El tribunal propina un importante varapalo al juez instructor, Juan del Olmo -a añadir a lo "incomprensible" de la imputación-, por el hecho de que no hubo un "control judicial suficiente y eficiente" de las condiciones en que se desarrolló la incomunicación de los detenidos.
La sentencia no afirma que los acusados fueran torturados, porque no puede hacerlo. Sin embargo, recuerda que todos los procesados relataron con detalle en el juicio, y previamente ante el juez Del Olmo, que habían sufrido malos tratos y torturas durante el periodo en que estuvieron incomunicados.
Pues bien, el tribunal señala que los actos descritos por los acusados "son compatibles con lo expuesto en los informes médico-forenses emitidos tras ser reconocidos en el centro de detención". Es decir, que pudo haber torturas, que así lo indicaban los informes forenses y que el juez Del Olmo o no lo vio o no quiso verlo.
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