opiniones estaban divididas (51% pensaba que era bueno que se integraran blancos y colorados en entes y servicios del Estado contra 44% que pensaba que no lo era), una mayoría muy clara ahora apoya la idea (73%). Las interpretaciones que da Cifra sobre el tema es que el primer gobierno de izquierda fue una suerte de "ensayo", donde primó la idea, por un lado, de que era la hora de que los ganadores gobernaran por su cuenta, y por otro de "ya van a ver lo difícil que es gobernar". Blancos y colorados han visto que un segundo gobierno de izquierda fue posible, y que la evaluación de la población sobre la gestión del FA es ampliamente positiva. Eso termina de inaugurar un nuevo ciclo político, donde el triunfo de la izquierda no es meramente coyuntural. Nuevos incentivos para hacer parte de un sistema político en transformación se ponen en juego, y ello está estimulando a cambiar el comportamiento de todos los partidos.
|*| Senadora de la República, Espacio 609, FA
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