El Juzgado de lo Social 17 de Barcelona da por probado que el holding privado CRC
cargó fraudulentamente gastos propios —laborales, comidas, compra y
mantenimiento de maquinaria...— a la fundación Instituto de Alta
Tecnología, entidad formada a partes iguales por tres hospitales
públicos —Clínic, Vall d’Hebron y Mar— y la propia CRC.
La sentencia, fechada el pasado 19 de marzo, se refiere a la demanda
de un trabajador de IAT contra la fundación por un despido, pero
adquiere especial relevancia al ser el primer fallo judicial —la quiebra
de IAT está en trámite en el Juzgado de Primera Instancia 46 de
Barcelona— que confirma las irregularidades y desvíos de fondos ocurridos en IAT entre 2008 y 2010. Estas irregularidades, que podían ascender a 5,3 millones e incluían subvenciones de la Marató de TV-3 y la Universidad Pompeu Fabra,
habían sido reveladas hasta ahora por el administrador de IAT, en
concurso de acreedores desde octubre de 2011 y una auditoría pericial
encargada por el juzgado.
IAT es una fundación creada en 2001 con el objetivo de construir y
gestionar un ciclotrón y otros equipos de alta tecnología de diagnóstico
por imagen en el Parque de Investigación Biomédica de Barcelona. Pese a
que los hospitales públicos eran mayoría en la entidad —tres cuartas
partes de la dotación fundacional—, su gestión siempre recayó en manos
de los directivos de CRC gracias a un contrato firmado en 2002, sin que
los patronos designados por el Clínic, el Vall d’Hebron y el Mar
intervinieran hasta 2011 para poner fin al fraude, según criticó el
propio administrador concursal.
La decisión más importante, después de su misma creación, en la
historia de IAT se adoptó en 2008. Fue entonces cuando los directivos de
la fundación —que eran los mismos que los de CRC— decidieron vender a
una empresa filial del holding todos los equipos, en una operación que el administrador concursal considera que causó “muy grave perjuicio para la fundación”.
A partir de entonces, IAT quedó reducida a una pequeña estructura de
solo cuatro trabajadores —uno de ellos el que presentó la demanda—
dedicada en exclusiva a la investigación y la docencia. Eso sobre el
papel, porque según ratifica ahora la sentencia, CRC siguió utilizando a
la fundación IAT y sus trabajadores en beneficio propio, sin separar lo
que revertía en beneficio de la empresa y lo que servía para la
docencia. “Los hechos probados muestran con palmaria claridad una
confusión total entre las prestaciones de los trabajadores de una [la
empresa, CRC] y otra [la fundación, IAT]”, relata el fallo judicial,
“además de una confusión de patrimonios y apariencia externa de unidad”.
La sentencia también destaca “las actividades realizadas por el
demandante, donde puede verse que además de la actividad académica, que
sería la única que debería haber hecho”, también trabajó “para
laboratorios farmacéuticos” para lucro de CRC.
El fallo judicial también considera probado que trabajadores de la
fundación como el demandante “realizaron pedidos de compras de material
para CRC” en una de las operaciones fraudulentas con las que la empresa
llegó a causar 3,27 millones de pérdidas a IAT: adquirir a nombre de la
fundación materiales y servicios que en realidad iban destinados a CRC.
El administrador considera que estas prácticas podrían acarrear
responsabilidades para los dos máximos directivos del grupo CRC, Carlos
Sanpons y Norberto Galindo, al considerar culposo el concurso de
acreedores.
La práctica de cargar a la fundación gastos de la empresa alcanzó
incluso a las comidas: “En enero y marzo de 2009 fueron cargadas a IAT
facturas correspondientes a los gastos de comidas hechos por los
trabajadores de empresas del grupo CRC”, sentencia el fallo judicial.
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