El Consejo de Ministros de Justicia de la UE dará este viernes el visto bueno a la orden de Protección Europea, que asegura el reconocimiento de los derechos de las víctimas dentro de cualquier país comunitario.
La propuesta española, una de las grandes prioridades de su Presidencia de turno, implica que las medidas de seguridad aprobadas en un Estado miembro tendrían validez inmediata en los Veintisiete.
Después de que esta semana el Parlamento Europeo y la presidencia polaca de turno alcanzasen un acuerdo sobre esta medida, iniciada durante el mandato de España en el primer semestre de 2010, el proceso de aprobación quedará ratificado en la sesión ministerial de este viernes y en una posterior votación parlamentaria a comienzos de octubre.
La nueva orden extiende la protección prevista inicialmente para las víctimas de violencia de género a cualquier otro tipo de agresión y obliga a las autoridades nacionales de los Veintisiete a reconocer y aplicar las medidas de protección impuestas en cualquier otro país de la UE en base a sus leyes.
"Se trata de un gran paso hacia el establecimiento de un área de justicia europea, donde la gente pueda moverse libremente a otro estado miembro sin arriesgar sus vidas", explica Carmen Romero, ponente del informe elaborado por la Comisión de Libertades de la Eurocámara.
Las negociaciones durante este proceso han terminado incluyendo en la euroorden otro tipo de crímenes que no tengan que ver con la violencia machista, tales como el asesinato, el intento de rapto, etcétera. Sin embargo, no se incluyen las ordenes de protección a las víctimas reconocidas en el ámbito civil, algo que ocurre en otros países de la UE, como Alemania. Éstas serán incluidas en otro proyecto de ley distinto propuesto por la comisión el pasado mayo.
Inicialmente el texto presentado por la Comisión incluía algunos puntos polémicos a los que España plantó una clara oposición. Por ejemplo, que el país de destino de la víctima pudiese notificar al agresor la nueva ubicación geográfica, algo que, teóricamente, contraviene los intereses de cualquier víctima. Finalmente, este aspecto ha sido eliminado del texto definitivo que pasa desde hoy por sus últimos trámites para obtener su aprobación definitiva.
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