Bonomi se refirió ayer durante la reunión del Gabinete de Seguridad a la situación de las cárceles y a las diferentes medidas que se implementarán desde el gobierno para lograr el descongestionamiento del sistema.
El jerarca cuestionó algunas cifras manejadas por la prensa referidas a que con la excarcelación anticipada, bajo determinadas circunstancias, se vaya a liberar a 4.700 reclusos, y acotó que con la aplicación de la medida Uruguay lo único que está haciendo es cumplir con el Pacto de San José de Costa Rica, una norma de carácter internacional de la cual el país es signatario.
Asimismo, Bonomi rechazó, en contacto con la prensa, versiones que afirman que serían liberados 4.700 presos de las cárceles. En tal sentido exhortó a todos los actores políticos a "abordar esta temática con la seriedad que merece".
Criticó que algunos representantes de la oposición se hayan hecho eco de versiones de prensa incorrectas.
Bonomi se refirió, sin nombrarlo, al diputado de Vamos Uruguay Germán Cardoso, quien anunció que citará a comisión a Bonomi para que explique el alcance de la propuesta. Además el legislador expresó públicamente que la consecuencia de la liberación de reclusos será "la consecuencia directa del aumento del delito, la alarma pública y el pánico en la sociedad".
Destacó que la situación carcelaria es uno de los puntos que más preocupan al gobierno, por lo cual se están estudiando alternativas para buscar soluciones.
En este sentido, el secretario de Estado informó que está evaluando la aplicación de algunas medidas para el descongestionamiento carcelario, entre ellas "la libertad asistida, prisión domiciliaria y un brazalete electrónico, de modo de poder monitorear al recluso".
"Estas posibilidades, hacen que la pena sea más liviana para el individuo y más productiva para la sociedad", expresó Bonomi.
Además, aclaró que los reclusos que podrían acogerse a estos beneficios son los que hayan cumplido la mitad de la pena o sean primarios absolutos.
Por otro lado, informó que se están construyendo siete cárceles. "Si no hay una buena política carcelaria, no vamos a mejorar la seguridad. No estamos buscando la política carcelaria en sí, si no la estamos encarando con otra dimensión, para asegurar un mejor pasar y la disminución de la inseguridad".
En cuanto al destino del establecimiento La Tablada, dijo que una de las posibilidades es que pase a manos del INAU, aunque todavía no está decidido. Señaló que dentro de la política de seguridad hay cosas que institucionalmente no le corresponden, pero preocupan.
Por otro lado, dijo que no se trata de discutir si hay que bajar la edad de imputabilidad, sino que cuando el juez toma medidas a partir de los 13 años, "hay que proporcionar un establecimiento que permita que se cumpla lo que el juez pidió sin que haya fugas, evasión", y se asegure el tratamiento que tiene que recibir el adolescente para ver si es posible que se reinserte en la sociedad.
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