La empresa representa los intereses de una coalición de productores de cine independiente y está llegando, en algunos casos, a acuerdos extrajudiciales con los demandados.
No es la primera vez que se demanda masivamente a quienes intercambian contenidos en Internet en Estados Unidos, que penaliza la descarga y la difusión de canciones y películas online. El FBI investiga estos delitos, que se castigan con hasta cinco años de cárcel y 250.000 dólares por canción. Las discográficas han demandado a más de 35.000 personas desde 2003, pero sólo un puñado de casos han llegado a un veredicto, normalmente a su favor. A Jammie Thomas se le condenó a pagar 1,9 millones de dólares por ofrecer 24 canciones en Kazaa, aunque recientemente se le redujo la cuantía a 54.000 dólares.
El año pasado, la industria discográfica anunció una nueva estrategia: aliarse con los proveedores de Internet para que ralenticen o corten el acceso a la red a los reincidentes.
US Copyright Group ha importado a Estados Unidos un sistema de la empresa alemana Guardaley IT que rastrea en tiempo real las descargas en redes P2P. El programa captura la dirección IP del ordenador del usuario en el tiempo que la descarga se ha producido y revisa que el contenido se corresponde con un material protegido por los derechos de autor. Posteriormente, los abogados se ponen en contacto con el proveedor de Internet (ISP) y solicita la información del cliente, algo en lo que suelen encontrarse con reticencias por parte de los servidores, en cuyo caso puede buscar una orden judicial.
De momento, US Copyright Group solo defiende a pequeños productores aunque ha contactado con los seis grandes estudios de Hollywood, quienes han manifestado su interés por la tecnología aunque se mantienen a la expectativa de su eficacia.
La noticia de estos juicios masivos se ha producido un día después de que el Alto Tribunal de Londres fallara a favor de los grandes estudios de Hollywood en su demanda contra Newsbiz, página a la que el juez consideró culpable de infringir las leyes del copyright por ofrecer enlaces a portales para la descarga ilegal de películas.
Por otro lado, la filial de Warner en Reino Unido también ha anunciado que contratará a becarios durante un año para que busquen en Internet los sitios que ofrezcan sus contenidos sin su autorización.
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