La quiebra de Instituto de Alta Tecnología (IAT), una fundación
creada en 2001 para construir y gestionar un pionero centro de
diagnóstico por imagen en el Parque de Investigación Biomédica de Barcelona (PRBB, en sus siglas en catalán),
ha hecho aflorar un nuevo fraude millonario de dinero público en la
sanidad catalana. El IAT tenía que ser un modelo de excelencia y una
brillante colaboración entre el sector público y el privado. Formada por
tres hospitales financiados por la Generalitat —Mar, Clínic y Vall
d’Hebron— y un holding privado —CRC, empresa líder en Cataluña en el sector—, la fundación acabó sin embargo solicitando el concurso de acreedores en octubre de 2011.
La causa de ello no fueron los recortes. Ni siquiera la escasez de
recursos para la investigación. Según el administrador concursal de IAT y
la auditoría Faura-Casas, a la que el Juzgado de Primera Instancia 46
de Barcelona ha encargado un peritaje, CRC se aprovechó de su control
sobre la fundación para obtener irregularmente de ella cuantiosos
recursos e incluso desvió hacia sus empresas filiales subvenciones y
todo tipo de materiales comprados con fondos públicos, todo ello en
medio de un caos de gestión —cuentas no depositadas, “cifras
inconsistentes”, ingresos y gastos que no cuadraban...— en el que ahora
los técnicos tratan de poner un poco de orden.
En total, el administrador concursal, estima en 5,3 millones el
dinero que el grupo CRC debe a la fundación. La mitad de este importe
proviene de un crédito blando concedido en 2002 por el entonces
Ministerio de Ciencia y Tecnología. Por todo ello, el administrador
considera que “existen motivos para fundamentar la calificación culpable
del concurso”, es decir, que pueden existir responsabilidades por parte
de los gestores de CRC. Lo sucedido tampoco deja en muy buen lugar a
los patronos de los tres hospitales públicos afectados, cuya falta de
control o complacencia permitió todo lo ocurrido.
El caso, además, amenaza complicarse en un reguero de procesos
judiciales, ya que IAT ha dejado en la estacada a una veintena de
trabajadores e investigadores, y el grupo CRC solicitó asimismo el
concurso de acreedores el pasado mes de septiembre.
La malograda historia del IAT arranca en julio de 2001, cuando una
filial del grupo CRC —CRC Mar— y el Instituto Municipal de Asistencia
Sanitaria —IMAS, empresa del Ayuntamiento de Barcelona que entonces
gestionaba el hospital del Mar— crearon la fundación IAT. A los dos
socios fundadores, a IAT se sumaron el hospital Clínic en enero de 2003 y
el de la Vall d’Hebron en octubre de 2004. En todos los casos la
aportación inicial fue de 60.010 euros, ampliada con otros 100.000 euros
por actor en 2005, dinero que los centros ya pueden dar por perdidos.
Pese a que CRC solo aportó una cuarta parte de estos fondos
iniciales, los hospitales le cedieron el control de la fundación en un
contrato firmado en abril de 2002 que daba a CRC Corporación Sanitaria
—la matriz del holding— los poderes “de dirección, gestión,
administración y dirección médica” de IAC. El administrador destaca la
paradoja de que el contrato fuera firmado por los dos máximos ejecutivos
de CRC, Carlos Sanpons y Norberto Galindo. El primero —consejero y
presidente de la matriz, CRC Corporación Sanitaria— lo hizo en
representación de IAT, mientras Galindo lo hizo por el holding.
El dominio de CRC sobre la gestión del IAT le permitió obtener
cuantiosos ingresos de la fundación desde el primer momento. Por el
servicio de dirección, el contrato establecía 50.000 euros anuales más
un importe variable por cada prueba de diagnóstico por imagen realizada,
condiciones “a todas luces leoninas y perjudiciales para la fundación y
en beneficio, muy lucrativo para CRC”, sostiene el administrador.
La pericial de Faura-Causas, sin embargo, alerta de que en realidad
CRC cobraba mucho más a IAT por este concepto: “Los importes facturados
en concepto de canon de gestión fijo (...) son sustancialmente
superiores a los estipulados en el contrato”. En 2008, CRC ingresó en
realidad 109.256 euros, cantidad que en 2010 subió a 111.786 euros.
Pese a todo, estas cantidades eran solo una pequeña parte del dinero
público que CRC llegaría a gestionar si llegaba a construirse el
ciclotrón, el proyecto por el que fue creado el propio IAT. Este equipo,
un acelerador de partículas, requería una millonaria inversión que en
enero de 2002 aportó el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Fue en forma
de crédito de 5,79 millones de euros a devolver en 15 años sin
intereses y con una carencia de tres años.
