El Parlamento catalán ha aprobado este miércoles la Ley de Consultas Populares por Vía de Referéndum con los votos de los grupos del tripartito, que posibilita la convocatoria de referendos sobre competencias de la Generalitat y los ayuntamientos, aunque para ello se requiera de la autorización del Estado.
La nueva ley, la primera que regula la convocatoria de referendos que aprueba un Parlamento autonómico, contempla que puedan ser convocados o bien por el gobierno catalán, o por dos grupos parlamentarios o una quinta parte de los diputados, o por el 10% de los municipios de cataluña -95 municipios con un mínimo de 500.000 habitantes-, o también por un 3% de la población catalana, mediante la recogida de firmas.
El texto ha sido aprobado con el apoyo de PSC, ERC e ICV-EUiA y los votos contrarios de los grupos de la oposición (CiU, PPC y mixto) y permitirá promover plebiscitos sobre "cuestiones políticas de trascendencia especial para la ciudadanía en el ámbito de las competencias de la Generalitat".
El conseller de Gobernación, Jordi Ausàs, ha destacado que la normativa supone un fortalecimiento de la democracia, que se dota de un instrumento de participación directa de los ciudadanos, y ha asegurado que ha sido elaborada "con toda la pulcritud" para adaptarse al Estatut y a la Constitución, lo que no es un impedimento para avanzar "hacia el derecho a decidir"
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