Guantánamo, 11 años de infierno

Roberto Montoya

Viento Sur

Barak Obama heredó de Bush ‘junior’ 242 presos encerrados en la prisión militar de Guantánamo en enero de 2009. El entonces flamante nuevo presidente prometió, entre las primeras medidas de su mandato, eliminar las comisiones militares, juzgar con todas las garantías a los detenidos y cerrar la prisión en el plazo máximo de un año. Fue una de sus promesas estrellas, una de las que más eco mediático tuvo en todo el mundo.

Cuatro años después, la ilegal base naval estadounidense, enclavada desde 1903 en territorio cubano, sigue abierta. De ella solo han salido 76 presos, aún permanecen 166. Pero hoy Guantánamo no es noticia. No lo fue en la última campaña electoral en EEUU, ni aparece como tema de preocupación de los estadounidenses en ningún sondeo de opinión.

Guantánamo no existe. Y no existe tampoco como preocupación en la ONU, en la UE, en el Parlamento Europeo, y en los medios de comunicación de gran difusión de los países democráticos y desarrollados.

Guantánamo ha desaparecido. Solo parece preocupar a las propias víctimas que están allí, a sus familiares y allegados y a las organizaciones humanitarias y defensores de los derechos civiles que siguen luchando en solitario para recordar al mundo que en la bahía de Guantánamo sigue existiendo uno de los campos de concentración del siglo XXI.

La izquierda europea -con muy pocas excepciones, como las de Gaspar Llamazares y Joan Herrera, y algunos socialistas a título individual- tampoco parece haber entendido plenamente que se trataba, que se trata, nada menos que de eso, de un campo de concentración del siglo XXI. Como tampoco parece haber entendido la gravedad que suponían los secuestros y vuelos de la CIA en pleno suelo europeo. De esa flota de aviones que hizo escala impunemente durante años en 10 aeropuertos españoles y en cientos más de toda Europa, con una siniestra carga, prisioneros secuestrados y torturados con la complicidad de gobiernos y servicios secretos locales.

Esto no sucedió en países lejanos, esto sucedió en nuestras propias narices. Fue el imperialismo en acción, la CIA en acción, en tiempo real y no en una película de Hollywood. Y no hubo movilización alguna. Y si no se hizo en 2005, en 2006 y 2007, cuando se tuvo pleno conocimiento de esa gigantesca operación encubierta -cerca de 1.100 escalas de aviones de la CIA en suelo europeo-, ¿qué se puede esperar que se haga sobre Guantánamo 11 años después, cuando solo hay 166 prisioneros y ya nadie habla del tema?

¿Basta con decir: "Obama no cumplió su promesa"?

¿Acaso es tan extraño que no lo haya hecho?

¿Fracaso o éxito del experimento?

En varios ocasiones, en los medios estadounidenses han tenido lugar debates sobre el balance a hacer de la experiencia de Guantánamo, de la misma forma que se hacen sobre la utilidad o no de la tortura. Lo tratan en definitiva como un problema técnico, se pone en un lado de la balanza el costo -económico, político, de imagen- y el práctico –información útil o no para la guerra contra el terror arrancada a los detenidos-, y de ahí se saca el resultado.

Y en la aceptación de la polémica en esos términos no solo entran los ultras del Tea Party o el lobby militar, sino también muchos demócratas -mejor dicho, del Partido Demócrata-, juristas, periodistas. Y sigue habiendo siempre defensores de una y otra posición.

El debate se ha actualizado ahora a partir de la denuncia que se hace en la película Zero Dark Thirty (La noche más oscura), de Kathryn Bigelow.

Lo menos frecuente es escuchar o leer a alguien que en esa balanza introduzca el concepto de Derechos Humanos, de rechazo total a la tortura, de rechazo a la impunidad. Sólo sucede en los casos en que, muy excepcionalmente, uno de los invitados es un activista pro Derechos Humanos; nunca, por supuesto, un ex prisionero de Guantánamo.

Y es que Guantánamo fue un gran laboratorio, una verdadera audacia de la Administración Bush. Tras el 11-S, después de haber logrado involucrar a la OTAN y a todos sus aliados en esa planetaria guerra contra el terror, Bush junior se atrevió a dar un paso que nunca había dado EEUU en sus largos años de guerras en el mundo: trasladar unilateralmente, encapuchados y encadenados, a un grupo de prisioneros desde un escenario de guerra -como Afganistán e Irak- compartido con muchos aliados, hasta una base naval propia situada a miles de kilómetros de distancia. Y lo hizo.

