Cuando se conoció la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre canon digital, ya indiqué las razones por las que todas las personas jurídicas estaban exentas del pago de la compensación equitativa de copia privada. Ahora la Audiencia de Barcelona ha aplicado esa exención al caso concreto de Padawan, en una sentencia que indudablemente marcará la tendencia de todos los casos judiciales abiertos en relación al canon digital.
En aquellos casos que una entidad de gestión reclame el canon a un establecimiento, y no se haya determinado el importe de los dispositivos gravados que hayan sido adquiridos por personas físicas, la consecuencia lógica será la desestimación de la demanda, como ha hecho la Audiencia de Barcelona en el caso Padawan.
En el supuesto de que la prueba documental determine claramente qué facturas corresponden a personas jurídicas y cuáles a personas físicas, los tribunales pueden inclinarse por estimar parcialmente las demandas exclusivamente por el importe correspondiente a estas últimas, sin imposición de costas.
El verdadero quid de la cuestión, no obstante, reside en las eventuales reclamaciones judiciales que puedan dirigir las personas jurídicas exentas del pago, frente a las entidades de gestión que a lo largo de todos estos años han recaudado indiscriminadamente. Se avecina una infinidad de demandas contra la SGAE y otras entidades de gestión por enriquecimiento injusto y cobro de lo indebido.
En algunos casos la sentencia puede llevarse por delante el monopolio de gestión de derechos de autor: es muy dudoso que entidades como CEDRO puedan hacer frente a la devolución de lo indebidamente cobrado a miles de empresas y administraciones públicas en concepto de canon por fotocopiadoras y escáneres, como advertíamos recientemente.
El parche legislativo introducido por PP, PSOE y CiU en la Ley de Economía Sostenible nace muerto: el actual canon no se puede salvar. Lo que sí hay que salvar es la creación intelectual y artística, mediante un nuevo modelo económico viable que no dependa de un canon injusto y arbitrario. Pero para eso haría falta voluntad política y visión de futuro, algo de lo que nuestra clase política dominante no anda precisamente sobrada.
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