La Paz, 22 sep (PL) El gobierno boliviano denunció hoy vínculos del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada con las marcha indígena que rechaza una vía interdepartamental y hace más de un mes mantiene en vilo al país suramericano.
En conferencia de prensa en la ciudad de Santa Cruz (este), el titular del interior, Sacha Llorenti, precisó que se trata de Jaime Aparicio Otero- viceministro de Relaciones Exteriores entre 1993 y 1997, el primer mandato de Sánchez de Lozada- además de desempeñarse como canciller interino.
Al exdiplomático, dijo, correspondió la tarea de presentar una carta sobre la protesta en torno a la carretera que unirá al occidente y el oriente bolivianos.
La misiva, a nombre de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano(Cidob) fue entregada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Estados Unidos.
Durante el segundo gobierno de Sánchez de Lozada (2002-2003), Aparicio Otero fue embajador de Bolivia en Estados Unidos y actualmente reside en Washington donde tiene un bufete de abogados, agregó.
Junto a Aparicio Otero residen en el norteño país el propio Sánchez de Lozada y sus ex ministros de Defensa y de Economía, Carlos Sánchez y Jorge Berindoague, respectivamente, prófugos de la justicia y acusados de delitos de lesa humanidad por la masacre de octubre de 2003 .
En esa fecha, Sánchez de Lozada indicó reprimir violentamente con militares a una manifestación social, que tuvo saldo de 68 muertos y más de 400 heridos.
La revuelta lo obligó a dimitir y huir del país hacia Estados Unidos y, junto con él, varios de sus más estrechos colaboradores.
Llorenti afirmó que la representación de la firma de abogados de Aparicio Otero a favor del Cidob es clara muestra de los vínculos de los dirigentes originarios y los representantes de la administración de Sánchez de Lozada.
El objetivo de esa misiva, opinó, que es la Organización de Estados Americanos (OEA) impulse una intervención en Bolivia.
Enfatizó que esas acciones forman parte de una ofensiva de sectores reaccionarios que dilapidaron recursos naturales cuando estuvieron en el poder, pero cuyos intereses están detrás de la movilización.
Los argumentos de la carta, agregó, incluyen posiciones similares a las de los grupos opositores de derecha y la conspiración separatista y de un golpe de Estado, en los años 2008 y 2009.
Llorenti negó que en Yucumo, los colonizadores apoyados por el Movimiento al Socialismo (MAS) cavaran zanjas con maquinaria suministrada desde esferas públicas.
Asimismo desmintió que el Ejecutivo enviara soldados a esa zona convulsa o a colaboradores venezolanos y cubanos para bloquear la caminata, como se ha divulgado falsamente.
Subrayó que, al igual que se comprobaron los vínculos de dirigentes indígenas con la embajada de Estados Unidos en La Paz, estos nuevos hechos dejan al descubierto afanes conspirativos de la derecha y de Sánchez de Lozada para frenar el proceso de cambio, utilizando a la organización indígena.
El titular del Interior destacó la voluntad de Palacio Quemado para en varias ocasiones establecer el diálogo y atender demandas, pero en comisiones conjuntas de trabajo con varios ministros de Estado, aunque sin resultados.
Para el próximo domingo, se espera que el presidente Evo Morales, tal como lo hizo en la localidas de Santo Domingo (este), inicie consultas con originarios de la parte cochabambina del Parque Nacional Isiboro Sécure, acerca de la construcción del camino que lo atraviesa
También el próximo lunes, el Ejecutivo se reunirá con representantes de la Asamblea del Pueblo Guaraní, en el poblado de Camiri, luego que abandonaran la marcha y pidieran pláticas aparte con los ministros para atender sus exigencias en un pliego petitorio de 16 puntos.
Antes el Ejecutivo había denunciado que tras la caminata se mueven intereses políticos y son impulsados por algunas Organizaciones No Gubernamentales y la embajada de Estados Unidos. |
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