Era algo inédito. Ni siquiera los trasladaba a EEUU para someterlos a sus tribunales federales, como hizo con Noriega en 1989 tras la invasión de Panamá, sino a un territorio de ultramar.

Pero la Alta Comisionada de la ONU para lo Derechos Humanos, Mary Robinson, se quedó sola al denunciar la violación flagrante de las Convenciones de Ginebra y del derecho internacional.

Y Bush siguió adelante. Por una orden presidencial decretó que esos detenidos no eran en realidad prisioneros de guerra y que por lo tanto no se podían acoger a los derechos que les reconoce la Convención número 3 de Ginebra, sino que eran combatientes enemigos. Y a partir de ese momento, y través de una compleja trama legal urdida por el equipo legal de la Casa Blanca y el Pentágono, los detenidos pasaron a estar fuera de la jurisdicción de la legislación vigente en los EEUU continentales.

Así nació el limbo legal que negó todo derecho a los detenidos.

Solo años después el Tribunal Supremo estadounidense logró que los mandos militares de Guantánamo dieran a conocer la identidad de los detenidos. Hasta ese momento eran desaparecidos, al mejor estilo Videla. Y esto sucedía a la vista de todo el mundo, a la vista de la ridiculamente llamada comunidad internacional.

Desde el 11 de enero de 2002 hasta la llegada de Obama al poder, en enero de 2009, pasaron por la prisión de la base naval de Guantánamo 779 detenidos, muchos de ellos ancianos y más de 20 menores de edad.

Buena parte de ellos, sobre todo los primeros que llegaron, eran campesinos y fueron capturados en amplias redadas en zonas rurales de Afganistán, denunciados por señores de la guerra locales. Estos los acusaron de ser talibán o colaboradores de ellos, lo fueran o no, poco importaba. Importaba el dinero, se dirimían además viejas disputas por una tierra o entre clanes.

El Ejército de EEUU y la CIA, estaban exasperados por su imposibilidad de capturar o matar a Osama bin Laden y sus lugartenientes. Tampoco lograban localizar al grueso del ejército del régimen talibán que había albergado hasta ese momento a numerosos combatientes de Al Qaeda.

El gobierno de Kabul y sus milicias se habían esfumado en un abrir y cerrar de ojos. Las bombas inteligentes que perforaban montañas y cuevas donde supuestamente se escondían todos ellos, solo sirvieron para destrozar zonas de importancia arqueológica y para contaminar el ambiente.

Por ello, el Ejército y la CIA, ocupantes del país desde octubre de 2001, recompensaban en metálico cada una de las delaciones de sus coyunturales aliados locales. Los mandos del Pentágono estaban convencidos de que muchos de esos detenidos eran de gran valor y que utilizando las técnicasde interrogatorio avanzado a las que los habían autorizado secretamente, conseguirían llegar a la cúpula de Al Qaeda y de los talibán y acabar con ellos.

Y así empezó la odisea para los presos. Muchos de ellos, tras ser liberados después de años de cautiverio, reconocieron que no sabían ni dónde habían estado, y luego tampoco les decía mucho saber que se trataba de una base en pleno Caribe. ¿Qué sabía del Caribe un campesino analfabeto pastún?

¿Consiguió EEUU los objetivos que buscaba con el laboratorio Guantánamo?

No. Los datos son elocuentes: después de 11 años, solo retiene a 166 prisioneros, ha liberado ya a 613. Los informes de Inteligencia reconocen que muchos de esos liberados se radicalizaron durante su cautiverio y hay constancia de que varios se han incorporado a la yihad en algún país. Sus relatos sobre las vejaciones y torturas sufridas y las reiteradas ofensas al Islam han concitado aún más odio contra EEUU y Occidente entre sus familiares, amigos o vecinos, en su tribu o clan.

En todos estos años las comisiones militares solo condenaron a siete presos -cinco de ellos aceptaron reconocerse culpables para poder salir de la base- y se prevé que condenarán próximamente a otros seis, 13 de un total de 779 tras 11 años. Sin duda, es un magro resultado para una operación encubierta que implicó no solo la captura y traslado en aviones militares de prisioneros desde Afganistán, Irak o Pakistán, sino también secuestros y traslados a Guantánamo en la flota de aviones de la CIA de decenas de secuestrados en países europeos, árabes, africanos y asiáticos.

