La intención de Gamesa de diseminar 64 grandes molinos (dos por parque) por toda la provincia de Girona puso en pie de guerra el pasado verano a los municipios y entidades ecologistas de la zona. El rechazo del territorio no era compartido en aquel momento por la Generalitat. Un portavoz de la secretaria de Energía aseguró a este periódico que apoyaban la iniciativa porque los miniparques de Gamesa "comportan un impacto más limitado en el entorno que un gran parque".
El Consejo Comarcal del Alt Empordà, en cambio, siempre vio el proyecto como una amenaza para el territorio. La institución, con el Ayuntamiento de Figueres, encargó un informe a una entidad privada para elaborar un mapa eólico en la zona como respuesta a Gamesa. La presidenta del consejo, la socialista Consol Cantenys, aplaude que finalmente se haya aparcado. "Nos preocupaba este proyecto y al final nos han dicho que no seguirá adelante", asegura Cantenys. El Gobierno autónomo añade que no ha necesitado prohibir el desarrollo del macroparque. "Oficialmente, no nos ha llegado ningún proyecto", asegura un portavoz de Energía. Gamesa no contestó a las preguntas de este periódico sobre la paralización del proyecto.
El verano pasado, Gamesa presentó un informe ambiental, que permaneció varios meses colgado en la página web de la Generalitat y que estaba abierto a alegaciones por parte de los ayuntamientos. El objetivo era lograr el consenso en el territorio. Al menos 20 localidades dieron el sí a Gamesa, según la compañía, que ofrecía 60.000 euros de compensación a cada municipio que albergase dos de sus molinos de 184 metros. La empresa necesitaba al menos 28 localidades para que Red Eléctrica Española le permitiese usar sus infraestructuras para evacuar la energía de manera conjunta. En total, Gamesa esperaba producir 288 megavatios, una cifra que por sí sola ya supera la potencia que la Generalitat permitirá como máximo global (180 megavatios) a los nuevos parques que se instalen en la zona de desarrollo preferente del Alt Empordà.
Esta zona es una de las ocho áreas definidas dentro del nuevo mapa eólico de Cataluña. No serán miniparques, sino instalaciones de un mínimo de cinco aerogeneradores y más de 10 megavatios de potencia. El mapa eólico que propuso la Generalitat a principios de año gustó a pocos de los 43 municipios incluidos en las ocho áreas en las que se permitía instalar nuevos parques. La Generalitat reconoce que recibió "más alegaciones de las esperadas", pero agrega que después de tres meses de "negociaciones codo a codo con el territorio, con cesiones por ambas partes", se ha logrado finalmente consensuar un nuevo mapa, que ha sido ya entregado al Gobierno catalán para su inminente aprobación. El redibujado mapa no presentará grandes cambios, pero sí incorpora las demandas municipales que más polémica habían generado. En el Alt Empordà, por ejemplo, se ha modificado la delimitación de la zona de desarrollo prioritario para apartarla de la sierra de la Albera y se ha rebajado de 200 megavatios a 180 la potencia global que podrán sumar los parques que se instalen allí. "La Generalitat ha sido sensible a las peticiones de los ayuntamientos, aunque no haya incorporado al 100% lo que pedían", dice satisfecha la presidenta del consejo comarcal.
En busca del beneplácito territorial, la Generalitat ha sacrificado los plazos que había previsto para la aprobación del mapa y, por tanto, la convocatoria pública para que las empresas puedan presentar sus proyectos. El secretario general de Energía confía en que antes del verano las compañías interesadas en participar en el concurso puedan comenzar a hacer ofertas.
La patronal del sector eólico está impaciente e irritada por un "retraso" que, asegura, le perjudica enormemente. Hay 3.700 millones de euros en juego (es la inversión que la patronal del sector ha cifrado para un plazo de seis años) y las empresas temen que sus expectativas de negocio se las lleve el viento si la situación de "parálisis flagrante" no se desbloquea o se eterniza a causa de la proximidad de las elecciones. La alerta la ha lanzado la asociación Eolic Cat, que agrupa a 50 empresas que operan en el sector eólico en Cataluña. Una de ellas es Fersa, que quiere presentar proyectos en varias de las zonas previstas en el mapa. "Para acudir a este concurso las empresas hemos invertido en estudios, recursos humanos, papeleos... y el retraso nos supone un incremento de los costes", lamenta José María Roger, su presidente. Según el gerente de Eolic Cat, Jaume Morron, la redacción de los proyectos de los nuevos parques eólicos y de los estudios medioambientales y técnicos ocupará a unos 300 profesionales de titulación superior. La posterior construcción de las instalaciones pondrá a trabajar sobre el terreno a unas 3.000 personas. Otros 350 empleos se crearán para el funcionamiento y mantenimiento de los nuevos equipamientos. Eolic Cat teme que las empresas del sector "acaben perdiendo el interés por Cataluña y lleven sus inversiones a otras comunidades autónomas". "No podemos desaprovechar esta oportunidad. No podemos dejar escapar el tren", advierte Morron.
El reto: 3.500 megavatios
Cataluña es la comunidad autónoma con mayor consumo de electricidad (el 18% del consumo español), pero su potencia eólica apenas llega al 2,5% del total de España, país que ocupa el cuarto puesto en el ranking mundial, con 837 parques eólicos y una potencia global de más de 19.000 megavatios. Relegada al octavo puesto entre las comunidades autónomas con mayor potencia eólica, Cataluña se ha propuesto ganar posiciones. El Plan de Energía 2006-2015 fija como objetivo alcanzar los 3.500 megavatios de potencia eólica. Los 28 parques de aerogeneradores que hay en funcionamiento en Cataluña suman una potencia de sólo 745,3 megavatios. A ellos hay que agregar los 1.700 megavatios de los parques que están en fase de construcción, los ya autorizados y los que están en tramitación, así como los 300 megavatios que aportan pequeñas instalaciones eólicas ya en servicio o en proyecto. Los parques que deben crearse en las ocho áreas fijadas en el mapa eólico aportarán globalmente otros 814 megavatios, potencia que permitirá alcanzar la meta de 2015. Para facilitar la expansión de este tipo de energía verde, la Generalitat ha reducido el tiempo para tramitar la autorización de nuevos parques eólicos (el máximo será de 18 meses, frente a los seis años que se requerían de media).
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