"Pagaban cuatro dólares y ahora tendrán que pagar unos pesitos mas" dijo el presidente Mujica al referirse días pasados a su propuesta de aumentar la carga impositiva sobre la explotación de tierras mayores a 2000 hectáreas. Se señaló también que si bien el valor de la hectárea en Uruguay se ha multiplicado por nueve, la contribución inmobiliaria rural bajó.
Se pone en la mesa el debate que confronta el uso de la tierra como renta/capital o la tierra como un bien social y por ende todos los uruguayos deben ser beneficiados por su explotación. Se pone en el tapete una gran discusión ideológica en lo que a visión de la tierra y visión de país refiere.
Los medios de prensa haciendo uso de la dialéctica y un “cut & paste” de viejos comentarios del presidente se apuran para señalar las “contradicciones de Mujica”. La hegemonía cultural, al decir de Gramsci, se aplica con todo el peso a la hora de defender, sostener y mantener el sistema que hasta el momento ha sostenido a la oligarquía nacional (si bien al día de hoy las tierras han ido cambiado de mano y gran parte pertenece a capitales transnacionales).
Y ya se generan contradicciones: dentro de la propia fuerza de gobierno han surgido voces en contrario o, las mas cautas, han indicado que es una propuesta (formalizada en el consejo de ministros del lunes 6 de junio) del presidente que deberá ser debatida para darle forma. También se discute si los dineros obtenidos por este nuevo gravámen (unos 60 millones de dólares al año) deben volcarse a caminería rural (indirectamente vuelven a los terratenientes a quienes grava) o si por el contrario debiera volcarse hacia otro tipo de obras o emprendimiento como por ejemplo la compra de tierras por parte del Instituto Nacional de Colonización (INC) para aumentar su cartera de tierras y de esa manera dotarlo de recursos para distribuír entre los aspirantes a colonos (de los mas desprotegidos por poseer muy pocas o ninguna tierra y tener que arrendar y competir de forma totalmente desigual con los potentes terratenientes, transnacionales dueñas de tierras, etc)
En este punto es bueno hacer una pequeña reseña de cuales son los impuestos que a la fecha gravan a la producción agropecuaria en Uruguay. Los impuestos directos más significativos son:
a) Impuesto a la Renta Agropecuaria (IRA) Grava a las rentas derivadas de actividades agropecuarias destinadas a obtener productos primarios (vegetales o animales) como por ejemplo la cría o engorde de ganado, producción de lanas, cueros, leche o producción agrícola, frutícola y horticola. Se excluye expresamente de este impuesto a la AgroIndustria ya que ésta está comprendida por el Impuesto a la Renta de Industria y Comercio (IRIC). Tampoco están comprendidos los arrendamientos anteriores a agosto de 1984. A grandes razgos el cálculo del IRA se realiza sumando las ganancias obtenidas menos las pérdidas que pudieran haberse ocasionado en el ejercicio de cálculo y el porcentaje es del 30% (treinta porciento)
b) Otro de los impuestos que gravaron en forma directa a las actividades agropecuarias fue el Impuesto a las Actividades Agropecuarias (IMAGRO), d erogado a partir de julio de 1995 por la Ley 16736 de enero de 1996.
c) Contribución Inmobiliaria Rural (CIR) Es el impuesto que, según se desprende de las palabras del presidente, se pondrá a estudio para su ajuste. Grava la propiedad de la tierra en función de su valor catastral. Este valor se considera en función del valor real (independientemente del valor del mercado) del bien y es fijado y ajustado por la Dirección Nacional de Catastro. Se toman en cuenta para el cálculo el índice CONEAT de la tierra así como su proximidad a las vías de comunicación (carreteras) o centros poblados.
Desde su creación en 1968 por la Ley 13.637 la tasa era de un 2%, en 1972 fue adicionada con un 1% por la Ley 14,100 para “financiar programas de obras departamentales” (plena crisis institucional del Uruguay, antesala de la dictadura cívico-militar). La dictadura la fijó en un 9 por mil en 1974 por la Ley 14,189 y no fue hasta luego del retorno de la Democracia que por la Ley 15,809 de 1986 se la fijó en un 1.25%.
En el año 2000 y según la Ley 17,243 fue rabajado en un 25% y posteriormente en el año 2001 por la Ley 17,296 que volvía a rebajarla en un 18%. Esta misma ley exhonera a los padrones de menos de 200 hectáreas y con un índice CONEAT menor a 100.
La forestación sin embargo (una de las explotaciones que más ha crecido desde los años noventa en Uruguay) está exonerada de contribución según la Ley Forestal de 1988 y su posterior interpretación por la Ley 17,843 de octubre de 2004 (previo a la asunción del Frente Amplio al gobierno, casi como un “regalo” de bienvenida a la administración del presidente Tabaré Vazquez por parte de los gobernantes del Partido Nacional y Colorado, defensores del capital y las oligarquías tanto autóctonas como foráneas)
Según datos del MGAP (Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca) Uruguay cuenta con una superficie agropecuaria de 16,4 millones de hectáreas con un producto bruto que asciende (año 2009) a 3,841 millones de dólares y ocupa a unos 150.000 trabajadores. El valor medio de la hectárea que en el año 2002, año de una de las mas graves crisis económicas del país, era de 386 dólares ascendió a 2.650 dólares promedio a finales de 2010. Es simple deducir que las ganancias se multiplicaron muy por encima del aumento en casi diez veces del valor de la hectárea.
Otra de las grandes preocupaciones del propio Mujica así como de grupos como REDES de Amigos de la Tierra Uruguy, tiene que ver con la tenencia de estas tierras. Técnicamente se podría hablar de que por la via de compras de tierra mediante la modalidad de Sociedades Anónimas un país podría ser dueño de otro.
Se intenta evitar no solo la venta de tierras a sociedades anónimas (dese el gobierno de Vazquez se prohibe la compra de tierras a sociedades anónimas) sino el blanqueo de la propiedad de la tierra hoy dia: se estima que gran parte de nuestro territorio está en manos extranjeras. Por una parte por capitales brasileños que han adquirido tierras limítrofes al sur de Brasil para la explotación de arroz así como de la explotación ganadera y frigorífica, por otro lado por los capitales sojeros que (impulsados por la ventaja competitiva de sembrar soja transgénica en Uruguay respecto a la Argentina y sus trabas tanto impositivas como de normativa sobre la tenencia de tierras) se estima llegarán a ser propietarios de 1 millón de hectáreas principalmente al oeste y centro-sur de nuestro país. Pero los capitales que se vuelcan a la compra de grandes extensiones de tierra en el Uruguay no solamente provienen de paises vecinos: los hay de todo el mundo y de la mas diversa naturaleza (fondos sociales jubilatorios de diversas nacionalidades, transnacionales, etc).
La forestación ocupa cada vez mas tierras, muchas de ellas de gran valor para la agricultura por su alto índice CONEAT, también en su mayoría en manos de sociedades anónimas.
Nos encontramos en tiempos de grandes desafíos donde es de preveer que toda la maquinaria al servicio del capital se ponga en marcha para frenar todo intento de control o modificación en la tributación o legislación existente. Excelente desafío que si encuentra al gobierno y al pueblo organizado en la misma sintonía podrá generar excelentes frutos en aras de lograr mas y mejor distribución de la riqueza y la no extranjerización de la tierra.
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