El coronel (r) Juan Manuel Cordero Piacentini se transformó ayer en el primer militar uruguayo en ser extraditado a Argentina para que lo enjuicien por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el denominado "Plan Cóndor", la coordinación represiva establecida entre las dictaduras del cono sur en los años setenta y ochenta.
Manuel Cordero (71) fue finalmente entregado por la policía brasileña a Interpol de Argentina y deberá comparecer en 48 horas ante el Juzgado Federal de 7º Turno, a cargo del subrogante Dr. Norberto Oyarbide, quien quedó al frente de la histórica causa iniciada por el Dr. Juan José Galeano y continuada por el Dr. Guillermo Montenegro.
El juez Galeano había pedido la extradición de Cordero, junto a la de los ex militares José Gavazzo, Jorge Silveira y el policía Campos Hermida, pero el gobierno de Julio Sanguinetti no dio trámite a la requisitoria, que terminó cerrándose cuando el presidente Carlos Menem aprobó un indulto (Decreto 1003) para los militares uruguayos en 1989. En 2003 el Congreso Argentino declaró nulas las leyes de "obediencia debida" y "punto final" que otorgaron impunidad a las violaciones de los derechos humanos y los jueces consideraron inconstitucionales los indultos de Menem, que terminaron por caer definitivamente en el año 2006, cuando los pedidos de extradición se reactivaron.
APOLOGÍA Y FUGA
La reiteración de los pedidos de extradición provocó la detención de ocho militares y policías (que luego serían procesados y condenados en Uruguay) miembros del aparato represivo de la dictadura que había actuado en Buenos Aires, pero Manuel Cordero logró evitar su captura y prisión preventiva porque ya había huido a Brasil.
En 2001, Cordero realizó declaraciones al periodista Raúl Ronzoni del semanario Búsqueda en las que justificó lo tortura aplicada sobre los presos políticos durante la dictadura y sus afirmaciones determinaron que de oficio el juez penal José Balcaldi le iniciara una causa por apología de ese delito.
Sin embargo, la defensa de Cordero a cargo entonces del abogado Alejandro Phaiff realizó una serie de maniobras dilatorias que incluyeron la recusación del juez por considerar que Balcaldi, quien había sido policía administrativo, estuvo bajo las órdenes del militar. El juez cerró el caso e inició otro por el delito de "desacato con ofensa".
En esa instancia, mediados de 2004, fue que Cordero huyó del país con destino desconocido y su requisitoria no se procesó porque el delito tenía una pena que no excedía los dos años exigidos en el Tratado de Asunción, con el que se dirimen las causas de extradición entre los países del Mercosur.
BÚSQUEDA Y AMPARO
Una fuente militar indicó a LA REPUBLICA que Cordero se había refugiado en Brasil y el dato fue derivado al activista brasileño Jair Krischke del Movimiento Justicia y Derechos Humanos de Porto Alegre, quien inició una paciente búsqueda del torturador uruguayo prófugo, que podía haber sido detectado en San Pablo.
Krischke fue quien encontró a Cordero en Santana do Livramento, escondido en la casa de su cuñado y alertó a las autoridades de Uruguay y Argentina. La información se filtró a la prensa y la revista Caras y Caretas obtuvo fotos del militar radicado en la rua Uruguai 1007 de la ciudad fronteriza con la uruguaya Rivera.
Cordero fue descubierto en enero de 2005 cuando se presentó en el consulado uruguayo para firmar un poder para que su cuñado cobrara su jubilación y se supo, insólitamente, que su presencia en Brasil era del conocimiento del propio canciller uruguayo Didier Opertti, quien autorizaba mensualmente el pago de sus haberes.
Durante dos años Cordero intentó radicarse definitivamente en Brasil. Primero, solicitó asilo político al definirse como perseguido del gobierno del frenteamplista Tabaré Vázquez, quien aún no había asumido. Luego pidió refugio e intentó obtener la ciudadanía brasileña por su condición de esposo de una ciudadana de ese país.
REQUISITORIAS Y PRISIÓN
Cordero volvió a "desaparecer" durante meses y se temía que hubiera huido a Paraguay, pero volvió a ser ubicado por Kirschke, quien viajó a Buenos Aires y promovió el pedido de extradición del juez federal Guillermo Montenegro, entonces a cargo de la causa Cóndor, quien reclamó su prisión preventiva.
En Uruguay, el juez penal de 19º Turno, Dr. Luis Charles, también lo requirió en el marco del caso de desaparición del uruguayo Adalberto Soba en Buenos Aires en 1976 y, simultáneamente, hubo una ampliación del pedido argentino por parte del juez Daniel Rafecas quien instruye la causa "Automotores Orletti".cDe ese modo, en febrero de 2007 se logró la detención del militar uruguayo quien fue trasladado a la ciudad de Porto Alegre para permanecer durante meses recluido en la sede de la Policía Federal gaúcha, hasta que logró su traslado a la cárcel de Livramento y a la Brigada Militar Nº 2, donde le otorgaron una "prisión domiciliaria".