¿Repetirá Obama su promesa de cerrar Guantánamo?

Es dudoso que Barack Obama repita su promesa de cerrar la prisión de la base de Guantánamo en el discurso que pronunciará dentro de unos días al iniciar su segundo mandato. No tiene ni presiones nacionales ni internacionales para hacerlo. Y tampoco tendría muchas posibilidades reales de cumplir con la promesa que hizo hace ahora cuatro años si realmente quisiera hacerlo.

A pesar de haber ganado las elecciones con el 57% de los votos, el presidente ya está mostrando, ante el conflicto por el abismo fiscal, que sin controlar la Cámara de Representantes su margen de maniobra es muy limitado. Y más aún si no es capaz siquiera de mantener cohesionado al Partido Demócrata y de contar con el voto de todos sus parlamentarios y el apoyo de todos sus gobernadores.

Cuando en los primeros meses de su primer mandato Obama intentó convencer a varios gobernadores para que aceptaran albergar en las prisiones de sus respectivos Estados a aquellos presos de Guantánamo que resultaran condenados tras ser juzgados hipotéticamente en tribunales federales, se encontró con la resistencia no solo de los republicanos, sino también de varios gobernadores demócratas.

Todos argumentaron que la presencia de esos presos en sus Estados supondría un grave problema de seguridad y que pasarían a ser objeto de atentados terroristas de Al Qaeda. El argumento no podía ser más falso. Recientemente se presentó en el Comité de Inteligencia del Senado un informe del GAO (la oficina que controla la transparencia de la Administración pública), en la que se daba cuenta que actualmente hay 373 presos condenados por distintos delitos de terrorismo en territorio estadounidense, repartidos en 98 cárceles.

Por la misma razón tampoco se pudo trasladar a los prisioneros a suelo continental para ser juzgados por tribunales federales normales.

Obama dio rápidamente por perdida esa batalla, reactivó las comisiones militares que había dejado congeladas inicialmente y los juicios siguieron su curso. Recientemente se dio incluso una vuelta de tuerca más al tema.

El 4 de enero pasado Obama firmó la Ley de Autorización de Defensa Nacional para el año fiscal 2013, en la que, entre otras muchísimas cosas, se prohíbe el traslado de prisioneros de Guantánamo. El presidente puso al pie de la misma una nota “Me opongo a esta provisión”, considerando que en tanto que comandante en jefe tiene derecho a no respetarla. Obama se reserva el derecho de vetarla.

Pero esa ley, con ese texto, no solo la votó la Cámara de Representantes, sino, previamente, el Senado, donde el Partido Demócrata tiene mayoría.

De los 166 presos que permanecen en Guantánamo, 86 han sido exculpados de todo cargo. Pero Obama no sabe qué hacer con ellos, no los puede trasladar a EEUU y sus aliados ya no quieren aceptar más ex presos en sus países. Y entre los 166 hay otros 46, que no han sido juzgados y contra los que no existen imputaciones formales, pero a los que se ha decidido mantener indefinidamente presos por considerárselos simplemente “peligrosos”.

Los seis presos a los que se juzgará próximamente fueron secuestrados en otros países, torturados durante largos periodos en agujeros negros -prisiones en país aliados- y trasladados por la CIA a Guantánamo, donde continuaron las torturas.

Serán juzgados por una comisión militar, un tribunal de tres oficiales; contarán con un juez militar de oficio que no les permitirá conocer partes sustanciales del propio auto -por cuestiones de “Seguridad Nacional”- y no se tomarán en cuenta sus denuncias de torturas y detención ilegal.

Previsiblemente, serán condenados a muerte.

¿Intercederá la Unión Europea por ellos? Si no lo hace, será cómplice directa, en la medida que buena parte de sus países miembros colaboraron activa o pasivamente entre 2002 y 2007 en el amplio operativo de la CIA para secuestrar y torturar a esos seis hombres y a cientos más, antes de trasladarlos al infierno de Guantánamo.

La izquierda europea tendría en tal caso posiblemente su última oportunidad para gritar, para denunciar esos asesinatos, para dejar en evidencia la complicidad criminal de los gobiernos europeos.