El ministerio solo impuso una condición relevante: el ciclotrón y los
otros equipos médicos comprados con el crédito “debían utilizarse
únicamente con fines docentes y de investigación, y no comerciales”. Las
obras y la instalación de los equipos se prolongaron durante más de
cuatro años, pero una vez todo en marcha CRC no tardó en saltarse la
condición impuesta por el ministerio y a ofrecer a empresas del sector
farmacéutico y sanitario el uso del ciclotrón. Según destaca el
administrador, “la intención de la fundación no era la de dedicar única y
exclusivamente el ciclotrón para fines de investigación o docentes
sino, muy al contrario, para su explotación comercial”.
No fue la única irregularidad cometida por CRC con relación al
crédito. Según Faura-Casas, IAT “no pudo justificar la inversión por la
totalidad de la cantidad prevista”, lo que provocó que el ministerio le
revocara parte del crédito por 1,84 millones de euros. Tras varios
escritos y negociaciones cruzados entre 2006 y 2008, IAT dejaría de
devolver al Ministerio de Ciencia 2,52 millones de euros, importe aún
pendiente.
Pero la más controvertida de las decisiones adoptadas por CRC como
gestor de IAT aún tenía que llegar. Fue en enero de 2008 cuando la
fundación vendió a una empresa filial de CRC —CRC Centro de Imagen
Molecular (CRC-CIM)— el uso del ciclotrón y las ramas de actividad
susceptibles de ser comercializadas. Era una operación que permitía
sortear las limitaciones impuestas por el ministerio, pero para el
administrador concursal suponía un fraude. CRC-CIM fue para él una
sociedad “constituida con la finalidad de instrumentalizar la compra de
activos a IAT, todo ello en beneficio de CRC y en muy grave perjuicio
para la fundación”. La venta supuso vaciar de facto la
fundación de su principal activo y cuestiona el papel de los patronos
que lo permitieron, cuya función según la ley es velar por los
principios fundacionales de la entidad.
El administrador concursal recurrió ante la venta del ciclotrón a
CRC-CIM ante el Juzgado de lo Mercantil 6, que en una sentencia del
pasado 12 de noviembre ha resuelto declararla nula. Están por ver ahora
los efectos de este fallo en el proceso, con el grupo CRC en concurso de
acreedores y el IAT apenas funcionando desde hace más de un año.
Tras la venta de su principal activo, la fundación IAT quedó reducida
a la mínima expresión, con solo cuatro de los cerca de 40 trabajadores
que llegó a tener. Según la pericial de Faura-Casas y el administrador
concursal, sin embargo, CRC utilizó en esta última etapa, de 2008 a
2010, a la fundación como una especie de tapadera para comprar a
coste cero todo tipo de materiales y servicios. El esquema utilizado
era tan simple como lesivo para IAT y los proveedores: la fundación
hacía los pedidos (que luego no pagaba), pero los materiales y servicios
obtenidos iban en realidad a empresas del grupo CRC. Esta práctica
causó a la fundación, según Faura-Casas, un agujero de 3,27 millones de
euros. Estas prácticas fueron las que llevaron a IAT a la ruina.
No fue hasta finales de diciembre de 2010 cuando los tres hospitales
públicos implicados “reaccionaron”, según el administrador concursal,
“retomando el control efectivo de la fundación el 21 de febrero de
2011”. Lo tardío de la medida no logró evitar la solicitud del concurso
de acreedores presentada por IAT en octubre del mismo año.
Silencio entre los implicados
Las cuantiosas pérdidas sufridas por el IAT y los hospitales públicos implicados, y el hecho de que el caso esté en los tribunales lleva a la mayoría de implicados a declinar ofrecer su versión sobre los hechos. Así lo han hecho los hospitales Clínic y Vall d'Hebron, que rechazaron comentar el papel de sus patronos en la quiebra de IAT.Un portavoz del hospital del Mar se limitó a destacar que “los hechos corresponden al anterior equipo de gestión”. Este mismo portavoz también apuntó que el grupo CRC habría maniobrado a espaldas de los patronos, especialmente en la venta del ciclotrón a una empresa filial.
Esta versión fue desmentida por los responsables de la empresa, que aseguraron que “los patronos de IAT estuvieron en todo momento informados y aprobaron las principales decisiones y las cuentas de la entidad”. Un portavoz de CRC, hoy también en concurso de acreedores, culpó a las administraciones implicadas —Generalitat y Ayuntamiento— por haber incumplido un acuerdo que hubiera dado viabilidad al proyecto.
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