La apuesta diferenciada de Cataluña también afecta, y de qué
manera, a la seguridad. Quieren, y ya son los primeros, que en
determinadas circunstancias los trabajadores de las empresas de
seguridad privada se puedan convertir en agentes de la autoridad, agentes del Estado, a todos los efectos. Vamos, un salto cualitativo de suma importancia y que modifica todo el escenario policial.
El proyecto de la Generalitat ya tiene el visto bueno del
Ejecutivo de Rajoy. De hecho, fue formalizado en la "comisión Bilateral
Generalitat-Estado, en la subcomisión de seguimiento normativo,
prevención y solución de conflictos"
"El personal de seguridad privada, cuando preste servicios para garantizar la seguridad de las infraestructuras y los servicios de transporte público
en Cataluña por cuenta de la Administración o de entidades del sector
público o empresas operadoras, y siempre que el desarrollo de las
funciones se derive del servicio contratado por la Administración o ente
público de acuerdo con la legislación de contratación pública, tendrá condición de agente de la autoridad como colaborador de los cuerpos policiales en Cataluña". Así reza la nueva normativa.
De esta forma, en Cataluña, los agentes que vigilan los
autobuses o el metro pasan a convertirse en nuevos agentes de la
autoridad, como si pertenecieran a "los cuerpos policiales de Cataluña".
Entiéndase que actualmente, la Policía apenas tiene ya competencias en
Cataluña y el despliegue de la Guardia Civil en esa comunidad está
quedando reducido a la mínima expresión por lo que, los que saben de
seguridad, entienden que esta apuesta significa que los mossos, indirectamente, aumentan sus plantillas con estos nuevos efectivos, estos nuevos colaboradores.
Desde el Ejecutivo central y más concretamente desde el
Ministerio del Interior se miraba con bastante recelo esta apuesta, que
ya se comenzó a fraguar en la pasada legislatura autonómica. Pero,
finalmente, ambas administraciones consensuaron este texto, que ya es
efectivo.
El Ejecutivo catalán apuesta fuerte por la seguridad privada.
Entiende que puede cubrir las deficiencias que ahora tiene la seguridad
pública y que no podrá solventar durante los próximos años ante la previsible falta de presupuesto.
En cualquier caso, ha dado un primer paso para aumentar las competencias legales de los 'privados',
que ahora, a todos los efectos, en las misiones descritas, serán
agentes de la autoridad: ¿podrán identificar?¿podrán detener? ¿podrán
proponer sanciones?... Sin duda ahora entran en otra nube laboral bien
diferente.
Ya saben, cuando se crucen con un agente de la seguridad privada en un autobús de Barcelona, ojo, tiene la misma potestad legal que un mosso.
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