Desde este lunes, los habitantes de 21 municipios de Castilla-La
Mancha que hasta ahora contaban con un punto de urgencias nocturno en su
pueblo tendrán que desplazarse a otras localidades para recibir
asistencia. Es la consecuencia de la decisión del Gobierno regional de
eliminar este servicio en 21 Puntos de Atención Continuada (PAC) de esta
comunidad, que el Ejecutivo de María Dolores de Cospedal justifica en
la "baja afluencia" de pacientes que acuden a estos centros de noche,
que no compensa el coste de su mantenimiento.
La medida ha indignado a los vecinos de los municipios afectados, que
en los últimos días han protagonizado diversos actos de protesta para
protestar contra una medida que consideran muy perjudicial. Los que más
resistencia están mostrando son los habitantes de la localidad toledana
de Tembleque, que el pasado 10 de enero se encerraron en el centro de
salud, aunque fueron desalojados esa misma noche por orden de la Guardia
Civil.
Al día siguiente, la plataforma ciudadana Urgencias Tembleque convocó
una manifestación desde la plaza mayor del pueblo hasta el centro de
salud, que se repitió el sábado y que no será la última, pues este lunes
hay convocada una tercera marcha, que saldrá a las 19:00 horas de la
plaza para llegar al PAC, justamente a las ocho de la tarde, la hora
prevista del cierre.
Además, un total de 61 alcaldes de municipios afectados de
Guadalajara (el cierre afecta a seis centros que atienden a 61
localidades) tienen previsto encerrarse pasado el mediodía de hoy en la
delegación del Gobierno en la provincia para pedir una reunión con el
consejero de Sanidad, José Ignacio Echániz, y exponerle sus razones para
que dé marcha atrás a la medida.
Echániz asegura que la población afectada por el cierre tendrá
garantizada la asistencia en casos de urgencia mediante ambulancias y
helicópteros, pero algunos profesionales sanitarios denuncian que la
medida va a perjudicar gravemente a los ciudadanos. En concreto, el
Sindicato de Enfermería de Castilla-La Mancha (SATSE) considera que se
trata de una decisión "inaceptable porque obedece únicamente a criterios
económicos" y "supondrá el aumento de la probabilidad de
morbimortalidad de la población afectada".
Además, según SATSE, la medida conllevará una saturación de los
servicios de urgencias de otros centros y también el "aumento de la
utilización de recursos más costosos establecidos para situaciones de
emergencia en la región".
La secretaria provincial de Organización del PSOE y diputada
regional, Blanca Fernández, ha criticado también la medida y ha
denunciado que políticas como esta están contribuyendo al
"desmantelamiento" del mundo rural, "con un éxodo de las personas a las
zonas urbanas que los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE)
ya están constatando". Fernández ha criticado además que se tomen estas
medidas en base a la "austeridad", mientras la presidenta regional,
María Dolores de Cospedal, ingresa "160.000 euros año".
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