Una semana después de que el caso más famoso sobre trata de mujeres
en Argentina acabara con los 13 acusados absueltos, la Cámara de
Diputados desempolvó un adormecido proyecto de ley contra este delito y
lo aprobó la noche del miércoles.
Desde hace 16 meses la cámara baja del Congreso argentino debía
debatir la iniciativa, que había sido aprobada por el Senado y que
endurecía las penas contra la esclavitud sexual. Pero solo la discutió
después del escándalo que se montó después de la madre coraje
que busca a su hija secuestrada por las redes de trata desde hace diez
años, Susana Trimarco, se enfrentara a la decisión de un tribunal de su
provincia, Tucumán, que libró de culpas a los 13 que ella había
investigado por sus propios medios, ante la inoperancia policial.
Miembros de las fuerzas de seguridad, así como de la política y la
justicia, se encuentran bajo sospecha de connivencia con el negocio de
la explotación sexual en Argentina. Y no solo en este país. Por eso,
Trimarco debió buscar sola a su hija, María de los Ángeles Verón, alias
Marita, e incluso se disfrazó de prostituta para rastrearla en los
burdeles.
En 2007 creó la Fundación María de los Ángeles, desde la que ayudó a
rescatar a casi 200 víctimas como Marita, pero no ha hallado a su hija.
Tampoco logró que se condenara a ninguno de los imputados en el juicio
que se extendió durante casi todo 2012 y que dejó afuera del banquillo a
quienes Trimarco consideraba los cabecillas de este negocio ilegal,
como el jefe de la brava brava y expresidente del San Martín, club de
fútbol tucumano.
La absolución de todos los acusados, y sobre todo la ausencia de
culpables después de diez años de la desaparición de Verón, derivó en
una indignación generalizada en Argentina. En eso coincidieron todos los
grupos políticos, algo poco habitual. La presidenta argentina, Cristina
Fernández de Kirchner, reaccionó y dispuso que el Congreso discutiera
el proyecto contra la trata en sesiones extraordinarias convocadas
durante el receso estival. La iniciativa iba a perder estado
parlamentaria a finales de año porque llevaba demasiado tiempo sin
evaluarse después de la aprobación del Senado.
El nuevo proyecto había surgido en 2010 para corregir algunas
imperfecciones que tenía la primera ley específica contra la trata, que
había sido sancionada en 2008, también por el impulso de Trimarco. Hace
cuatro años, el caso Verón había tomado estado público en Argentina
porque una serie de televisión lo había abordado. Pero la segunda
iniciativa no despertó tanto interés de los diputados, pese a las
reclamaciones de las organizaciones que se dedican a combatir la
esclavitud sexual y el proxenetismo, como la cooperativa La Alameda.
En una sesión en la que estuvieron presentes Trimarco y el gobernador
de Tucumán, José Alperovich, 224 diputados sancionaron la norma y solo
uno se abstuvo. La oposición criticó al kirchnerismo por los 16 meses de
demora en aprobarla. La nueva ley amplía las condenas contra la
explotación sexual simple a entre dos y cuatro años de cárcel y
establece penas de cinco a 15 años si las víctimas quedan embarazadas o
son menores de 18 años. Uno de los puntos clave radica en que el
consentimiento de las mujeres adultas no podrá eximir de responsabilidad
penal a los tratantes. Los imputados no podrán ser excarcelados
mientras se le siga el proceso de instrucción judicial.
En el debate del proyecto, diputados kirchneristas destacaron que a
partir de la ley de 2008 las fuerzas de seguridad habían logrado
rescatar a 3.975 víctimas de trata y proxenetismo y habían detenido a
1.396 acusados. El abogado de la cooperativa La Alameda, Mario Ganora,
ha presentado denuncias por presunto proxenetismo y narcotráfico contra
los dueños de uno de los clubes nocturnos más famosos del aristocrático
barrio de La Recoleta, pero nunca ha podido acusarlos de trata porque,
según él, la ley que en 2008 la introdujo en el código penal resulta
difícil de aplicar. La Alameda no se ha cansado de presentar otras
denuncias con nombre y apellido de los presuntos jefes del negocio de la
explotación sexual en Argentina. Habrá que ver si la nueva ley mejora
las posibilidades de los jueces de combatirla.
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