La Marea
Mañana martes, 18 de
diciembre, ONG’s, colectivos y sindicatos conmemoran el Día
Internacional de las Personas Migrantes, con el objetivo de reflexionar
sobre las dificultades y retos a los que se enfrenta un colectivo de
personas que cambia de país por muy diferentes motivos.
Pese a
que son reconocidos como un motor importante de desarrollo, su situación
se vuelve crítica en momentos de dificultad, como la crisis, ya que
además de las trabas burocráticas y legales que encuentran, no reciben
el apoyo necesario desde las instituciones.
- Ley de Extranjería:
Lograr los ansiados papeles es una misión casi imposible, ya que la vía
más accesible, hoy menos que nunca en medio de la crisis, es obtener un
contrato. La segunda opción más sencilla es la de concertar matrimonio o
pareja de hecho con otra persona que tenga la nacionalidad.
Tanto
la una como la otra abren, de nuevo, la puerta a los abusos. “Nadie
quiere hacer contrato tal y como están las cosas”, lamenta M.B.,
inmigrante marroquí. Este joven ha estudiado Informática industrial y
habla tres idiomas, pero la falta de papeles le ha condenado a trabajos
como el de camarero o dependiente en un locutorio. “Hace no mucho, el
frutero de mi barrio, español, me ofreció un contrato a cambio de 3.000
euros”, confiesa.
- Sanidad: A partir de la entrada en
vigor del Decreto Ley 16/2012, los inmigrantes sin papeles quedaron
excluidos del sistema sanitario de salud. Para ser atendidos, deben
pagar una cuota en la mayoría de los casos inasumible por este
colectivo. El decreto “supone la exclusión de cientos de miles de
personas del derecho a recibir atención sanitaria y el repago de
medicamentos y de ciertas prestaciones sanitarias”, denuncia ‘Yo sí sanidad universal’, una plataforma de médicos, trabajadores sanitarios y usuarios.
Según
un estudio realizado por SOS Racismo, el prototipo de inmigrante sin
papeles es una persona joven, que no suele acudir a los servicios de
salud, y que, dado que contribuye a su mantenimiento mediante el pago
del IVA, es un paciente “barato” desde el punto de vista de la
rentabilidad. Por tanto, no existen razones objetivas para expulsar a
cientos de miles de personas del sistema sanitario según tenga o no
papeles.
El drama, aunque silencioso, ya se ha desatado: Casos de
cáncer que no se tratan, deudas acumuladas por dolencias simples, o
personas que esperan, estoicamente, la muerte y el sufrimiento.
- CIEs:
Los Centros de Internamiento de Extranjeros son, en la práctica,
inmensas cárceles inmersas en un limbo legal. En ellas, se encierra a
personas por no tener papeles, es decir, por una mera falta
administrativa.
En estos centros, el historial de violaciones de
derechos humanos es extenso. El goteo de muertes, constante. Samba
Martine, madre de 34 años, fue diagnosticada erróneamente hasta nueve
veces en lo servicios sanitarios del CIE de Aluche, en Madrid, el pasado
diciembre. Un mes después, le tocaría el turno a un joven guineano,
Idrissa Diallo. Ninguno fue atendido debidamente. Algunos casos, como
el CIE de Málaga, han sido especialmente sangrantes.
Después de
dos décadas de funcionamiento, tras interminables quejas de ONGs,
activistas e, incluso, el 15-M, el subdelegado del Gobierno, Jorge
Hernández, anunció su cierre el pasado junio. Según Hernández, la
decisión “demuestra la sensibilidad del Gobierno hacia este asunto”.
- Redadas:
Lo han denunciado ONGs, colectivos sociales e incluso sindicatos
policiales. Los controles por motivos de raza o nacionalidad son
frecuentes en ciudades como Madrid, donde, según el último informe de las Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos (BVODH),
han aumentado en los últimos meses. Según esta organización, que lleva
tres años recorriendo las calles y documentando este tipo de prácticas,
en los 31 controles observados, 171 personas fueron identificadas por su
perfil racial. De estas, 27 fueron detenidas. Pese a que el PP, cuando
estaba en la oposición, aseguró que acabaría con este tipo de prácticas,
lo cierto es que la tendencia no ha ido encaminada a la desaparición.
Más bien al contrario.
Un gran número de ONGs han denunciado que
estas prácticas vulneran el derecho internacional. Según Amnistía
Internacional, las redadas constituyen una “discriminación ilícita y
viola las obligaciones de España en virtud del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, la Convención Internacional sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial y el Convenio
Europeo de Derechos Humanos”.
- Trabajo esclavo: Hasta
2009, la economía española estaba en alza, atrayendo a miles de personas
que buscaban una oportunidad. Hoy son los más vulnerables en una crisis
que les está condenando a trabajar en condiciones esclavas, peores que
nunca: sueldos miserables, sin jornada fija y sin ningún documento que
acredite que han realizado el trabajo. De este modo, el espacio a los
abusos por parte de grandes y pequeños empresarios es amplio.
Entre
los inmigrantes con papeles, la situación no es mucho más halagüeña.
Los sindicatos han denunciado que se trata de uno de los colectivos más
“vapuleados” por la crisis. Según la patronal de grandes empresas de
trabajo temporal (Agett), el número de inmigrantes en paro se ha
triplicado desde 2007, desde los 380.000 desempleados hasta un total de
1.182.400.
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