Ante el infame secuestro de los restos del general Leandro Gómez, héroe que admiro desde mi juventud, influida por el revisionismo histórico, hoy con nuevos bríos, y ante la acusación aún no probada, de la presunta participación de un legislador blanco en el momento del hurto, es mi obligación realizar las siguientes puntualizaciones:
1) Hay momentos en la vida de un editor de diarios, donde el periodismo deja de ser un fin en sí mismo y deja paso al interés del bien común, que está por encima de los intereses del medio. Este fue el caso de nuestra investigación sobre la desaparición de los restos del mártir de la heroica Paysandú, que hoy comienzan a recuperarse.
2) Conocidas las declaraciones y los indicios probatorios de las alternativas del robo con fines espúreos, se me presentó un dilema ético. Publicar el nombre de los implicados mencionado por una fuente, debidamente identificada, con exigencia aceptada de reserva y confidencialidad sobre el origen de la información, u ocultar los nombres e informar genéricamente sobre el insuceso. En el primer caso podría estar lesionando directamente la imagen de un ciudadano acusado y no condenado por la Justicia. En el segundo caso podrían originarse sospechas sobre una colectividad política que tiene entre sus filas un presunto delincuente y no se sabe qué legislador es, recayendo la sospecha en alguno de los 39 legisladores con que cuenta hoy el Partido Nacional. Opté por el mal menor. La comunidad política es una persona jurídica moral y su imagen no se daña porque uno de sus integrantes pueda, si se prueba por la Justicia, haber cometido un delito. En cambio publicar sin condena judicial y sin procesamiento alguno que implique por lo menos la existencia de semiplena prueba, a un ciudadano, persona jurídica real, aunque nos merezca confianza la fuente denunciante, podría implicar la configuración de un daño irreparable, sin marcha atrás, que no estuve dispuesto a dar.
3) Actué con honestidad y con la única intención de ayudar a ubicar en el orden del día nacional, este hecho que desde que aconteció ha pasado casi desapercibido. Actué con la intención de reactivar la investigación sobre esa afrenta a nuestra historia. Actué con el único objetivo, más que el descubrimiento de los autores intelectuales, logísticos y materiales de la depredación, la necesidad de recuperar todos los restos que simbolizan una parte trágica y noble a la vez de la peripecia nacional.
4) Colaboré de inmediato con las autoridades nacionales. Puse en conocimiento de ellas, sin violar la deontología que rige las conductas del periodismo, salvaguardando el nombre de una fuente debidamente identificada, todos los elementos que obraban en nuestro poder. Me entrevisté en un raid extenuante con ministros, fiscal de Corte, jueces, directores policiales y expertos en el instituto del "pentiti", el arrepentido, con el único objetivo de recuperar lo antes posible los restos del héroe nacional.
5) Si en algo puedo mitigar la preocupación y el dolor de los 39 legisladores blancos que se sintieron sospechados, hoy que ya está interviniendo activamente la Justicia Penal de Paysandú en este tema, puedo declarar a ellos y a la opinión pública, que ninguno de los 39 legisladores que hoy defienden en ambas Cámaras parlamentarias, al lema Partido Nacional, ha sido mencionado o siquiera sospechado, por la fuente que nos proporcionó la información.
El presunto legislador blanco, acusado por nuestra fuente, era legislador en el momento en que se produjo el latrocinio, pero no fue reelecto en la nueva legislatura. Cierto es que la sospecha puede recaer sobre los legisladores blancos que no fueron reelectos, que no son pocos, aunque son mucho menos que los que actualmente detentan sus bancas. A ellos les digo, que falta muy poco para que se conozca la verdad de lo sucedido y cuando ésta resplandezca, las cosas volverán a su justo lugar.
Federico Fasano Mertens Director
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