La Comisión Electoral de las elecciones al Ilustre Colegio de
Abogados de Madrid (ICAM) ha anunciado en la madrugada del miércoles su
decisión de suspender la proclamación de los resultados de los comicios
después de que siete de las catorce candidaturas hayan presentado la nulidad de las votaciones, por lo que se abre un plazo de alegaciones que terminará el viernes 21 de diciembre.
En el texto final del acuerdo, la Comisión Electoral ha determinado
que, como consecuencia de la suspensión de la proclamación, la Junta de
Gobierno del ICAM continuará ejerciendo sus funciones hasta que se alcance una resolución.
Asimismo, ha establecido como plazo "improrrogable"
para la presentación de alegaciones, hechos y acreditaciones que los
representantes de las candidaturas consideren oportunos con relación a
las reclamaciones realizadas las 14 horas del viernes 21 de diciembre.
La Comisión Electoral será la encargada "de custodiar en sobre
lacrados los resultados obtenidos en las mesas electorales y el emitido
por correo computado por la propia comisión". "Dichos sobre se
introducirán en la caja fuerte del ICAM haciendo entrega de la llave al
presidente de la comisión", agrega el texto del acuerdo.
El organismo remitirá además copia de la denuncia presentada ante el Juzgado de Guardia en relación con los "graves hechos" acaecidos durante la jornada electoral, al tiempo que ha puntualizado que dicha denuncia se incorporará al acta.
La comisión ha hecho así referencia al pequeño altercado que ha tenido lugar después de que unos individuos trataran de sacar unos ordenadores con datos de participación recopiladores de los interventores al cierre de las urnas.
Otro de los acuerdos alcanzados por la comisión estipula que delegará
en el presidente del organismo para que represente a la misma ante el
Juzgado de Guardia (JI número 15) a efectos de que solicite del mismo
"que acuerde las diligencias oportunas para acceder a la mayor brevedad
al contenido de los ordenadores y demás dispositivos electrónicos
depositados en el juzgado y ponerlo en conocimiento de la comisión".
Por último, ha exigido a todas las candidaturas "que se abstengan de realizar cualquier medida de presión sobre la comisión y sobre sus miembros".
Asimismo, les ha recordado que "ante la gravedad de los hechos
acaecidos, deben extremar el celo en la defensa del buen nombre de la
profesión y de la institución colegial".
Esta acción ha sido impedida por varios colegiados y ha propiciado
que la Policía irrumpiera en el Palacio de Congresos ante el tumulto que
ha creado el incidente. Tras resolverse la trifulca, la Comisión
Electoral ha analizado durante varias horas los hechos para estudiar si
suspendía los comicios, tal y como han solicitado siete candidaturas de
forma conjunta, según han informado a Europa Press fuentes de las
candidaturas.
A los comicios concurrían un total de catorce candidaturas, encabezadas por Antonio Hernández-Gil, Javier Cremades, Sonia Gumpert o Ignacio Peláez,
entre otros. Según datos ofrecidos por el ICAM, las elecciones han
registrado una participación de un 13,94 por ciento frente al 10 por
ciento de las de 2007. Un total de 8.998 abogados han ejercitado su
derecho al voto, de los que 7.746 eran ejerciente y 1.254 no
ejercientes.
Denuncia de irregularidades
La comisión ha anunciado que ha recibido por los representantes de
las candidaturas y pos los interventores de diversas mesas electorales,
así como a través de un comunicado conjunto de siete de los candidatos,
una denuncia sobre irregularidades relativas a varios aspectos del
proceso.
Entre estas irregularidades denunciadas se encuentran la realización de actos de propaganda durante la jornada en el colegio electoral,
en sus inmediaciones y en algunas salas de abogados de juzgados y
tribunales, así como el empleo de mecanismos de presión sobre los
electores para que se decantaran por una determinada candidatura.
Asimismo, se ha denunciado el ofrecimiento de medios económicos y
materiales para conseguir que los electores acudieran a votar en favor
de una determinada candidatura y la entrega de sobres con papeleta
electoral por representantes de alguna de las candidatura en la sede
electoral y en las inmediaciones de la misma.
La comisión ha recogido además denuncias por el cotejo de la lista de votantes
de la mesa electoral con listados propios elaborados por una de las
candidaturas para su volcado en un ordenador portátil con el objetivo de
comprobar quiénes habían ejercido su derecho al voto y quiénes no.
Igualmente, se ha denunciado el intento de sacar ordenadores
portátiles de la sede electoral, la suscripción de pactos previos a la
presentación de la candidatura que pudieran afectar a materias
indisponibles desde el punto de vista legal y estatutario, así como la
existencia de hojas en las que figuran nombres de electores junto con la
persona presuntamente encargada de la captación de su voto.
