La OCU denuncia que los consumidores pagan "unos 300 millones de euros al año para que se gestionen correctamente los residuos". Aunque no aparece en la factura, los productores de aparatos y electrodomésticos, cobran una parte al comprador para financiar el reciclaje. Y, sin embargo, "solo se trata de forma correcta el 10% de los residuos que se generan en España". La OCU critica que no hay controles ni datos públicos, y que el Ministerio de Medio Ambiente se ha desentendido del tema y no realiza ni una sola inspección ni controla el flujo del dinero.
De los cuatro frigoríficos rastreados por la OCU, solo dos acabaron en una planta autorizada para eliminar el gas que contiene y que posee un potencial de efecto invernadero miles de veces mayor que el del CO2. En el estudio ha aparecido el robo incluso en el mismo punto limpio en el que fueron depositados.
"En otro caso, el televisor iba rumbo a una planta autorizada de Zaragoza, pero de camino paró 27 minutos y allí fue desmembrada antes de llegar", explica Belén Ramos, la técnico en medio ambiente de la OCU responsable del estudio, que comenzó hace medio año. Parte del material llegó a la planta de tratamiento y parte a un vertedero en Lleida. La OCU sospecha que la parte metálica, con el valioso cono de cobre, fue a Lleida y el resto a la planta de Zaragoza. Lo cree así porque ese televisor llevaba dos seguidores, uno metálico que emite señales de móvil y otro de plástico vía satélite. El de plástico acabó en una nave en Zaragoza.
Por todo, la OCU ha llevado a la fiscalía el informe. La fiscalía de Medio Ambiente ya ha presentado las primeras querellas por este fraude masivo, ya que al no tratar correctamente los residuos se vierten el entorno metales pesados y gran cantidad de contaminantes.
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