La extradición de Cordero quedó en manos del presidente del Supremo Tribunal Federal (STF), Marco Aurelio de Melo (primo de Fernando Collor) quien demoró el proceso por un debate interno de Brasil donde se discutía la validez de una amnistía autoimpuesta por la dictadura en 1979 y se exigía el juicio a los violadores de los derechos humanos.
TRÁMITE Y DEFINICIÓN
El expediente de la Extradición Nº 974 tuvo un largo trámite hasta el 11 de setiembre de 2008 cuando finalmente llegó al plenario del STF que en su primera sesión, tras escuchar los argumentos del ministro relator Marco Aurelio (que cedió la presidencia a su colega Gilmar Mendes) arrastró cuatro votos en contra de la extradición.
Sin embargo, el ministro Ricardo Lewandowski realizó un alegato a favor del enjuiciamiento de Cordero debido a la desaparición de niños. Aquella primera sesión terminó con los votos en contra de los ministros Marco Aurelio de Melo, Carlos Menezes, Carmen Lúcia y Eros Grau, y el voto a favor de Lewandowski.
El alegato de la minoría llevó al ministro César Peluso a pedir un cuarto intermedio y cuando la sesión se reanudó el 30 de octubre, sumó su votó a favor de la extradición y logró que le apoyaran los ministros Joaquim Barbosa, Carlos Ayres y Carmen Lúcia, quien cambió su votación. Esta vez el cuarto intermedio lo pidió Eros Grau.
La votación se encontraba 5 a 2 a favor de la extradición en los diez ministros que componen el cuerpo, donde sólo en caso de empate define el presidente del STF. Dos veces se pospuso la reanudación hasta que, el 6 de agosto de 2008, Eros Grou votó a favor y la sentencia de extradición a favor de Argentina se hizo inapelable.
BUROCRACIA Y DILACIONES
El proceso burocrático del sistema judicial brasileño y las presiones políticas para que la extradición no se concretara en un escenario interno brasileño donde se sucedían los reclamos por esclarecer los crímenes de la dictadura, demoró el trámite de promulgación de la sentencia judicial.cTambién incidieron una serie de maniobras jurídicas dilatorias ensayadas por el abogado Julio Favero, que con el apoyo de Marco Aurelio de Melo logró que en diciembre de 2008 se otorgara la prisión domiciliara a Cordero, quien fue grabado mientras bebía cervezas en un bar, fumando y corriendo a su casa al sentirse filmado.cEsos videos fueron exhibidos por Krischke en un seminario en San Pablo frente a fiscales estaduales brasileños que elevaron sus quejas a las autoridades, que determinaron la realización de un chequeo médico, fijado para el 23 de noviembre de 2009, al que el militar uruguayo no asistió.
Finalmente, el 19 de enero, se ordenó la detención y prisión de Cordero para su traslado a Argentina vía Uruguayana, pero el torturador alegó sentirse mal y logró internarse por cuatro días en un hospital, hasta que peritos brasileños dictaminaron que podía viajar y lo llevaron ayer a las 7.30 de la mañana, en una ambulancia, hasta la frontera.
TRASLADADO
La ambulancia brasileña de Unidad de Terapia Intensiva (UTI) que, custodiada por la Policía Federal, trasladó al coronel Manuel Cordero hasta Uruguayana, llegó a la frontera con Argentina sobre las 11.30 horas y el militar fue sometido a un chequeo médico en el Hospital de la Casa de la Misericordia de la localidad brasileña.
Pasado el mediodía, Cordero traspasó los 1.419 metros del "Puente Internacional Augustín P. JustoGetulio Vargas" que lo separaban de la ciudad de Paso de los Libres en Corrientes, Argentina, donde fue llevado a otro nosocomio, el Hospital San José, para que las autoridades argentinas le realizaran un nuevo estudio sobre su salud.
Fuentes policiales señalaron que fue fundamental para la autorización del traslado el compromiso asumido por el juez Norberto Oyarbide respecto a asegurar el estado sanitario del extraditado, que era esperado por otra ambulancia para ser llevado a Buenos Aires, donde en 48 horas asistirá a una audiencia de acusación. Cordero deberá designar entonces su defensa o recibir el apoyo de un abogado de oficio y será trasladado al Penal de Marcos Paz, a 48 kilómetros de la capital federal, o a las celdas especiales de los presidios de Villa Devoto, Ezeiza o Campo de Mayo, donde también están encarcelados otros violadores de los derechos humanos.
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