París, 15 mar (PL) Miles de familias francesas imposibilitadas de pagar el alquiler de sus viviendas sufren hoy ante la inminencia de ser expulsadas a la calle por el fin de la tregua invernal.
Este período fijado por ley del 1 de noviembre al 15 de marzo impide a los propietarios sacar a los inquilinos que no abonaron su mensualidad.
En un comunicado el Partido de Izquierda fustigó "una política gubernamental interesada en favorecer a los bancos, esa que condujo a la crisis de los subprime en Estados Unidos y después a la crisis generalizada, esa que quiere imponer una Francia de propietarios", subrayó el texto.
¿Qué saben de fines de mes difíciles esos que nos gobiernan bien al calor en sus villas XXL, herederos de grandes fortunas?, añadió el escrito.
En 2009 se pronunciaron en este país 106 mil 488 decisiones judiciales de desalojo de acuerdo con el Ministerio de Justicia, un 1,3 por ciento más que en 2008.
Algunas de las familias concernidas son reconocidas prioritarias por las comisiones encargadas del análisis del derecho al alojamiento oponible (DALO, por sus siglas en francés), una ley que obliga al Estado a garantizarles la vivienda.
El Secretario de Estado para estos temas, Benoist Apparu, rechazó una posible moratoria al considerarlo contraproducente y señaló que este año se establecerá una política de prevención con la imposición de impuestos a los arrendadores con precios abusivos de pequeñas superficies.
Según una comunicación de la Red stop a las expulsiones (Resel) los desahucios aumentaron en un 50 por ciento desde 2002.
La asociación denunció el aumento de los precios de la energía, de la salud, de los alimentos frescos, de los alquileres y la precarización del desempleo que afecta a las capas populares.
Es una verdadera extorsión: cada vez más jóvenes, precarios, madres aisladas, deben consagrar más del 50 por ciento de su salario a pagar el arriendo, recalcó Resel.
Deploró asimismo la ley LOPPSI 2 que permite a los prefectos destruir en 48 horas las construcciones fuera de normas como caravanas, cabañas móviles, tiendas de campaña que conciernen a unas 200 mil personas.
Miles de personas se manifestaron el sábado pasado en diferentes regiones del país para pedir el término de estas expulsiones y demandar una residencia estable y la creación de más viviendas sociales.
De acuerdo con el informe anual 2010 de la fundación Abad Pierre, divulgado el 1 de febrero pasado, unos 10 millones de personas son afectadas por la crisis de alojamiento, 3,6 millones presentan problemas críticos de vivienda, y 682 mil de ellas no poseen domicilio personal.
Este período fijado por ley del 1 de noviembre al 15 de marzo impide a los propietarios sacar a los inquilinos que no abonaron su mensualidad.
En un comunicado el Partido de Izquierda fustigó "una política gubernamental interesada en favorecer a los bancos, esa que condujo a la crisis de los subprime en Estados Unidos y después a la crisis generalizada, esa que quiere imponer una Francia de propietarios", subrayó el texto.
¿Qué saben de fines de mes difíciles esos que nos gobiernan bien al calor en sus villas XXL, herederos de grandes fortunas?, añadió el escrito.
En 2009 se pronunciaron en este país 106 mil 488 decisiones judiciales de desalojo de acuerdo con el Ministerio de Justicia, un 1,3 por ciento más que en 2008.
Algunas de las familias concernidas son reconocidas prioritarias por las comisiones encargadas del análisis del derecho al alojamiento oponible (DALO, por sus siglas en francés), una ley que obliga al Estado a garantizarles la vivienda.
El Secretario de Estado para estos temas, Benoist Apparu, rechazó una posible moratoria al considerarlo contraproducente y señaló que este año se establecerá una política de prevención con la imposición de impuestos a los arrendadores con precios abusivos de pequeñas superficies.
Según una comunicación de la Red stop a las expulsiones (Resel) los desahucios aumentaron en un 50 por ciento desde 2002.
La asociación denunció el aumento de los precios de la energía, de la salud, de los alimentos frescos, de los alquileres y la precarización del desempleo que afecta a las capas populares.
Es una verdadera extorsión: cada vez más jóvenes, precarios, madres aisladas, deben consagrar más del 50 por ciento de su salario a pagar el arriendo, recalcó Resel.
Deploró asimismo la ley LOPPSI 2 que permite a los prefectos destruir en 48 horas las construcciones fuera de normas como caravanas, cabañas móviles, tiendas de campaña que conciernen a unas 200 mil personas.
Miles de personas se manifestaron el sábado pasado en diferentes regiones del país para pedir el término de estas expulsiones y demandar una residencia estable y la creación de más viviendas sociales.
De acuerdo con el informe anual 2010 de la fundación Abad Pierre, divulgado el 1 de febrero pasado, unos 10 millones de personas son afectadas por la crisis de alojamiento, 3,6 millones presentan problemas críticos de vivienda, y 682 mil de ellas no poseen domicilio personal.
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