Esta zona bananera fue azotada duramente durante los años noventa por los paras, quienes, según cifras oficiales, cometieron más de 15.000 asesinatos en todo el país y generaron desplazamientos masivos, por los que millones de campesinos viven hoy hacinados en barrios marginales de las grandes ciudades.
Las detenciones de los tres empresarios agrarios, reconocidos en la zona como hombres de prestigio, fueron fruto de años de investigaciones de la policía y la fiscalía. Están acusados de ser responsables de más de 500 asesinatos e igual número de desplazamientos.
Uno de ellos, Jesús Emilio Rueda, de 76 años, entregó a los paramilitares, según las investigaciones, un listado de 200 campesinos que según él colaboraban con la guerrilla y debían ser asesinados.
"Que ningún delincuente y asesino de comunidades piense que puede burlar a la policía y a la justicia", advirtió el general Óscar Naranjo, director de la Policía Nacional. En esta misma zona bananera se capturó en abril de 2008 al empresario bananero Raúl Hasbún. Se le acusó de ser el enlace entre la multinacional Chiquita Brands y los paramilitares.
La multinacional del banano -sucesora de la United Fruit Company- pagó 1,7 millones de dólares (1,25 millones de euros) para que los paras protegieran a sus empleados de la guerrilla, y la justicia estadounidense condenó a ambas empresas a pagar una multa de 25 millones de dólares.
"Es un buen paso", declaró a EL PAÍS el investigador Gerson Arias, de la ONG Ideas para la Paz, en relación con las detenciones de los tres hacendados. Para él, son el reflejo de una variación del mapa político del país. "Se quedaron sin padrinos, desprotegidos", asegura. Sin embargo, ve una paradoja: como el cambio no es el esperado, existen ya nuevas generaciones de terceros que se benefician del conflicto y que tienen respaldo desde arriba para permanecer en la sombra.
Esta nueva puerta que se abre, asegura Arias -una de las personas que más ha estudiado el fenómeno paramilitar-, permanecerá abierta dependiendo del apoyo que el nuevo Gobierno que se forme tras las elecciones presidenciales de mayo ofrezca al proceso de Justicia y Paz, marco legal de la desmovilización paramilitar. Arias destaca que es la primera vez que en procesos de justicia relacionados con el desarme se persigue a terceros; siempre, dice, han logrado permanecer invisibles.
El analista Alfredo Rangel, de la Fundación Seguridad y Democracia, advierte de que se debe evitar la cacería de brujas: según él, son una gran minoría los empresarios agrícolas que se aliaron con los paras y fueron determinantes de sus crímenes. "Hay otra inmensa mayoría que, forzadamente, por presión armada, tuvo que apoyar y financiar a estos grupos", dice categóricamente.
Los grupos paramilitares se desmovilizaron en un proceso que duró tres años. Jefes y mandos medios que se acogieron al proceso de Justicia y Paz han relatado detalles de cómo manejaron esta maquinaria de muerte. Para los críticos del proceso de desmovilización, uno de los grandes vacíos es, precisamente, que no se haya perseguido a los grandes que estuvieron detrás de este horror.
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