El informe de
comercio de armamento del Gobierno español del primer semestre de 2011
hace hincapié en la rápida reacción del gobierno ante las revueltas en
algunos países árabes y del Norte de África. De este modo, aplicando el
criterio 2 (respeto a los derechos humanos en el país de destino) y
criterio 3 (situación interna del país de destino, en concreto,
existencia de tensiones o conflictos internos) de la Posición Común de
la UE, se decidió suspender temporalmente la autorización de
exportaciones de material de defensa a los países donde hubiera
revueltas, aunque no las de productos y tecnologías de doble uso.
Sin
embargo, durante el primer semestre de 2011 se vendieron armas que
podrían ser utilizadas para reprimir revueltas a países donde éstas se
estaban produciendo.
Es el caso de la venta de municiones
españolas a Bahréin por 6.350.515 euros, justo en el momento en que el
Ejército local reprimía las protestas de la mayoría chií con el apoyo de
Arabia Saudí.
Otro país protagonista de las revueltas árabes es
Omán, a quien España exportó 440.000 euros en municiones y 2.571.420 en
bombas, torpedos, cohetes o misiles en un período en que el sultán
Qabús desplegó el Ejército en Sohar, Muscat y la frontera con Emiratos
Árabes Unidos en previsión de nuevos disturbios. Por otra parte, en un
periodo de contagio de las revueltas árabes y cuando la policía reprimía
a tiros una protesta chií en Arabia Saudí, España vendió al régimen
saudí 3.530.810 euros en municiones.
Sobre las ventas militares a
Egipto, tampoco se clarifica por qué se autorizó la venta de 78.576.92,
prácticamente todo en aeronaves militares ni por qué fue realizada la
venta de vehículos militares por un valor de 1.095.885 euros.
En
lo que respecta a Marruecos, al tiempo que reprimía violentamente las
revueltas que demandaban más democracia, España autorizó la venta de
226.950 euros en bombas, torpedos, cohetes y misiles y realizó la venta
de aeronaves militares por un montante 1.529.476 euros.
La
reacción del Gobierno español en la plicación de su propia normativa de
no vender amras que puedan ser utilizadas para alimentar conflictos o
reprimir a la población civil fue insuficiente. Ahora sabemos que España
es en parte responsable de la represión con violencia armada realizada
en algunos de los lugares protagonistas de la primavera árabe.
Jordi Calvo Rufanges es economista e investigador
sobre movimientos sociales, cultura de paz y armamentismo.Miembro e investigador del Centro Delás de Estudios por la Paz de
Justícia i Pau, del CEMS (UPF de Barcelona) y del IUDESP (UJI de
Castelló).
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