La Fiscalía investiga un centenar de casos de posibles 'niños robados' en Cataluña, la mayoría de los cuales se concentran en la provincia de Barcelona, según ha explicado la Fiscal Superior de Catalunya, Teresa Compte.
Se trata de denuncias sobre supuestas sustracciones de niños recién nacidos en diversas clínicas en la segunda mitad del siglo XX, a cuyos padres se les comunicaba su fallecimiento, y que eran entregados a otras familias previa falsificación de los documentos necesarios.
Compte ha explicado que se trata de un caso "muy complejo", entre otros aspectos por la documentación desaparecida, que se está intentando reunir, y por los años transcurridos, con supuestos muy diversos, sospechas falsas y parámetros de situaciones personales muy diferentes.
Del total de casos denunciados, cerca de 90 corresponden a la provincia de Barcelona, por tres de Lleida, cuatro en Girona y seis en Tarragona, sin que, por el momento, pueda hablarse de una red organizada de tráfico de niños sustraídos.
"No podremos decir si hay una organización hasta que no acabemos la investigación. Llegaremos hasta el fondo de lo que nos permita la documentación" ha asegurado Compte, que ha añadido que después será el momento de ver si han prescrito los delitos.
"Hay otra cuestión paralela a las investigaciones criminales, que es el esclarecer si realmente hay parentesco biológico. El Ministerio de Justicia ha de ofrecer toda la colaboración necesaria", ha añadido.
Cree que el conflicto no se debe resolver necesariamente a nivel penal: "Investigamos si hay delito, pero antes hay que ver si son hijos biológicos y qué pasó en cada caso".
La Fiscal Jefe, además, considera que se le está dedicando "todo el esfuerzo" pero ha avisado de que no es una investigación que vaya a ser rápida.
Denuncias individualizadas
El 27 de enero más de 200 afectados presentaron en la Fiscalía General del Estado una demanda colectiva para solicitar la apertura de una investigación penal a nivel nacional sobre sus casos, aunque finalmente la Fiscalía rechazó abrir una causa general.
El departamento dirigido por Cándido Conde-Pumpido instó a los demandantes a presentar una denuncia individualizada ante los órganos judiciales de los lugares en los que supuestamente se produjeron los delitos y justificó su decisión en que los responsables de las sustracciones no integraban una única organización, sino que operaban en distintos puntos del territorio nacional.
Médicos, comadronas y enfermeras
El presidente de Anadir, Antonio Barroso, explicó que entre los culpables de los robos de bebés se encuentran "médicos, comadronas, enfermeras, curas, monjas, funcionarios del registro civil e incluso personal de los cementerios" y que las sustracciones se efectuaron en todas las comunidades autónomas.
Indicó, además, que la asociación considera que los delitos cometidos por los implicados en las tramas no han prescrito a pesar del tiempo transcurrido dado que están relacionados con la apropiación ilegal de menores: "Se trata de secuestros que se mantienen a día de hoy", dijo.
Barroso explicó que desde Anadir consideran que los padres de adopción también fueron engañados por las tramas ya que no se les comunicaba en ningún caso que los menores fueran robados.
"Se ofrecían tres versiones, siempre las mismas, y se decía a los padres adoptivos que los bebés eran hijos de familias fallecidas en accidentes de tráfico o bien de madres drogadictas o prostitutas que no los querían", aclaró.
Madres que sospechan
Principalmente se trata de madres a las que se les comunicó el fallecimiento de sus hijos y ahora sospechan que la muerte se falsificó para entregarlos a otras familias, aunque también están testificando algunos de estos niños, ahora adultos, que creen que pudieron ser robados, según apuntan fuentes de Fiscalía.
La investigación está aun en una fase muy inicial, pero los primeros indicios apuntan a que no existe una conexión entre los casos que permita hablar de una trama o una red de tráfico de niños sustraídos.
Los casos que se investigan en Barcelona se enmarcan principalmente entre finales de los años 60 y principios de los 70, y algunas de las clínicas o centros en los que nacieron estos niños se repiten.
Las mismas fuentes han apuntado a que debe distinguirse entre los casos en los que los niños nacieron en centros de Catalunya y ahora viven en otras comunidades --en cuyo caso la jurisdicción competente será la catalana-- y aquellos niños que ahora viven en Catalunya pero que nacieron en otras comunidades --en ese caso, la jurisdicción catalana deberá inhibirse en favor de otras--.
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