Hace un año que entró en vigor en Italia la polémica ley del Gobierno de Silvio Berlusconi, que imponía duras sanciones a la inmigración ilegal. Este lunes, el Ministerio del Interior del país transalpino ha dado a conocer los datos, correspondientes a la llegada de personas indocumentadas a sus costas desde que rige la nueva norma: un 88% ha descendido el ingreso de extranjeros sin papeles en los últimos doce meses, respecto del mismo período inmediato anterior.
Según el Gobierno italiano, desde el 1º de agosto de 2009 hasta el 31 de julio, desembarcaron 3.499 indocumentados. En el periodo del 1º de agosto de 2008 al 31 de julio del año pasado, fueron 29.076 los inmigrantes en situación ilegal que arribaron al país.
En las islas de Lampedusa, Linosa y Lampione, los puntos más meridionales de Italia y consideradas por muchos como una puerta de entrada para la inmigración clandestina a Europa, este descenso ha sido aún más significativo. Allí, los desembarcos de personas indocumentadas disminuyeron un 98% en los últimos doce meses, con respecto al mismo periodo inmediatamente anterior.
De agosto de 2009 a julio pasado, los indocumentados llegados a estos lugares del territorio italiano fueron 403, frente a los 20.655 del periodo que va del 1 de agosto de 2008 al 31 de julio del año pasado, según el Ministerio del Interior.
La criminalización del indocumentado
Desde que Berlusconi accedió a su tercer mandato como primer ministro hace dos años, puso en práctica uno de los ejes de su campaña: la mano dura con los inmigrantes ilegales, a quienes responsabiliza de la delincuencia en Italia. Hace un año que su ideario antiinmigratorio pudo materializarse en una norma que encendió la controversia en amplios sectores del país y el exterior.
La ley no sólo criminaliza la llegada de los indocumentados al país, sino que crea las patrullas civiles para colaborar con la empresa de "seguridad" ciudadana que impulsa la Liga del Norte, el partido aliado de Berlusconi en el poder. Además, aumenta el valor de las penas a quienes ingresen de forma ilegal y a quienes los ayuden.
La seguidilla de embarcaciones interceptadas por la policía italiana, el encarcelamiento y la deportación de sus tripulantes han puesto en el tapete la intolerante política inmigratoria promovida por el primer ministro. La muerte de 70 inmigrantes por el naufragio de una barcaza cerca de las costas, el 25 de agosto del año pasado, fue uno de los hechos más dramáticos ocurridos a la luz de esta norma.
Aquel confuso episodio tensó las relaciones entre el Gobierno italiano y el Vaticano, cuyo 'ministro' de Inmigración, monseñor Antonio Maria Vegliò, llamó la atención sobre las posibles responsabilidades políticas de la tragedia. Al día siguiente, el ministro de Justicia italiano, Angelino Alfano, pedía ayuda a la Unión Europea para la construcción de nuevas cárceles en el país.
"De 63.000 presos, más de 20.000 no son italianos", dijo. Para el funcionario, la UE no podía continuar con las sanciones y, al mismo tiempo, "cerrar los ojos frente al fenómeno de hacinamiento penitenciario, causado por la presencia de presos extranjeros", según sus palabras.
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